Para qué sirven los fondos europeos

Pedro Sánchez frunció el ceño, arrumbó la nota que le habían preparado para la rueda de prensa, entró en un despacho del desierto edificio del Consejo, en Bruselas, se sentó ante el primer ordenador que vio encendido y se despojó de la chaqueta y los zapatos. La adrenalina acumulada durante cinco días de insomne cumbre europea y seis meses de negociaciones al límite, en los que en un último esprint se había fajado en Berlín, París, La Haya y Estocolmo con los líderes “frugales”, los que defienden la austeridad, intentando convencerles de la necesidad de reconstruir juntos Europa de forma solidaria y con una deuda compartida tras sufrir la peor pandemia en un siglo, le sumió en un profundo estado de vigilia. En pleno subidón, tecleó: “Es un auténtico Plan Marshall con el que Europa ha enviado un mensaje contundente al mundo, diciendo que está lista para los desafíos”. Eran poco más de las seis de la mañana del 21 de julio de 2020. Un rato antes, a las 5.31, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, había lanzado un esperanzador tuit al ciberespacio: “¡Lo hicimos! Hemos llegado a un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto europeo para 2021-2027″.

Envuelto en la profusa jerga comunitaria, el agónico pacto rubricado in extremis en aquellos cinco días de julio de 2020 por los 27 socios europeos se concretaba en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 750.000 millones de euros, con el objetivo de reflotar la UE y prepararla para el futuro. De ellos, 390.000 millones serían transferencias a los Estados que no tendrían que devolver. Y el resto, los 360.000 millones adicionales, adoptarían la forma de préstamos captados en los mercados de capitales a los inigualables tipos de interés de la calificación triple A de la UE (ahora, en tiempos de dinero caro, una bendición).

A cambio, la Comisión Europea (el Ejecutivo comunitario) exigía que cada país llevara a cabo las reformas e inversiones en gobernanza, sostenibilidad o lucha contra el cambio climático que durante años les había recomendado y los socios habían pospuesto porque no eran vinculantes. Ahora sí lo eran. Cada gobierno debía desempolvarlas y remitirlas a la Comisión para su aprobación. Las denominadas propiamente reformas en el léxico comunitario tendrían un carácter legislativo (en el caso de España, en torno a 60 nuevas leyes, como la concursal, la de telecomunicaciones, la laboral o la de pensiones, ya aprobadas por Bruselas). Y las inversiones, un carácter cuantificable, como la digitalización de un millón de pymes, la creación de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos o la rehabilitación energética de un millón de viviendas (cuya puesta en práctica está siendo mucho más lenta). Eran 102 reformas y 110 inversiones para España, que a su vez se dividían en 416 hitos y objetivos. Y estos, a su vez, en proyectos y subproyectos que debían permear hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que a su vez deberían cumplir su parte de los objetivos (denominados “metas volantes”), documentarlos y rebotarlos de vuelta a la punta de la pirámide (el Gobierno). Y de ahí a Bruselas para su examen. Todo a través de un sistema telemático de gestión y control ideado por el Ministerio de Hacienda denominado Coffee, cuya implementación era vinculante para el primer pago, pero ha tardado más de un año en estar operativo (ante la generosa manga ancha de la Comisión Europea). Una de las altas funcionarias que lo han hecho posible afirma que sacarlo adelante “sobre la marcha” ha sido “una heroicidad”. En estos momentos, el Reino de España ya ha cumplido un 30% de los hitos y objetivos pactados con Bruselas. Y el sistema Coffee es transparente (según pudo comprobar este periódico) y progresa adecuadamente a pesar de las dudas iniciales y los duros ataques de la oposición, incluso en Bruselas.

