El Gobierno usará las empresas públicas para gastar los fondos europeos más allá de 2026

Ejecutar miles de millones de fondos europeos no es tarea fácil. Hay que diseñar los programas, anunciarlos, adjudicarlos y que luego se ejecuten cumpliendo con los exigentes requisitos de control comunitario. Cualquier inversión puede tardar así varios años. Hasta el punto de que todos los Estados de la Unión están sufriendo enormes dificultades para conseguir desplegar las inversiones del Plan de Recuperación europeo y tenerlas finalizadas en 2026, fecha en la que han de estar ejecutados todos los compromisos de los fondos que se aprobaron para ayudar a los países golpeados por la pandemia. Pero la Comisión Europea ha encontrado una interpretación del reglamento para poder abrir un poco la mano. Según la legislación de la UE sobre el mecanismo de recuperación, estos recursos tienen que salir del Estado hacia una empresa que los ejecute. De modo que se interpreta que el dinero puede entregarse a una compañía, aunque sea pública, con el compromiso firmado de que esta se hará cargo de la ejecución. Bastaría así con dar los fondos antes de 2026 a las empresas públicas, y estas tendrían luego más tiempo para que se ejecuten más allá de ese año.

Es decir, el Gobierno de España podrá utilizar a las compañías públicas como una vía para alargar la vida del fondo de recuperación, financiado con 160.000 millones en fondos europeos, la mitad en subvenciones no reembolsables, la otra mitad en créditos con carencias de 10 años y a los tipos a los que se financia en el mercado la Comisión Europea.

Según fuentes del Gobierno, estas entidades empresariales deberán cumplir con unas condiciones estrictas: tener el balance saneado, avanzar en los proyectos, haber asignado todos los recursos a los adjudicatarios y deberán tener una parte ejecutada para cuando Europa haga el desembolso. Es una fórmula que se utilizará además con todos los países, señalan estas fuentes. Sobre el papel la inversión se completa porque se ha transferido a la entidad con un fin muy detallado. Y la empresa pública firmará un acuerdo de implementación, por el cual tendrá que asegurarse de que se lleva a cabo el proyecto. A su vez, habrá también un acuerdo de financiación con el beneficiario final. De esta forma, se ganará tiempo más allá del plazo de 2026. Más adelante, se llevarán a cabo las pertinentes auditorías para comprobar que se han culminado las inversiones comprometidas.

Este esquema se aprovechará en gran medida para el desarrollo de los principales proyectos estratégicos, bautizados como Perte. El de renovables, hidrógeno y almacenamiento (Erha) es el mayor de todos y ascenderá a unos 10.000 millones, todos ellos en subvenciones. El Perte chip contará con 12.000 millones, de los que 10.000 serán créditos. El del vehículo eléctrico y las baterías supone 3.000 millones en ayudas y 1.000 en préstamos. Y el de descarbonización de la industria suma unos 3.000 millones, dividido casi a partes iguales entre transferencias y créditos.

Repartir el dinero antes del final de 2026

Según explican fuentes conocedoras, este esquema servirá para dar algo de flexibilidad y que dispongan de más tiempo grandes proyectos de inversión. “En cualquier caso, los fondos tienen que estar comprometidos con nombre y apellidos. La financiación tiene que estar concedida y adjudicada. Aunque se adjudiquen unos recursos en el 2025, no hay margen para que un proyecto como una fábrica se acabe antes de final de 2026. Así se logra más tiempo. Pero en ningún caso se podrá repartir el dinero más allá de 2026″, explica una fuente de la Administración.

Bajo este nuevo paraguas se aprovechará a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que se convertirá en empresa pública y que tomará las riendas del plan de descarbonización de la industria con 430 millones en subvenciones y 1.050 millones en préstamos. De estos últimos, para 2026 deberán estar completados proyectos por valor de 585 millones. También gestionará para el vehículo eléctrico 1.200 millones en créditos y 250 millones en transferencias no reembolsables.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) tendrá un papel destacado en el proyecto estratégico de renovables, el llamado Perte Ehra. Asumirá 1.600 millones de financiación para hidrógeno renovable; 1.000 millones en ayudas para generación de renovables y almacenamiento, y 100 millones de subsidios para la economía circular. El Centro para Desarrollo de Tecnología Industrial (CDTI) se ocupará de cerca de 700 millones en préstamos para I+D en el ámbito sanitario y aeroespacial. Y la Fundación de la Biodiversidad, de 200 millones en ayudas directas para la economía circular.

Cersa, la Compañía Española de Reafianzamiento, se encargará de 3.000 millones en garantías para pymes. COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, pilotará un fondo de empresas afectadas por la covid y el fondo de coinversión (FOCO), dotado con 2.000 millones de financiación para entrar con fondos soberanos extranjeros en empresas. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) asumirá el control del fondo autonómico para la concesión de préstamos en ámbitos como vivienda, pymes e investigación. Y el ICO tendrá cinco fondos con un total de 40.000 millones en financiación. Entre ellos, el verde; el de vivienda social en alquiler; el next-tech para apoyar empresas tecnológicas, y el de empresas y emprendedores. Con la nueva interpretación sobre el uso de los fondos, queda claro que todos aquellos que sean créditos tendrán que estar concedidos para 2026, pero en ningún caso habrán de estar ejecutados los proyectos asociados.

La rehabilitación energética se rebaja en 100.000 actuaciones

Otro capítulo importante que se modifica es el de rehabilitación de vivienda para reducir en ellas un 30% el consumo de energía primaria de origen no renovable. Había previstas en total 510.000 actuaciones de renovación energética en edificios residenciales. Y este objetivo global se rebaja en 100.000 actuaciones. Además de este recorte, se recoge que los hogares que se desgraven en el Impuesto de la Renta la renovación de una vivienda también se contarán como una actuación del plan. En la actualidad, estas ayudas en el IRPF ya estaban aprobadas y se han extendido a 2024. Sin embargo, el compromiso es que lleguen hasta 2025. Y se están aprovechando muy poco porque no se han publicitado. Así que se podría intentar fomentar más el uso de estos incentivos fiscales para poder llevar a buen término este objetivo de inversión.

En cuanto al Perte Chip, se habla de creación, asignación de las ayudas y desembolsos, pero no se especifica que tenga que estar ejecutado ningún proyecto para las fechas de cierre del plan.

Pesa toda esta información, ni el Gobierno ni la Comisión Europea han querido entrar en explicaciones detalladas sobre cuáles son los 52 cambios que se han producido en el Plan de Recuperación debido a los retrasos para cumplir los plazos comprometidos de ejecución. Se limitan a señalar que la mayoría son justificados, sobre todo por alzas de precios y cuellos de botella en los suministros. Fuentes del Ejecutivo simplemente han remitido a las más de 500 páginas de documentación.

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