El Gobierno consiguió quitar los peajes esgrimiendo el nuevo sistema de pagos por CO₂

La imposición de peajes en las carreteras fue un arma arrojadiza durante las pasadas elecciones. El PP acusó al Gobierno de haberlos pactado con Bruselas. Pero el Ejecutivo contestó que había pedido a la Comisión Europea suprimir esa medida. Ahora se conoce cómo logró hacerlo: consiguió retirar el compromiso de imponer peajes porque, de todas formas, en 2027 se empezará a aplicar en toda la UE el sistema de pago por emisiones de CO₂ a los vehículos comerciales y a la vivienda. Es decir, en el fondo dentro de tres años habrá que articular forzosamente un sistema paralelo que penalizará el carbono que emita el transporte comercial por carretera, lo que implica algún tipo de tasa o pago sobre el combustible. Este se baraja en el entorno de los 45 euros por tonelada de CO₂ y será soportado por los distribuidores, aunque en última instancia se repercutirá al transportista y los consumidores. Según argumentó el Ejecutivo, estos mecanismos iban a solaparse.

Así se explica en la documentación publicada el lunes por la Comisión Europea, en la que se aprueba la adenda al Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. En esta se añaden otros 10.000 millones de euros en subvenciones a los 70.000 millones ya aprobados y unos 83.000 millones en créditos. Y se modifican hasta 52 reformas e inversiones, la mayoría de ellas para retrasar las fechas en las que tendrán que estar listas y que se tienen que cumplir para conseguir el desembolso de los fondos.

“España ha propuesto reemplazar el establecimiento de un mecanismo de pago por uso en las carreteras del Estado, de acuerdo con el principio del que contamina paga, por disposiciones para promover el transporte de mercancías por ferrocarril, con el fin de reducir las emisiones globales del transporte por tierra”, señala el documento publicado por la Comisión Europea. Y lo justifica en “las serias disrupciones de los mercados de energía registrados durante los pasados dos años, lo que ha desembocado en un aumento de los costes monetarios soportados por los usuarios de carreteras”. Pero también esgrime que la introducción prevista en toda la UE a partir de 2027 del sistema revisado de comercio de emisiones (ETS por sus siglas en inglés) “representa un solapamiento parcial con el alcance de esta medida”, esto es, los peajes. En tres años, el sistema de pagos por contaminar que soporta la gran industria se extenderá a los vehículos de transporte de mercancías y a la construcción de vivienda, con el fin de reducir las emisiones. Con estos argumentos, el Gobierno ha logrado dar una patada hacia adelante a una medida impopular como los peajes y que ahora se sustituye por otra, mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril, que ya estaba intentando poner en marcha y que supone un gasto en lugar de recaudación.

En este mismo apartado se incluyen como nuevos compromisos una aplicación de software para hacer un análisis coste-beneficio de las inversiones en infraestructuras, y la creación de un banco de pruebas para facilitar la innovación en la movilidad y el transporte.

Uno de los principales cambios es que se reduce la ambición en la cifra de viviendas que se renovarán para ser más eficientes en el consumo de energía: el objetivo intermedio, que tenía que estar listo para finales de 2023, se retrasa en un año y se baja el número de hogares de 230.000 hogares a 160.000. Además, bastará para cumplir con este hito intermedio simplemente con la entrega de la ayuda en lugar de con la finalización de la obra. El objetivo de acciones de rehabilitación que hay que tener listo para 2026 se rebaja en 100.000 hasta las 410.000 actuaciones de renovación en edificios residenciales. También se recorta de 26.000 a 4.300 los edificios que se rehabilitarán en municipios de menos de 5.000 habitantes, afectados por la despoblación. Y se retrasa en dos años, hasta finales de 2025, el despliegue de 238.000 vehículos eléctricos y electrolineras.

