España pacta con Bruselas descartar el plan para imponer peajes en las autovías en 2024

No habrá pago por el uso de las carreteras. Aunque aún quedan pendientes algunos flecos, todo indica que la Comisión Europea ha admitido la propuesta del Gobierno español de retirar del Plan de Recuperación la idea inicial de introducir el pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas a partir de 2024, según confirmaron a EL PAÍS varias fuentes conocedoras de la negociación. La eliminación de esa medida se incluyó en la adenda al Plan de Recuperación, el programa con las inversiones y reformas a cambio de los más de 140.000 millones de euros de fondos europeos, remitido en junio a Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha pasado varios meses evaluando la propuesta española hasta adoptar esta decisión final. El Gobierno asegura que el aval definitivo de las autoridades comunitarias a la adenda se producirá de forma “inminente”. La modificación del hito no es un asunto baladí, porque al mismo está vinculado el pago del sexto tramo de los fondos europeos comprometidos a cambio de cumplir las reformas del Plan de Recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros.

El compromiso de instaurar peajes en estas vías hasta ahora gratuitas constaba en el hito número 3 del Plan de Recuperación, por el que España se comprometía a crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”, según se recogía en el documento original enviado a Bruselas en abril de 2021.

La propuesta levantó un gran revuelo político, que se intensificó en la última campaña por las elecciones generales del 23 de julio. Ante la falta de consenso y la mala coyuntura económica, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se comprometió a no implantar la medida y pidió su eliminación en la adenda al Plan de Recuperación remitida a la Comisión. Ahora se prevé que Bruselas acepte la petición contenida en esa adenda con la adecuación del hito 3, por el que el Gobierno español se compromete a sustituir el pago del uso por las autovías por otras medidas alternativas de carácter medioambiental y de ahorro energético, fundamentalmente apoyadas en el transporte de ferrocarril.

En concreto, y según informan las citadas fuentes al corriente de la negociación, el Gobierno de Pedro Sánchez, en principio, modificará ese hito número 3 y, además de eliminar la referencia al pago por uso, lo sustituirá por el compromiso de la “entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público. Comprenderá medidas específicas para promover el transporte ferroviario de mercancías, que contribuya a reducir las emisiones del transporte terrestre de mercancías”, señala el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Apoyo al tren

Entre esas medidas cita tres en concreto. La primera es “la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”. Como segundo punto, la ley contemplaría también “la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años”. Y, por último, adoptaría el compromiso para “el desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario”, concreta el borrador que previsiblemente irá en la adenda.

Para poder implementar estas modificaciones, Bruselas aceptaría la propuesta española de ajustar la fecha de cumplimiento de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible a finales de 2024, en lugar del último trimestre de este año, como constaba inicialmente en el Plan de Recuperación.

De esta forma, el Gobierno optaría por la fórmula de eliminar la referencia al controvertido pago por uso de autovías, extrayéndolo del contenido del texto de la Ley de Movilidad, pero salvaguardando el resto de las reformas que la norma promulga, manteniendo además el compromiso de seguir intensificando las medidas que contribuyan a reducir las emisiones del transporte por carretera.

En concreto, se pretende reforzar las medidas que se incluirán en la ley para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, estableciendo una serie de obligaciones que se desarrollarán más adelante y que permitirán que el esfuerzo de la descarbonización del transporte terrestre de mercancías se vea impulsado por un mayor trasvase modal al ferrocarril. El Gobierno entiende que es preferible excluir el mecanismo de financiación de las carreteras de la Ley de Movilidad frente a la alternativa de demorar la entrada en vigor de toda la norma, según fuentes al tanto de las conversaciones.

Las medidas alternativas que están sobre la mesa se encuentran alineadas con las políticas europeas medioambientales y de transportes, cumpliendo la recomendación del Semestre Europeo de “centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente, en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”, indican las citadas fuentes.

Un asunto polémico convertido en arma política

El pago por el uso de las autovías arrastra un intenso debate desde que se desvelara en 2021, en plena pospandemia, que el Gobierno había incluido esta medida en el Plan de Recuperación para que el cobro se hiciera efectivo a partir de 2024. El Ministerio no llegó nunca a concretar la cuantía del pago (se limitó a hablar de “precios simbólicos”), aunque la patronal de las concesionarias Seopán, defensora de ese peaje, hablaba de un mínimo de entre 1 y 1,5 céntimos de euros por kilómetro para los turismos y cinco céntimos para los camiones. De esta forma, viajar de Madrid a Barcelona costaría entre 6,2 y 9,3 euros; de Madrid a Valencia, un máximo de 5,4 euros y de Córdoba a Sevilla, 2,15 euros. Y la recaudación anual podía rondar los 1.500 millones de euros, según algunos estudios encargados por el anterior Ejecutivo del PP.

En cuanto al método, se barajó la instalación de postes con lectores electrónicos que detectan automáticamente las matrículas, y se les carga los peajes en sus cuentas bancarias automáticamente. Pero también se consideró el modelo de las viñetas, una especie de tarifa plana temporal por una cantidad fija por días, meses o anual. La contestación social, el rechazo del sector del transporte y la oposición política hicieron que el Gobierno congelara el proyecto.

El debate tomó cuerpo en la campaña electoral del 23-J convirtiéndose en uno de los temas estrella de la contienda entre PSOE y PP. En el único cara a cara televisivo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el líder del PP preguntó al presidente del Gobierno: “¿Usted va a cobrar todas las autopistas de peaje? ¿Va a pasar las autovías gratuitas a autovías de peaje?”. Y Sánchez replicó: “¿Pero qué dice? Nosotros hemos liberalizado peajes”. Feijóo insistió: “Me ha dicho usted que lo de los peajes es mentira, pero el 27 de abril de 2021 entregó a la UE esta propuesta”.

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