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España solicitará este miércoles el cuarto pago de 10.000 millones de los fondos europeos

El Gobierno aprueba un decreto que incluye medidas pendientes de la pasada legislatura necesarias para desbloquear las ayudas

Fondos Europeos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa.J.J. Guillén (EFE)

El Gobierno solicitará mañana formalmente a la UE el cuarto pago de los fondos Next Generation EU por importe de 10.000 millones de euros, tras cumplir con las reformas e hitos pendientes del Plan de Recuperación que quedaban pendientes, como la reforma de los subsidios de paro. Así lo ha trasladado este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a un real decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

El Ejecutivo cumple así con su previsión de solicitar el cuarto pago antes de que finalizara el año. “Todas y cada una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea y las inversiones en el componente 23 [relativo al mercado de trabajo] hoy están completamente aprobadas, saldadas y terminadas”, ha subrayado Díaz, que ha añadido que “desde el minuto uno” el Gobierno “no ha hecho más que ensanchar derechos laborales”.

En el ámbito de la Función Pública, se incluye una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, con cambios en los procesos selectivos y en la evaluación del desempeño, además de modificaciones en el acceso a los puestos de alto funcionario. Estas reformas formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública que decayó por la convocatoria adelantada de elecciones.

Entre las novedades relativas a las ofertas de empleo público se contempla que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta. También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios. Por otro lado, se impondrá una duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas: se deberá publicar obligatoriamente las convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición no podrá durar más de un año y se habilitará al ministerio para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

También se reformarán las pruebas, basándose en la evaluación de las competencias y habilidades y en la profesionalización de los órganos de selección. Por otro lado, se regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento. Función Pública asegura que dichas evaluaciones no implicarán la pérdida de la condición de funcionario. Quienes las superen, en cambio, obtendrán beneficios directos, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al de productividad. También se fomentará su progresión en la carrera profesional. En este ámbito, destaca la introducción de la carrera horizontal, que permite mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo, a través de un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, el desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en la retribución adicional del nuevo complemento de carrera.

Para fomentar la integración de las personas con discapacidad, se contempla la creación de unidades de inclusión. Otra de las medidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública como agencia de empleo público para que tenga más peso en las políticas de selección y formación de los empleados públicos.

Digitalización de los juzgados

El Consejo de Ministros también ha aprobado medidas para digitalizar los juzgados, extender los juicios telemáticos y agilizar vistas y procedimientos. “Es el mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia”, ha manifestado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al presentar la parte “mollar” del decreto ley.

La celebración de vistas, juicios y actos procesales a través de medios telemáticos será la norma, ha explicado; se creará una carpeta de justicia, con la que cualquier persona podrá acceder a los expedientes que tiene en distintos juzgados, y el expediente judicial electrónico, para consultar de forma telemática el estado de los procedimientos.

Entre las medidas de eficiencia procesal, Bolaños ha subrayado que las vistas serán también telemáticas en el ámbito penal. En el contencioso-administrativo, se agiliza a los juzgados para tramitar los procedimientos, por ejemplo con el traslado digital a los ciudadanos del expediente administrativo; y en el ámbito civil se reducen las cuantías para celebrar juicios verbales. Se agilizan también los procedimientos de familia y la ejecución de sentencias, y se crean los procedimientos testigos, que podrán ser aplicados cuando se registran muchas demandas similares, por ejemplo de consumo: se suspenden todos los procedimientos mientras el primero se tramita con agilidad y sirve de referencia para el resto.

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