Las comunidades autónomas gestionarían en torno al 50% de los fondos, pero no decidirían sobre su destino. Lo haría el Gobierno. Algo en lo que no todos los ejecutivos autonómicos están de acuerdo. Pero que reafirmó la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en el primer momento. En una entrevista para este reportaje, Calviño remachó: “Es un plan de país. Solo hay uno. No se puede solapar, no puede haber duplicidades; no es un plan para que cada territorio tenga su aeropuerto, sino para su transformación y cambio estructural. Y requiere que todos rememos en la misma dirección. La descentralización de España añade complejidad a la gestión, pero también eficiencia. Hemos realizado 139 conferencias sectoriales ente los ministerios y las comunidades y navegamos a velocidad de crucero con 2.000 millones de euros al mes en convocatorias”.

Frente a ese diseño top down, un documento del Partido Popular critica lo que considera una total ausencia de cogobernanza: “La responsabilidad del Gobierno no se puede trasladar a las comunidades cuando son ellos los responsables del diseño, forma de reparto y establecimiento unilateral de las condiciones de las convocatorias”. Por encima de esos desacuerdos dialécticos, la Administración General del Estado ha autorizado transferencias a las comunidades por valor de 21.609 millones de euros. Andalucía, gobernada por el PP, se ha llevado la mayor tajada: 3.420 millones.

El Plan suponía someter a las administraciones a una profunda prueba de estrés: gestionar más dinero con los mismos funcionarios y mediante un sistema en embrión. “Es un barco construido mientras navegábamos”, resume Pilar Blanco-Morales Limones, vicepresidenta y consejera de Hacienda socialista de la Junta de Extremadura. La Comisión examinaría dos veces al año de forma exhaustiva el cumplimiento de las reformas e inversiones a las que se había comprometido cada país (“los exámenes de la Comisión son una tortura”, explica un alto responsable público) y, si había cumplimiento, abonaría una fracción del importe total pactado (entre 6.000 y 12.000 millones en cada entrega semestral) hasta la primera mitad de 2026, cuando se cerraría el grifo. Y si no había reformas, no había millones. Si del paquete semestral pactado faltaba por resolver algún compromiso y no se resolvía el entuerto en seis meses, se descontaría un porcentaje del total a recibir, que en el caso de alguna reforma clave para España, como la de las pensiones, podía haber acarreado la pérdida de 700 millones de euros. Y un borrón en la imagen del país. Algo que en tres años no ha ocurrido en España, aunque en ocasiones haya sido aprobado por los pelos. Italia, sin embargo, tiene bloqueados puntualmente 19.000 millones por la Comisión Europea.

“Es un modelo de pago por desempeño habitual en el Banco Mundial”, explica Paloma Baena, directora de la Unidad Next Generation EU de la consultora LLYC. “Eso le da credibilidad al sistema y obliga a que los 27 países de la UE se centren en un abanico de reformas que la Comisión acota, y que no vaya cada uno por su lado. Según el reglamento, cada Estado debe destinar al menos un 37% de los fondos recibidos a la transición ecológica y un 20% a la digital. Una media que en España se eleva al 40% en lo verde y al 30% en lo digital. Y no se pueden usar para gastos corrientes. Las reglas de juego están claras”.

Esas reformas decididas por el Gobierno de Sánchez a cambio de recibir los millones de Europa han sido uno de los motivos de crítica al Plan (junto a la falta de transparencia y consenso) por parte del Partido Popular y su entorno. Por ejemplo, la CEOE (que ha actuado en este asunto como en otros económicos como su cerebro gris), en cuyo nombre, Luis Socías, adjunto al secretario general, critica: “Las reformas de Sánchez son la traslación del programa del gobierno de coalición al Plan. Ha pesado demasiado la ideología en su diseño. Hay un exceso de reformas frente a inversiones. Sobran cuestiones sociales y faltan los incentivos fiscales o apostar más por las pymes”. Desde el corazón de La Moncloa, Manuel de la Rocha, principal asesor económico del presidente y pieza fundamental en la elaboración del Plan, responde sin tapujos: “Son reformas acordadas con la Comisión Europea y que responden a nuestras prioridades políticas. Y sí, se basan en nuestro programa”.

