El comisionado del PERTE chip mantiene “negociaciones confidenciales” con empresas para que se instalen en España

Ha transcurrido justo un año desde que el Gobierno aprobara el PERTE chip, el proyecto dotado con 12.250 millones de euros con el que España pretende ganar protagonismo en un sector que se ha convertido en estratégico desde que en la pandemia la carencia de semiconductores atenazara a la industria y exhibiera los problemas de la fuerte dependencia occidental respecto a Asia. Los resultados en ese tiempo no son reseñables, pero Jaime Martorell, el comisionado al mando, dice que se ha recorrido mucho camino. Eso sí, en la sombra. “No es visible, porque hemos trabajado en la industria, en los centros de investigación, con instituciones europeas y mundiales”, ha explicado este martes en el acto Looking at the future, organizado por la consultora EY. Los frutos de esos contactos no han salido aún a la luz, pero Martorell ha reconocido “negociaciones confidenciales con empresas”, sin dar más detalles, y espera que en los próximos meses haya novedades, aunque todavía ve margen en el calendario. “Tenemos hasta mediados de 2027 para cumplir todos nuestros objetivos”.

El directivo catalán fue elegido para el puesto por su larga experiencia en el universo de los microchips, sobre los que tanto la Casa Blanca como la Comisión Europea han puesto el foco en sus multimillonarios planes de reindustrialización para acabar con la anomalía de que un componente tan relevante para la economía se produzca masivamente en Asia (el 56% en Taiwán con TSMC y el 17% en Corea del Sur con Samsung), lo que deja a Occidente expuesto a cualquier choque geopolítico.

La falta de estos circuitos electrónicos instalados en piezas de silicio del tamaño de una uña humana, presentes en la mayoría de dispositivos utilizados cotidianamente, ha retrasado la entrega de millones de coches en los últimos dos años, cuando las cadenas de suministro colapsaron, aunque como admite Martorell, el escenario ha cambiado: se ha pasado de la escasez a la sobreoferta, un fenómeno que no le preocupa a largo plazo. “La previsión de que se va a doblar la demanda de microelectrónica hasta 2030 sigue vigente. Estos ciclos a corto plazo hay que verlos como eventuales”, apunta. El impulso al coche eléctrico, que utiliza más chips que los vehículos normales, estará detrás de parte de ese aumento de la demanda.

El responsable español del PERTE ha calificado de ambicioso el objetivo europeo de alcanzar una cuota de fabricación del 20% de los chips en 2030, un salto cualitativo gigantesco si se tiene en cuenta que hoy por hoy fabrica solo el 8%. “Estamos en 2023, ya no queda mucho porque la construcción de una fábrica toma tres años y otros dos para ponerla en producción”, señaló.

No solo eso, el resto de potencias también están moviendo ficha para aumentar su capacidad, por lo que Martorell calcula que Europa deberá “multiplicar por cuatro” su capacidad para alcanzar ese porcentaje, algo que actualmente parece poco factible, o cuando menos muy complicado, máxime después de que algunos anuncios, como el de la fábrica de Intel en la ciudad alemana de Magdeburgo, se estén viendo retrasados por las exigencias de más subvenciones por parte de la compañía.

Martorell ha repetido lo que ya ha comentado en otras ocasiones, que el objetivo de España es atraer una o dos fábricas, pero cree que no hay que olvidar el crecimiento en otras fases del proceso, como el diseño de los chips (donde EE UU es el gran dominador global con un 65% de cuota de mercado), el encapsulado y otras partes de la cadena de valor. También ve clave contar con talento suficiente para el sector, un problema que ha generado debate en países como EE UU. Martorell calcula que unas 1.000 personas podrán formarse gracias a las cátedras universidad-empresa, cuya convocatoria está ultimando el Gobierno.

El comisionado sostiene que el PERTE ofrece “una oportunidad única traer capacidad de fabricación a España”. Y alude a los precedentes para remarcar que es posible. “Yo estuve cuando se estableció la primera fabrica de ATT en España. Aquella fabrica era la más avanzada, la pusieron en España y estuvo operando con ingenieros españoles hasta 2001″, recordó.

En una mesa de debate posterior, Guillermo Gómez, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, destacó entre las fortalezas de España para atraer esas inversiones la solidez del sector aeroespacial y de la automoción —España es el segundo mayor exportador de vehículos de Europa—, el bajo precio de la energía renovable, las potentes infraestructuras logísticas, y unos salarios competitivos.

Por su parte, Javier Hernández, director de Business Development y M&A de la estadounidense Littelfuse, defendió que los subsidios no son la única baza de los Estados para atraer a las empresas del sector. “No es tanto la subvención para ver si vienes, porque estas tecnológicas tienen mucho flujo de caja, sino decirles: voy a gestionar tus riesgos para que tomes la decisión de venir”.

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