Trabajo firma la reforma del subsidio de paro con los sindicatos y sin el apoyo de la patronal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este miércoles un acuerdo con los líderes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, para reformar el subsidio de desempleo. Una vez más el pacto solo fructifica con los representantes de los trabajadores, sin el concurso de la patronal. La reforma acordada con las centrales sindicales establece una subida de la mayoría de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, protege a más colectivos, generaliza la compatibilidad del subsidio y la prestación contributiva con el trabajo y mantiene en el 125% la base de cotización de los beneficiarios mayores de 52 años.

Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo intenta aprobar esta reforma, que forma parte de las exigidas por Bruselas para abonar parte del cuarto pago de los fondos Next Generation. La vez anterior fue en enero, cuando el Gobierno incluyó el nuevo diseño de este subsidio en un decreto que no estuvo negociado con los interlocutores sociales y que fue tumbado en la Cámara baja gracias a una pinza entre la oposición y Podemos. Esta vez todo apunta a que la reforma saldrá adelante, ya que según han confirmado fuentes de Podemos, la formación que dirige Ione Belarra ahora sí votará a favor del texto que llegue al Parlamento. Cambia el sentido de su voto porque Trabajo modifica de posición respecto a la cotización de los mayores de 52 años: la eleva del 100% de la norma de enero al 125% actual. Durante la negociación de principios de año, el departamento que entonces dirigía Nadia Calviño y el de Díaz chocaron públicamente, al plantear posiciones divergentes para esta reforma. Al final se llegó a un acuerdo que no cristalizó en ley por el rechazo parlamentario.

Tras el acto público de firma del acuerdo este miércoles, tanto Díaz como los líderes sindicales han destacado que el pacto es fruto de un largo y complejo proceso de negociación: “Ha sido un “proceso de diálogo social de manual”, ha dicho la ministra. Esta aclaración llega después de que las organizaciones patronales hayan justificado su ausencia en este acuerdo, entre otras cosas, en que no ha existido un verdadero proceso negociador, sino más bien uno “de mera consulta”, apuntaron fuentes patronales.

Así, desde CEOE lamentan que “no haya habido un proceso de negociación como tal”. Creen que la interlocución con Trabajo se ha limitado a “un procedimiento de consultas”, ya que el departamento de Díaz no proporcionó el texto hasta el mismo lunes por la mañana.

Cepyme también rechaza la reforma: “No concebimos ninguna reforma de los subsidios ni de la prestación de desempleo sin reformar las políticas activas y mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas. Las empresas, especialmente de menor tamaño, dependen totalmente de los servicios públicos para encontrar trabajadores y están sufriendo en la actualidad graves problemas para encontrar trabajadores. La falta de mano de obra en las empresas está paralizando proyectos y producción y es incomprensible esta situación cuando tenemos un paro que supera los tres millones”.

Más cuantías

Los receptores de las distintas modalidades del subsidio por desempleo reciben ahora el equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), de 600 euros al mes en 2024, por lo que esta ayuda es de 480 euros. Con la reforma, las nuevas cuantías aumentarán al 95% durante los primeros seis meses (570 euros al mes en 2024); al 90% en los seis meses siguientes (540 euros al mes) y se mantienen en el actual 80% durante el resto del periodo que dure la prestación.

Esta medida se extiende a los subsidios para personas víctimas de violencia de género o sexual, así como para emigrantes retornados. Este cambio tendrá una excepción y afecta a buena parte de los beneficiarios: la modalidad del subsidio para mayores de 52 años desempleados, que se mantendrá en los 480 euros actuales debido a su cotización más elevada y mayor duración. La reforma también extiende el derecho a la prestación a los menores de 45 años sin cargas familiares que agoten la prestación contributiva (cobrarán un máximo de seis meses), a los eventuales agrarios de todo el Estado (actualmente solo recibían una ayuda similar los temporales del campo de Andalucía y Extremadura).

Asimismo, la norma generaliza la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial, “con la percepción de un complemento de apoyo al empleo” por un tiempo máximo de 180 días, en una o varias relaciones laborales. Esto significa que la cuantía del subsidio que se podrá compatibilizar irá reduciéndose en función de la jornada del empleo compatibilizado, desde el 80% del Iprem en los casos en los que el trabajo sea a jornada completa al 60% si se trabaja menos del 50% de la jornada. Estas cuantías están previstas para el primer trimestre de cobro y van reduciéndose a medida que pasan los siguientes trimestres.

No obstante, la generalización de esta compatibilidad entre el subsidio y ahora también las prestaciones contributivas con un empleo tiene aún algunos flecos pendientes, según fuentes de la negociación. En concreto, los sindicatos hacen hincapié en que el trabajador debe poder optar si recibe o no dicho complemento de apoyo al empleo, porque gasta derechos de percepción de la prestación o el subsidio. Y para garantizar esta cuestión el SEPE debería hacer algunos cambios técnicos, entre otras cosas, de información al trabajador sobre las consecuencias de cobrar dicho complemento.

Además, se suprime el plazo de espera de un mes desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva, pero si este se solicita seis meses después de que se tenga derecho al mismo, la solicitud será denegada.

Dicho todo esto, la entrada en vigor de todas estas medidas es aún una fuerte incógnita. De hecho, no se sabe todavía qué instrumento legal escogerá el Gobierno para aprobar los cambios y de eso depende que estos estén vigentes antes o después. Así, fuentes de la negociación admitían tras la firma del pacto que probablemente no se desvele hasta la próxima semana si la reforma se aprueba en un Decreto ley, que supondría su entrada en vigor inmediata —con las salvaguardas de tiempo que se determinen para que el Servicio Público de Empleo (SEPE) pueda aplicar técnicamente todos estos cambios y que podrían conllevar varios meses— o se opta por un proyecto de ley que dilataría algo más la aplicación en la práctica de toda la reforma. Uno de los principales motivos que llevará al Gobierno a escoger uno u otro instrumento legal es si Bruselas acepta un proyecto de ley para dar por cumplido el hito vinculado a esta reforma y al desembolso del cuarto pago de los fondos de recuperación.

¿Quién recibe el subsidio?

La mayoría de los receptores son mujeres: 572.666, un 59% del total, frente a 398.430 hombres (41%), según datos de Trabajo a finales de 2023. No es un dato sorprendente, teniendo en cuenta que ellas superan a ellos en prácticamente todos los indicadores de desigualdad laboral: cobran menos, sufren más parcialidad, más temporalidad y, también, más paro. En total son 971.095 personas, por encima de los 792.336 que sí reciben una prestación contributiva (derivada de sus cotizaciones).

Por edades, la mayoría de los receptores de subsidios tienen 50 años o más, el 68%. Solo el 5% tiene menos de 30 años. Las prestaciones contributivas están mucho más repartidas por edades. Y por nacionalidad, de los 971.095 receptores de los subsidios, 73.545 son extranjeros (un 8% del total). Es una proporción mucho menor de la que realmente suponen los trabajadores extranjeros sobre el total de la población activa (15%).

La comunidad autónoma con mayor proporción de receptores del subsidio por desempleo a finales de 2023 es Extremadura: del medio millón de personas que forman la población activa extremeña, 52.456 perciben el subsidio (el 10%). Le siguen otras comunidades autónomas con alta tasa de paro, como Andalucía (8%), Canarias (4,8%) y Castilla-La Mancha (4,6%). La media nacional es del 4%, un guarismo que duplica el de las autonomías con menos receptores: Euskadi (2%), la Comunidad de Madrid (1,9%) y Baleares (1,9%).

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