Llueve dinero sobre el Viejo Continente. Y dinero llama a dinero. El Gobierno habla de movilizar unos 500.000 millones de euros en inversiones privadas gracias a la capacidad de arrastre de los fondos (algo así como cuatro euros por euro público invertido). El Mecanismo supone un cambio de paradigma en la Unión Europea. Aunque no se trata de una fórmula infalible, por primera vez en más de una década se trata de invertir, gastar y estimular la economía, no de recortar. De salir del atolladero todos a una. El paradigma neoliberal de la austeridad y la alergia al endeudamiento que imperó durante la crisis financiera desde 2008 hasta 2014 ha volado por los aires. Nadie se explica muy bien cómo. Todo fue muy rápido en las negociaciones de julio de 2020. “La Comisión Europea metió prisa (por primera vez en su historia), y el Consejo cogió el guante”, explica la europarlamentaria Isabel Benjumea, martillo incansable del PP contra la gestión de los fondos por parte de Sánchez. “En aquellos días de pandemia hubo terror en la Unión Europea. Se pensó que era el final. Y se reaccionó con un plan exprés, único para todos y que era inédito en su funcionamiento, porque dejaba a los Estados la libertad de decidir qué reformas tenían que acometer para conseguir el dinero. Pensaban que el impacto de la pandemia iba a ser el mismo en toda la Unión. Parecía que no había tiempo. Y luego se demostró que el país que peor lo había hecho era España y por eso era el que más dinero se iba a llevar”, apunta Benjumea.

La UE se endeudaba por primera vez. Era deuda de todos. “Y eso nos ata para el futuro”, afirma un político socialista. Un paso de gigante en la pendular y siempre vacilante integración europea. En junio de 2012, la todopoderosa canciller alemana Angela Merkel había proferido tajante: “Europa no tendrá deuda compartida mientras yo viva”. Sin embargo, en esta crisis, la Unión viraba y actuaba como un “Estado emprendedor” y apostaba por un “crecimiento inclusivo”, como lo define la economista socialdemócrata de moda, Mariana Mazzucato, de lectura obligada intramuros de La Moncloa.

Una metamorfosis que no agradó a los sectores neoconservadores europeos. Los que afirman que el norte trabaja mientras el sur despilfarra. Pero que sabían que, si la UE reventaba y desaparecía el euro y “se rompía el mercado interior” (como le expuso Sánchez a Merkel durante la dura negociación), no tendrían a nadie a quien vender sus coches y lavadoras. En España, por ejemplo, no le gustó a Javier Fernández-Lasquetty, el hombre de los números de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su condición de consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Según Lasquetty, veterano colaborador de José María Aznar y Esperanza Aguirre, y uno de los neoliberales más preclaros del PP (cuya comunidad tiene asignados a mes de marzo por el Gobierno de Sánchez 2.374 millones de euros de los fondos), “una generación de políticos de izquierda y derecha en la UE siguen pensando que todo se soluciona con gasto público, endeudándonos, y así estamos…, con una inflación del 7% [en la zona euro]. Este Plan se hizo para que Europa no estallara y no va a transformar nada, más allá de que te cambien las ventanas de tu casa. La planificación central no funciona. Propusimos hacer tres grandes proyectos en Madrid: una superterminal de carga aérea, una planta de tratamiento de residuos sólidos y la línea 11 de Metro. Ni nos contestaron. Todo es dinero espolvoreado y teledirigido desde La Moncloa”.

En el otro extremo del arco político, la socialista Pilar Blanco-Morales Limones, vicepresidenta de Extremadura, disiente: “Es verdad que en su diseño se podía haber ido más lejos en la codecisión con las comunidades más que en la cogobernanza. Pero el Plan está funcionando. No es a fondo perdido, es a cambio de reformas. España va a ser diferente después de estos fondos; va a haber una transformación y una reindustrialización digital y verde. En Extremadura hemos recibido 1.225 millones del Mecanismo, nuestra gran apuesta va a ser la modernización del campo, de la sanidad y de la FP. Pero, sobre todo, la cohesión social. Es un plan de país, para cambiarlo en su conjunto, no para hacer obras emblemáticas en cada territorio como querían Madrid y Andalucía. Y no era eso. Es una apuesta por una agenda social. Y eso sí lo hace este Plan”.