El Ejecutivo también introduce en el Plan de Recuperación el nuevo instrumento financiero para promover y renovar vivienda social, dotado con 4.000 millones de euros y que se anunció como parte de los planes de vivienda antes de los comicios autonómicos en mayo.

Respecto a los corredores Mediterráneo y Atlántico, el documento dice que “las medidas no son alcanzables en los términos diseñados en el plan original”. Para intentar dar flexibilidad se aumenta el número de proyectos relacionados en los que se puede invertir, dice sin dar más detalle el papel de la Comisión donde se recogen las modificaciones.

Evitar por ley el desperdicio de comida

Además, se creará un comité nacional para combatir la desertificación y se promete una nueva legislación para evitar el desperdicio de comida y gestionar los residuos de alimentos. Se habla de mejorar la ley de competencia reforzando sus procedimientos, sus sanciones y sus acuerdos con las empresas que forman un trust. Se recoge una legislación nueva que refuerce los derechos de los consumidores vulnerables; otra para garantizar los derechos de los clientes reformando los servicios de atención de las empresas, y una ley para establecer la autoridad de protección del cliente financiero, que ya se había puesto en marcha. Se anuncia un libro verde sobre financiación sostenible.

Por otra parte, se propone una enmienda a la ley para agilizar los planes de construcción y rehabilitación con un fin social. La normativa para mejorar el funcionamiento de la justicia se hará con dos reales decretos-leyes en lugar de con proyectos legislativos. Pero se añaden dos nuevas leyes, una de organización y procedimientos de la justicia y otra para asegurar el derecho a la defensa y el juicio justo.

Llama la atención que se pida retrasar en un año el objetivo de tener listo para finales de 2023 un centro de atención a las víctimas de violencia sexual por provincia. O que se cancelen las compras y renovaciones comprometidas de aviones y helicópteros para la lucha contra el fuego. En ambos casos se señala como causa los aumentos de costes y los problemas de suministro.

Más tiempo para formar parados

Se retrasa el reciclaje de 4.000 parados en zonas afectadas por la transición energética. El objetivo es formarlos en las habilidades necesarias para instalar energías renovables y para la rehabilitación energética de vivienda. Sin embargo, los desempleados demandan poco esta formación debido a que el sector privado ya la oferta. Así que se aplaza el objetivo en un año y nueve meses, hasta mediados de 2025. La adaptación de las infraestructuras industriales para el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía se demora en tres años, hasta finales de 2026.

Las acreditaciones de competencias recortan su ambición por la falta de demanda. Y se anuncia que se agilizarán los procesos para traer trabajadores extranjeros con la idea de atraer talento foráneo y cubrir vacantes, una reforma que en realidad ya se aprobó el año pasado. Como parte de la reforma tributaria, se especifica que habrá incentivos fiscales para la renovación de vivienda, la compra de vehículos eléctricos y la instalación de electrolineras en hogares. Si bien estos ya han sido también aprobados.

Habrá también una nueva partida para el sector aeroespacial. En general, aumentan las inversiones para el proyecto estratégico de los chips, los vehículos eléctricos, la medicina personalizada y para renovables, cuyos permisos se intentarán acelerar. Se establece el uso de 12 fondos, 8 de ellos nuevos, para canalizar los créditos de la adenda y financiar renovables, pymes, autónomos, vivienda, I+D, residuos o agua.

En el proyecto estratégico de la lengua se incluye la digitalización en lenguas cooficiales. Se elevan las hectáreas de regadío que se pretende modernizar. Y tiene modificaciones sustanciales la gestión de recursos hídricos: hay retrasos de dos años y nueve meses en las inversiones de tratamiento y gestión de aguas, y de dos años y medio para la restauración de ecosistemas de los ríos, la recuperación de acuíferos y la mitigación de inundaciones. En la transición digital del sector del agua, se recoge otro aplazamiento de dos años y medio, y en lugar de “la entrada en servicio” se considerará como cumplido que se haya otorgado la subvención.

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