S&P alerta de que España e Italia pueden precisar una prórroga para los fondos europeos

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s sostiene que España e Italia pueden necesitar más tiempo para gastar los fondos europeos. Pese a que el límite para ejecutar estos recursos está fijado en 2026 según la regulación europea, “parece cada vez más probable que estos países, así como otros gobiernos que están beneficiándose de importantes ayudas de la UE, pidan una prórroga para llevar a cabo unos proyectos de inversiones complejos que responden a los objetivos climáticos, la digitalización y la cohesión social”, señala S&P en un informe sobre la ejecución de los fondos bautizados como Next Generation, que se concedieron por la pandemia y de los que Italia y España son los mayores beneficiarios en cantidades absolutas con el 43% del total.

La Comisión Europea no quiere hablar de una extensión de los plazos porque supone modificar la legislación teniendo que poner de acuerdo a todos los países mediante unos procedimientos harto farragosos. Sin embargo, S&P considera que “la UE será flexible cuando se trate la prórroga” siempre que los países cumplan con la elevada exigencia de calidad de los proyectos.

De acuerdo con las estimaciones de la agencia de rating, España ha ejecutado 7.700 millones de los 77.200 asignados en ayudas que no tiene que devolver. Es decir, un 10%. Italia ha gastado 15.100 millones de 69.000, un 22%. “El uso de las ayudas se está quedando bastante atrasado para cumplir el plazo límite de 2026″, concluye.

Aun así, S&P considera la demora como algo normal: “No vemos con una visión negativa la baja ejecución de España e Italia”, dice. Y explica que los proyectos financiados con el fondo de recuperación y resiliencia tienden a ser a largo plazo y suponen un reto en la medida en que incluyen unos objetivos ambiciosos de digitalización, independencia energética y cohesión. En todo caso, recuerda que la baja ejecución no afecta a la valoración crediticia de estos países y que estos retrasos también están ocurriendo en otros Estados miembro como Portugal o Grecia.

Los motivos del retraso son, en opinión de S&P, una capacidad administrativa limitada, una complejidad burocrática que incluye nuevos procesos para gestionar estos fondos, la supervisión contra la corrupción, los límites comunitarios a las ayudas de Estado, y una inflación elevada. La firma cree que las tasas de absorción mejorarán una vez se vayan resolviendo los cuellos de botella. Dicho esto, insiste en que la demora sobre el calendario apunta a que “el plazo de 2026 para la ejecución completa se encuentra en riesgo”.

Estos recursos NextGen no requieren cofinanciación y se entregan a cambio de resultados. Según S&P, elevarán la inversión pública en España e Italia en el medio plazo tras más de una década de declive por la crisis financiera y de deuda europea. Estas provocaron ajustes significativos que se cebaron con la inversión pública, señala. En España esta se situó ligeramente por debajo del 3% del PIB en 2022, una cifra algo inferior a la media de la eurozona, del 3,4%. Entre 2009 y 2017 la inversión pública cayó a la mitad desde un máximo del 5,2% del PIB. En Italia se sitúa al cierre de 2022 en el 2,7%. Y había retrocedido desde una media del 3,2% del PIB previa a la crisis financiera hasta un 2,1% en 2018.

La financiación europea no acaba con el Fondo de Recuperación, indica el documento. Además, hay recursos del presupuesto multianual 2021-2027. España dispone de 35.500 millones que suben a 53.000 con la cofinanciación. Y 2.600 millones por el repower EU diseñado para mejorar la eficiencia energética con motivo de la guerra de Ucrania.

En España, el 54% de las ayudas del Plan de Recuperación lo gestionan las comunidades, lo que implica que estas contarán con más recursos para inversión que nunca, subraya el informe.

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