Si todo va bien y se cumple la agenda de reformas e inversiones en tiempo y forma, llegarán a España hasta finales de 2026 un total de 160.000 millones de euros procedentes de los distintos conceptos del Mecanismo. De ellos, 77.000 millones de euros, el 20% del total consignado para los Veintisiete, no habrá que devolverlos. Es mucho dinero. Más que la suma de todos los fondos de cohesión de las tres pasadas décadas. A los que hay que añadir 84.000 millones en préstamos blandos, 2.600 millones del mecanismo REPowerEU (para independizar a Europa de los combustibles rusos antes de 2030) y otros 36.000 de los fondos de cohesión y desarrollo clásicos. Muchos millones en poco tiempo.

España se ha caracterizado por absorber con lentitud los fondos clásicos de la UE; siempre en tiempo de descuento según la regla N+3, que le otorgaba tres años de gracia después del plazo de vigencia del presupuesto europeo. Los absorbía, pero despacio y tarde. La Administración no daba para más. Era exasperantemente lenta. Escasamente digitalizada. Puntillosa en la contratación y subvenciones. Estricta en el control ante y post. La filosofía que le habían inoculado desde los recortes de 2011 era no soltar un euro. Para la vicepresidenta Calviño, “con el PP, el mantra era no gastar y ha habido que cambiar esa obsesión por el ahorro. La derecha, a la inversión la llama despilfarro. Y ahora nos toca invertir en el futuro”. “La Administración española ha sido entrenada para no abrir la cartera; tiene una cultura muy profunda del riesgo cero”, explica un miembro del Gobierno. “Y es difícil reformarla cuando al tiempo le estás pidiendo el máximo. Y a eso súmale los controles de la UE. Nos jugamos demasiado en poco tiempo”.

Porque aquí llega la letra pequeña del Mecanismo: el día 31 de diciembre de 2026, cuando suenen las campanadas, deberá estar concluido. Esa fue la exigencia de los Estados frugales. Todo el dinero tendrá que estar desembolsado por Bruselas y empleado por España. Y lo mismo ocurrirá con el conjunto de los socios, donde se ha ejecutado menos de un tercio del dinero consignado en el Mecanismo. Si sobra, no está muy claro adónde irá el dinero: si se ampliará el periodo para gastarlo (algo por lo que suspira el Gobierno español), si se transferirá a los fondos clásicos, si se utilizará para la reconstrucción de Ucrania o si se dotará un nuevo fondo comunitario para apoyar a la industria europea frente al ascendente proteccionismo de Joe Biden a favor de la industria estadounidense.

El Mecanismo de Recuperación no fue concebido como un mero respirador para reanimar a unas economías agonizantes tras la covid, como la española, que se iba a contraer casi un 11% en 2020, el mayor descalabro en la zona euro debido a su estructura económica basada en el turismo y los servicios personales. Estos fondos no podían ser un mero parche. Se trataba de provocar la transformación de la Unión Europea (“a la fuerza ahorcan”, resume Ignacio Niño, senior advisor de la consultora EY). Modernizarla, cohesionarla, empoderarla y salvarla de la intrascendencia en la que estaba cayendo frente a Estados Unidos y China. En ese sentido, la gran apuesta hoy de la UE es su autonomía estratégica.

Pero en julio de 2020 era una Europa fracturada entre el norte y el sur; fragmentada; con un Ejecutivo (la Comisión Europea) recién aterrizado y frágil al mando de la conservadora Ursula von der Leyen, una presidenta novata en Bruselas y no apoyada con entusiasmo por la derecha europea (y odiada por la ultraderecha) aunque aupada por Merkel y Macron (y después por Sánchez, que se convertiría en su más fiel aliado); que acababa de concluir el traumático proceso del Brexit y arrastraba la cicatriz de la crisis financiera; apocada ante la provocación de Putin y que se movía entre la desafección de sus ciudadanos, el ascenso de los populismos y el auge de la extrema derecha. Por contra, la pandemia de 2020 y la subsiguiente crisis (la más grave desde la II Guerra Mundial) debían convertirse en una gran oportunidad; el desencadenante de un cambio de modelo económico. Para sobrevivir, Europa debía ser más verde, digital, feminista, cohesionada, social, productiva, competitiva e innovadora. Era a vida o muerte.

