El Gobierno se compromete con la UE a digitalizar un millón de ‘pymes’

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a cumplir 390 hitos y objetivos para asegurarse el desembolso de los 70.000 millones en fondos europeos no reembolsables que le tocan a España en tres años. Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, entre las promesas a Europa, el Ejecutivo sostiene que al menos un millón de pymes recibirán ayudas para la digitalización de sus negocios al cierre de 2024 con la llamada mochila digital, unos paquetes predeterminados de soluciones informáticas que se adquirirán para las empresas que busquen, por ejemplo, presencia en internet, comercio electrónico, oficina en la nube, ciberseguridad o marketing digital. Su presupuesto total asciende a los 3.508 millones.

El documento remitido a Bruselas también afirma que habrá 81.000 electrolineras y 250.000 coches eléctricos a finales de 2023; 7.000 vehículos del Estado y las empresas públicas que serán sustituidos por otros libres de emisiones allá por el tercer trimestre de 2023; 300.000 portátiles y tabletas comprados para estudiantes de escuelas públicas y concertadas en el cuarto trimestre 2023; 60.000 plazas entre nuevas y reformadas en guarderías para niños de uno a dos años en el cuarto trimestre de 2024; 1.500 kilómetros de vías nuevas o reformadas de los corredores Mediterráneo y Atlántico a mediados de 2026; 510.000 viviendas rehabilitadas para la misma fecha; teleasistencia para el 90% de los beneficiarios de la dependencia en 2023 y un aumento del personal de la Agencia Tributaria este año hasta al menos los 26.320 efectivos.

Los fondos europeos financiarán estos objetivos. Pero antes también tendrán que estar listas las principales reformas que demanda Bruselas. Aunque la ministra de Hacienda abrió la puerta a aplazar las subidas de impuestos si se retrasaba la recuperación, según figura en el documento remitido a la Comisión Europea, en el primer trimestre de 2023 entrarán en vigor las subidas de impuestos que recomiende el recién creado comité de expertos. Esta comisión analizará la tributación en España para acercar la presión fiscal a los niveles europeos centrándose, según recoge el plan, en la fiscalidad medioambiental, la corporativa, la de la economía digital, la de las nuevas actividades y la armonización de los impuestos sobre la riqueza.

Cabe recalcar que el texto pone literalmente “entrada en vigor” al referirse a las exigencias de reforma fiscal, y que la Comisión Europea ha pedido en su último examen publicado la semana pasada que España debe “dar prioridad a las reformas fiscales estructurales que ayuden a financiar las políticas públicas y contribuyan a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

La reforma laboral tendrá que estar aprobada en el Boletín Oficial del Estado en el cuarto trimestre de 2021, lo que incluye la simplificación a tres de los contratos, la legislación del trabajo temporal para intentar limitarlo, la regulación de la subcontratación, la modernización de la negociación colectiva fijando la relación entre convenio sectorial y convenio de empresa, y los bautizados como ERTE estructurales.

La reforma de las pensiones deberá estar culminada a finales de 2022. Esta contempla un nuevo factor de equidad intergeneracional que asegure que no se sobrecargue a las nuevas generaciones, un nuevo periodo de cálculo para la pensión y un estudio que muestre cómo se ha conseguido garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, en el primer trimestre de 2024 se publicará una evaluación del ingreso mínimo vital.

Avances limitados

La semana pasada, la Comisión recordaba que, hasta la pandemia, el Gobierno había hecho muy poco para corregir los desequilibrios de la economía española, y mencionaba la persistencia de la temporalidad, el limitado progreso en materia fiscal o la carga de burocracia y regulación para las pymes. Además, concluía que subir otra vez las pensiones de acuerdo a la inflación ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema a menos que se tomasen medidas ambiciosas para compensarlo.

Estos son parte de los hitos y objetivos que ha suscrito España a cambio de las ayudas europeas. El documento que los recoge ha sido celosamente guardado al tratarse de un texto clave del plan de recuperación. De su estricto cumplimiento dependerá que Bruselas vaya realizando los desembolsos cada seis meses en los próximos años. Si en uno de los exámenes semestrales no se cumple con una parte de estas reformas e inversiones, Bruselas podría incluso retener fondos.

En una versión preliminar del plan, España se pasó de frenada al incluir hasta 1.700 metas, lo cual lo hacía prácticamente ingobernable. Tras agruparlas, la Comisión Europea enfila ya la fase final del examen y baraja la posibilidad de que los planes de España y Portugal sean elevados en breve al Colegio de Comisarios.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acudirá este martes al Parlamento Europeo para dar cuentas de los planes de recuperación. Los grupos del Partido Popular y de los liberales de Renew exigen más documentación al Ejecutivo comunitario para conocer las tripas de la decisión que acabe adoptando sobre los programas nacionales. Sobre todo porque no se ha dado ninguna cifra sobre el impacto de las reformas planteadas. Los partidos incluso han pedido las evaluaciones preliminares de los técnicos para comprobar si Bruselas es o no dura con los países que no incorporen las recomendaciones de 2019 y 2020. Y ahí el problema para España es que está dando marcha atrás en dos reformas que defendió Bruselas: las que aprobó el PP en pensiones y mercado laboral.

61 logros ya cumplidos

El Gobierno ha incluido en su plan 61 hitos ya cumplidos, como la regulación del teletrabajo, el ingreso mínimo vital o la tasa Google. Y con ellos espera recibir 9.000 millones en prefinanciación y otros 16.000 millones del primer desembolso. Otras reformas comprometidas son la ley de vivienda, para mitad de 2022; la ley concursal, para finales de 2021; o la revisión de las ayudas a la contratación, al cierre de 2022. Por ahora, Bruselas ha pedido a España que concrete más algunos hitos, poniendo fecha a la entrada en vigor de algunos decretos, como es el caso de la parte fiscal. La Comisión también estudia de manera exhaustiva todas las inversiones destinadas a las transiciones verde y digital, que quiere convertir en los grandes emblemas del programa. Tras el veredicto de Bruselas, los planes pasarán al Consejo de la UE, que tendrá un mes para examinarlos y decidir si les da luz verde o activa el llamado “freno de emergencia” para enviar algún programa a los jefes de Estado y de Gobierno.

Especialmente atentos a los planes están los halcones, encabezados por Países Bajos, que a lo largo de todo el proceso han exigido vincular los desembolsos a la ejecución de reformas.