Bruselas da luz verde a otros 93.500 millones para España por el fondo de recuperación

España ya cuenta con el aprobado de la Comisión Europea para desplegar todo el plan de recuperación. El Ejecutivo comunitario, después de meses y meses de tira y afloja con el Gobierno español, ha dado luz verde este lunes a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que comporta la concesión de 93.500 millones adicionales de los fondos europeos Next Generation que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Sumados a los 69.500 millones ya aprobados en 2021, el plan español alcanza todo su potencial: 163.000 millones, una cantidad tan grande que equivale al 12% del PIB español de un solo año o muy parecida a lo presupuestado en pensiones contributivas para este año en España. Lo aprobado este lunes todavía debe pasar por el Consejo de la UE, es decir, por el resto de Estados miembros, que debe dar también el visto bueno a esta decisión.

En la adenda pactada entre Madrid y Bruselas, hay nuevos compromisos y reformas que España deberá cumplir si quiere recibir finalmente ese dinero, porque, al fin y al cabo, lo acordado hasta ahora es una hoja de ruta para que los fondos fluyan a cambio de realizar reformas e inversiones con ellos. También hay modificaciones de los compromisos anteriores, en concreto 52 medidas, según el Ejecutivo comunitario. Por ejemplo, uno de esos cambios es el descarte de los peajes por el uso de carreteras, como adelantó EL PAÍS. A la hora de elaborar el plan, los países tenían que cumplir con las recomendaciones semestrales que suele hacer la Comisión. España tenía pendiente una sobre el impulso del transporte sostenible y en la redacción inicial se buscó cumplirla impulsando los peajes. La inflación, el coste de la energía y la contestación social a la medida han llevado al Ejecutivo a negociar un cambio: Madrid se compromete ahora a impulsar el transporte ferroviario de mercancías.

Bruselas justifica las modificaciones, algo previsto en la regulación, por el cambio de las circunstancias que ha habido en los últimos dos años. Señala que ha habido imprevistos problemas en las cadenas de suministro, la invasión de Ucrania o, incluso, consecuencias a largo plazo de la covid-19. También apunta al incremento de precios por el alza de la inflación, lo que habría incrementado la cotización de materiales previstos para cumplir con algunos compromisos. Otra causa aducida son los problemas legales o técnicos que no se contemplaron en la elaboración inicial.

La mayor parte del dinero correspondiente a la adenda son créditos: 83.500 millones. Esta cantidad era la preasignada a España desde que se aprobó el Fondo de Recuperación. El Ministerio de Economía español decidió en un primer momento solicitar solo las subvenciones y esperar a la revisión del plan que tenía que hacerse dos años después para pedir los préstamos. Y eso es lo que ha pasado ahora. Además de esos créditos, también hay 7.700 millones adicionales en subvenciones. Este incremento se debe al peor comportamiento de la economía española en la salida de la crisis que provocó la pandemia. Cuando se creó el fondo en 2021, se asignaron recursos de forma provisional en función del impacto recibido en 2020 por la covid-19. Esa cuenta se revisó el año pasado en función de la evolución posterior e incrementó el dinero para España. Hay otros 2.600 millones vinculados al programa Repower EU, una propuesta que Bruselas planteó al poco de comenzar la invasión de Ucrania por Rusia para impulsar la desvinculación de los combustibles fósiles en 2030.

Tras la revisión, la cifras iniciales del plan han cambio. Ahora contiene 31 componentes, uno más que al principio al introducirse un capítulo para alcanzar ese objetivo de desenganchar la economía de la energía fósil en 2030 y contiene 595 hitos y objetivos que España debe cumplir para tener acceso al 100% de la financiación. También contempla 111 reformas -algunas ya hechas como la laboral y la de pensiones- y 142 inversiones.

Hasta ahora, España ha sido el alumno aventajado en el despliegue del plan de recuperación, la medida económica más ambiciosa de la historia de la UE y la estrella de este Ejecutivo comunitario. Es el único país que ha recibido hasta ahora tres pagos, en total 37.000 millones. No obstante, este año todavía no ha solicitado ningún pago, es decir, no ha pedido el cuarto tramo a pesar de que lleva desde el pasado enero amagando con solicitarlo. A partir de ahora que se ha aprobado la adenda que modifica el plan inicial puede hacerlo, ya que en ella hay hitos comprometidos para ese cuarto pago que han sido cambiados en esta negociación.

La revisión del plan de recuperación suponer también una reordenación del calendario de pagos que tiene que recibir España hasta 2026, cuando el Fondo de Recuperación deja de estar en vigor. Según lo previsto hasta ahora, a partir de 2024 el Gobierno español se comprometía a solicitar un solo pago al año en 2024, 2025 y 2026. Ahora, en cambio, vuelve a plantearse que haya dos cada ejercicio. Además, poco a poco irán ganando peso los créditos en los desembolsos, hasta el punto de que en el último de todos, en la segunda mitad de 2026, España prevé recibir casi 30.000 millones en préstamos.

Precisamente los préstamos y las herramientas financieras van a ganar mucho protagonismo a partir de ahora en el plan español. De los 83.000 millones en créditos, 40.000 millones los gestionará el Instituto de Crédito Oficial y otros 20.000 millones el Banco Europeo de Inversiones.

Una vez Bruselas ha dado el visto bueno al nuevo diseño del plan de Recuperación, se abre la puerta a que España pueda pedir el cuarto desembolso, que hasta ahora estaba a la espera de ver cómo quedaba la adenda. España tendrá que hacerlo rápido, pues según la regulación del Fondo, solo se pueden solicitar dos pagos por año y Madrid tiene pendiente este 2023 las peticiones correspondientes al cuarto y al quinto desembolso. No obstante, nada más Consejo de la UE apruebe el informe positivo que ha presentado la Comisión, algo para lo que tiene cuatro semanas, el Gobierno recibirá 1.400 millones de prefinanciación correspondientes al plan RepowerEU.

La intención del Gobierno con el dinero adicional que llegue de Bruselas es reforzar los proyectos de inversión estratégica que ya ha ido poniendo en marcha como parte del plan de recuperación, 12 en concreto. El que más saldrá ganando es el de microprocesadores, que cuenta con una financiación de 12.000 millones. También aumenta la asignación prevista para otros PERTE como el de energías renovables e hidrógeno verde, el del vehículo eléctrico, el de la industria agroalimentaria, el de la digitalización del ciclo del agua o el de la economía de los cuidados. Todos estos proyectos superarán los más de 1.000 millones de inversión previstos, ya que con la adenda los PERTE, los vehículos que el Ejecutivo creó para canalizar las inversiones, aumentan en 28.000 millones.

También está prevista la creación de ocho fondos que se sumarán a los cuatro que se crearon en 2020. Uno de ellos será el que dará a las comunidades autónomas la posibilidad de financiar inversiones en vivienda, residuos o agua. Ascenderá a 20.000 millones y serán, en realidad, préstamos que las autonomías podrán contraer con el Banco Europeo de Inversiones. Otros fondos los gestionará el banco público del Gobierno central, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), uno de ellos ascenderá a 22.500 millones.

Otra forma de ver los fondos y cómo se destinan es según los componentes y los objetivos. Visto con este prisma, la Comisión señala que sería el apoyo a las pymes el que tiene la mayor partida, casi 63.000 millones de los 163.000 del conjunto del plan de recuperación. También se pueden desglosar teniendo en cuenta el objetivo final. Por ejemplo, las cifras de Bruselas apuntan a que el 40% del total, 65.000 millones, se destinan a transición climática; y algo más de 40.300 millones, el 26%, irán a parar a transición digital.

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