Pedro Sánchez tensó el nudo de su corbata burdeos y saltó con media sonrisa a la rueda de prensa mientras amanecía en Bruselas el martes 21 de julio. Duró una hora. “La UE sale mucho más fuerte y los europeos salen ganando”, concluyó. Una hora más tarde, el presidente y su mínimo equipo volaban en el Falcon 900 de la Fuerza Aérea con dirección a Madrid. Después, el helicóptero Super Puma. Le aguardaba en La Moncloa su Consejo de Ministros. Y el paseíllo y cerrada ovación de sus titulares coreografiado por Iván Redondo. Durante el trayecto aéreo no había abierto la boca. Y fiel a su frugalidad alimentaria y su obsesión por la forma física, mordisqueó distraído unas almendras. El reto estaba superado. Había conseguido los fondos. Contra pronóstico. Más dinero a fondo perdido que ningún otro país. Pero eso ya era historia. Fiel a su carácter ejecutivo (y de ir en política un paso por delante), estaba decidido a que España fuera el primer país en elaborar un plan y que este fuera el más ambicioso de los Veintisiete; el primero que la Comisión visara y el primero que recibiera la prefinanciación de 9.037 millones. Y que estuviera en cabeza para el primer, segundo y tercero desembolsos. Como ha ocurrido en estos dos años en los que España ha encabezado su ejecución. El 31 de marzo recibió los 6.000 millones del tercer pago y se espera que, una vez preaprobada la reforma de las pensiones (a pesar de la pataleta de Feijóo en su visita a Bruselas a finales de marzo), llegue el cuarto (de 10.000 millones) a finales de este año.

Deprisa, deprisa. Algunos analistas se interrogan: “¿Qué era más adecuado, hacer un plan tan rápido, dado que necesitábamos que la economía experimentara un súbito shock contracíclico, o hacerlo mejor pero tardando más?”. “Es una buena pregunta y no tengo la respuesta”, añade un miembro de la Administración. O como reflexiona Chus Escobar, socia responsable de sector público de EY: “¿Era conveniente hacerlo más tarde para hacerlo mejor? Creo que no”. En cualquier caso, para Sánchez, había que ejecutarlo a toda máquina. Ya antes de julio de 2020 tenía a Nadia Calviño y Manolo de la Rocha pergeñando el asunto. Calviño lo plasmaría en un paper de cinco folios donde, según recuerda, “no partíamos de cero. Ese documento reunía mucho trabajo previo con nuestra Agenda del Cambio [de febrero de 2019], los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el programa electoral del PSOE. Teníamos claro qué reformas e inversiones había que acometer, pero hasta ese momento no habíamos tenido el dinero”.

Nadia Calviño era la mejor cuña de Sánchez en la negociación en Bruselas. La vicepresidenta conocía el tejido productivo español y era experta en transformación digital. Y, además, después de 12 años en la pomada de las instituciones europeas, dominaba los resortes del poder en la Comisión, hablaba su idioma y tenía una amplia red de contactos; por ejemplo, con dos personajes clave en la fiscalización de los fondos: el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis (conservador), y el comisario Paolo Gentiloni (progresista). Ambos se han posicionado inequívocamente a favor de España en todo este dossier. “Yo tenía el presupuesto europeo en la cabeza”, resume Calviño, que se ha ido despojando de su prístina imagen de tecnócrata incolora. Cuando se le pregunta si se considera más una técnica o una política, responde escueta: “Siempre he sido una progresista”.

