El Gobierno busca vías para alargar los fondos europeos más allá del límite de 2026

31 de agosto de 2026. Esa es la fecha en la que, según la legislación europea, se tendría que haber finalizado la ejecución de los fondos europeos. Son los llamados Next Generation que aprobó la UE por la pandemia y de los que España se llevó 69.000 millones en ayudas y a los que se añadirán otros 7.700. El plazo en el que hay que terminar todas las inversiones financiadas con estos recursos es muy exigente porque inicialmente se pensó como un plan de estímulo que había que desplegar con rapidez para combatir las consecuencias de la covid. Pero la economía está ya recuperada. Y hace falta tiempo para desarrollar bien estos proyectos. Así que el Gobierno busca vías para facilitar el cumplimiento y que la ejecución pueda ir más allá del límite legal de 2026.

Se trata de redirigir los recursos de unas partidas a otras, reescribir los objetivos haciéndolos más asequibles, y aprovechar los créditos para llevar las inversiones pasada esa fecha. Se utilizará la adenda al plan, que se va a presentar de forma inminente, para pactar con la Comisión Europea una adaptación de las metas a la nueva realidad. En ningún caso se reduce la ambición, subrayan fuentes gubernamentales. Y recuerdan que todos los países están experimentando dificultades. Destacan el caso de Italia, donde se ha retenido el pago de 19.000 millones por no cumplir con sus compromisos y crecen las voces que opinan que no serán capaces de aprovechar todos los fondos.

El Programa de Estabilidad que el Ejecutivo español ha enviado a Bruselas deja vagamente abierta la posibilidad de que se puedan gastar los fondos más allá de agosto de 2026. En este documento se afirma que el calendario de los 69.000 millones puede verse afectado “si la planificación se trasladara más allá de 2026″.

En la práctica, hasta cierto punto, eso ya está ocurriendo. El Gobierno está diseñando programas financiados con fondos y créditos europeos cuya ejecución va más allá del límite de 2026. Una muestra: los 4.000 millones de créditos ICO para la rehabilitación y construcción de vivienda en alquiler asequible tienen plazos que llegan mucho más lejos, hasta 12 años después de 2026. Y esto es así porque los 84.000 millones en créditos de la adenda, aunque se tienen que conceder antes de 2026, pueden emplearse durante mucho más tiempo y ayudarán a dar un mayor recorrido a algunas inversiones.

Pero también sucede, verbigracia, con otros planes, como los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte): el del vehículo eléctrico permite su finalización hasta 2028. Y el del chip alcanza 2027.

Aun así, los artículos 18 y 20 del reglamento europeo de los fondos dejan claro que el límite máximo de finalización será 2026. El 20 dice que el plazo “no debería ser posterior al 31 de agosto de 2026, fecha en la que deberán haberse alcanzado los hitos y objetivos finales tanto de los proyectos de inversión como de las reformas”.

Sin embargo, los problemas para ejecutar a tiempo son enormes. Desarrollar una inversión puede tardar años. Los trámites son numerosos y la ley de contratos públicos es muy restrictiva para evitar la corrupción, lo que alarga los plazos. Altos cargos y fuentes empresariales admiten las dificultades para cumplir con los objetivos de inversión fijados para el verano de 2026. Recuerdan que el ciclo de una inversión habitual en infraestructuras suele ir más allá de los tres años. Y no solo para España, sino para todos los países.

Redefinir la ejecución

Pese a estas circunstancias, la Comisión Europea niega que se puedan prorrogar los plazos. Alega los artículos 18 y 20. Cambiar esta legislación se descarta por completo porque sería una tarea colosal e implicaría lograr la unanimidad de los países. Sin embargo, diversas fuentes gubernamentales y de la Administración explican que los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario están analizando cómo flexibilizar la interpretación del reglamento para que el gasto de los fondos pueda ir más allá de ese 2026. Se trata de una tarea complicada, ya que el espacio para la interpretación es limitado, explican. Pero una posibilidad que apuntan es que se amplíe el concepto de ejecutado. Para ello podría valer con que el Estado haya librado los fondos y el receptor de estos firme que se compromete a gastarlos. De esta forma sí que se podría llegar a agosto de 2026 con los recursos entregados, pero dando algo más de margen para que se completen los proyectos. Esta opción es difícil que prospere, pero está sobre la mesa, subrayan fuentes conocedoras.

La otra vía a la que se aferra el Gobierno es el cambio de los objetivos de inversión que se va a hacer con la adenda para incluir los 7.700 millones en ayudas adicionales y los 84.000 millones en préstamos. La idea consiste en rebajar las cantidades prometidas, alargar plazos intermedios y reescribir los objetivos de forma que sea más fácil lograr los compromisos adquiridos. Bruselas permite pactar cambios siempre que obedezcan a situaciones no contempladas. El Ejecutivo español ha argumentado las subidas de costes, los cuellos de botella y la falta de trabajadores para alegar que necesita modificar los objetivos. Y la Comisión está abriendo bastante la mano porque necesita que el plan que concibió tenga éxito.

En lugar de establecer en los objetivos que las inversiones deben estar completadas, estos se tendrían que redefinir para facilitar el cumplimiento. Podría valer con la puesta en marcha, apuntan algunas fuentes. Y citan ejemplos: el objetivo de 160.000 viviendas rehabilitadas para este año claramente se ha de reformular porque no se puede cumplir. También el de electrolineras debido a los problemas para obtener permisos. Se va a rebajar el objetivo de un millón de pymes y autónomos digitalizados: al tener problemas con los autónomos, el objetivo se va a redirigir para incluir a empresas de 50 a 249 trabajadores con una ayuda superior a 20.000 euros. Un ejemplo de cómo se reescribe un objetivo: para conseguir formar a 2,6 millones de ciudadanos en capacidades digitales se va a reducir la exigencia de 250 horas por curso a 7,5 horas. De esta forma, con 7,5 horas ya se consideraría que hay un ciudadano formado.

También se van a retrasar las metas intermedias de las zonas de bajas emisiones, que comprenden los carriles bici, los autobuses eléctricos, la peatonalización y los controles de acceso a los centros urbanos para evitar vehículos contaminantes. Se da por imposible que se puedan conseguir en 2023 las 22.000 plazas del nuevo modelo de cuidados de larga duración entre residencial, no residencial y centros de día. Y se antoja complicado lograr que al menos el 90% de las personas acogidas a la dependencia se beneficien de teleasistencia en sus domicilios.

Otra posibilidad es cumplir con un mínimo de proyectos acordado con la Comisión y poder ir más allá del 2026 con el resto: un ejemplo son los metros rehabilitados de edificios públicos: desde el inicio se ha puesto como objetivo menos de lo que se pretende hacer y así se juega con un margen de fracaso. Otro caso así es el del Perte del vehículo eléctrico: se buscará que un número de programas pactado con Bruselas esté listo para 2026 y que el resto de inversiones pueda seguir más allá, como piden las empresas. E incluso se van a completar con los créditos.

Cabe la opción de reprogramar inversiones para que se costeen con otros fondos comunitarios, como los de cohesión, y financiar en su lugar otros gastos con el Next Generation. El reglamento deja un poco de margen para esto, e Italia ya está jugando con ello.

El Gobierno había presupuestado a razón de más de 20.000 millones por año entre 2021 y 2023. Sin embargo, según datos de la Comisión, en 2021 se han desembolsado 2.400 millones y en 2022, 5.200 millones, una señal del retraso. El Ejecutivo que salga de las elecciones se beneficiará de esta flexibilización.

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