¿Por qué tenía tanto interés Sánchez en ser el primero? Para un miembro de su equipo, “el presidente marcó el rumbo estratégico y siempre tuvo claro que teníamos que ir por delante. Representaba colocarnos bajo el foco, conseguir los titulares, ser los alumnos aventajados de la Comisión, demostrar de lo que España era capaz. Si no acelerábamos, no lograríamos gastar tanto dinero. Y también teníamos que ser los primeros en pescar las grandes inversiones extranjeras, que han aumentado en España hasta un récord de 35.000 millones de euros. Por ejemplo, con la llegada de Volkswagen a Sagunto (Valencia), donde va a crear una gigafactoría para producir baterías para coches eléctricos: nosotros ponemos 600 millones y ellos invierten 10.000. Y hay otras cuatro multinacionales del sector interesadas. Y eso es por los fondos”. Algo en lo que coincide Calviño: “Encadenar dos años de un crecimiento tan fuerte, del 5,5%, y con niveles récord de empleo solo se entiende por las reformas e inversiones del Plan de Recuperación”. Aunque también es cierto que el nivel del PIB precrisis aún no se ha alcanzado en España. “Lo macro está funcionando”, analizan Ignacio Niño y Chus Escobar, expertos de EY (una de las big four de la consultoría). “A corto, hay una movilización de la economía. Hay dinero, datos de crecimiento del empleo, confianza empresarial. ¿Y cuando pasen los años? La cuestión es si habrá más industria; si será más digital, resiliente, descarbonizada, relevante; con tecnología propia; con un mercado laboral más flexible, pensiones sostenibles, gente mejor formada. ¿Qué quedará de todo esto? Esa es la duda”.

Los fondos suponían, además, para Sánchez un excelente vehículo de propaganda. Grandes expectativas. Tres mil euros por ciudadano. Un programa de legislatura. Bruselas aprobó a toda prisa el plan español en julio de 2021. Pero el Gobierno se había adelantado una vez más. En los Presupuestos Generales para ese año ya había contemplado 26.634 millones de euros con los que arrancar deprisa, deprisa. Gracias a esa inyección, el presupuesto ha sido expansivo; sin ella, hubiese sido restrictivo. Las elecciones generales eran a finales de 2023. Un año que culminaría con la presidencia de Sánchez del semestre europeo. Y el Gobierno iba a aprovechar la transformación del país como un escaparate político. Pero la derecha no se quedó sentada. Y se puso en marcha —política, analítica y mediáticamente— para desacreditar el plan.

Desde que en diciembre de 1992 el joven líder de la oposición José María Aznar atacara con saña al presidente Felipe González, que estaba batallando en Bruselas por la obtención de los primeros fondos de cohesión europeos, con una frase para la historia: “Gasta en España como si fuera un nuevo rico, mientras fuera mantiene actitudes mendicantes y de pedigüeño”. Los sucesivos fondos gestionados por gobiernos de distinto color han estado siempre fuera del radar de la contienda política. Era un asunto de Estado que no formaba parte de la agenda. Sin embargo, cuando Sánchez convirtió el Plan de Recuperación en un elemento de ventaja, el líder de la oposición, Pablo Casado, le dirigió los primeros crochets al mentón, por “el uso partidista que está haciendo de los fondos”. Y concluiría la faena con esta frase memorable: “El socialismo solo se acaba cuando se le acaba el dinero de los demás”. Como reflexiona la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, “la derecha estaba dispuesta a que España se hundiera para levantarla ellos”.

Hasta el abrupto final de su mandato, Casado se dejaría caer regularmente por Bruselas para desprestigiar ante la Comisión Europea el uso de los fondos por el Gobierno español. Con escaso éxito, porque la presidenta del ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen actuaba a continuación de cortafuegos alabando a través de Twitter el desempeño de Sánchez: “Enhorabuena, España”. “Felicidades, España”. Von der Leyen, cuya sintonía con el presidente español es evidente, se jugaba mucho con el éxito de Sánchez. Los fondos eran una parte sustancial del programa de legislatura de su Comisión. España tenía que abrir camino, ser el conejillo de Indias, tirar del resto. Si fracasaba, Von der Leyen tendría pocas posibilidades de ser reelegida en 2024. Por eso echaría una mano a su discípulo más aventajado a la primera ocasión en que lo necesitara.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al poder de la calle de Génova se mantendría ese frontal desacuerdo con el Gobierno. Feijóo, lego en política exterior, necesitaba su minuto de gloria diplomática. La discrepancia llegaría hasta el punto de alabar el 23 de marzo la conflictiva reforma de las pensiones de Macron en Francia y echar por tierra la de José Luis Escrivá, gestionada en Bruselas directamente por este ministro, preaprobada por la Comisión y que supondrá para España recibir 10.000 millones. En un documento de prospectiva del equipo eoconómico de Feijóo advierten que, si llegan al Gobierno a finales de este año, “se puede llevar a una modificación o rediseño del Plan”.

De pronto, los fondos europeos estaban de moda, pero para mal. Y los medios conservadores abrían sus ediciones con la supuesta congelación de los desembolsos por parte de Bruselas debido a la mala praxis de Sánchez. Era falso. El clímax llegó el 14 de octubre de 2022 con una información de la agencia Bloomberg: “España se arriesga a perder dinero del fondo de recuperación por fallar en los plazos”. El diario Abc extendió esa noticia y le dedicó un editorial titulado ‘Europa desconfía del Gobierno’. Y remató Isabel Díaz Ayuso con un tuit: “La UE congela los fondos de recuperación para España hasta que detalle en qué se los gasta”. Era fake news. La guerra sin cuartel. Y, como refuerzo, saltó al cuadrilátero la eurodiputada conservadora alemana Monika Hohlmeier y en una entrevista con Abc lanzó además al aire el globo sonda de la corrupción: “Iremos a España porque su Gobierno no nos dice dónde están los fondos”.

Hohlmeier es pata negra de la política europea. Hija del que fue presidente de Baviera y ministro federal, el líder de la conservadora CSU Franz Josef Strauss, preside la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, muy temida, pero en esta ocasión marginada de la fiscalización del Mecanismo. De ella dijo el semanario alemán Der Spiegel en 2003: “Se jugó su herencia, era torpe, descontrolada y ávida de poder”. Cordial enemiga de la también alemana Von der Leyen en las partidas simultáneas por el poder en Bruselas (en la que Hohlmeier juega a favor del bávaro Manfred Weber como próximo presidente de la Comisión), no tiene ningún control sobre el despliegue del Plan. Sin embargo, jaleada por la derecha, se empecinó en que España no lo estaba haciendo bien. Y se transmutó en mujer de negro. Pretendía dar una patada en el culo de Ursula von der Leyen a través de España. Se peleó epistolarmente con María Jesús Montero y Calviño, para excitación de la prensa conservadora. Después aterrizó en Madrid el 20 de febrero. Habló durante tres días con las ministras y ministros; los consejeros y las consejeras; los consultores, empresarios y periodistas. Y no encontró nada de nada. Así lo confirmó al final de su visita de inspección: “No se ven indicios de fraude o infracción”. Sin embargo, a preguntas de este periodista, volvió a las andadas: “Seguimos sin saber dónde está el dinero”.

El dinero está. Han llegado a día de hoy a España 37.030 millones de euros. Mediante transferencias de la Comisión Europea a una cuenta numerada del Banco de España a nombre del Tesoro. Sin embargo, ya desde diciembre de 2020, el Gobierno había incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 los 77.000 millones prometidos por Europa para adelantar la ejecución de las inversiones y reformas a los tres primeros años. Según Calviño, “ya se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de fondos por más de 23.500 millones de euros, que financian casi 300.000 proyectos. Un 55% de los beneficiarios son empresas y centros de investigación”.

El dinero está. Y se controla con enfermiza minuciosidad comunitaria. Quizá por ello su despliegue se realiza a una velocidad menor de la prevista. Y es complicado saber cuándo llega “al bolsillo de la gente”, dado el complejo funcionamiento de la contabilidad nacional que contempla en los desembolsos las fases de “autorizado, comprometido, obligado y pagado”. En cualquier caso, es dinero que está comprometido por el Estado con sus destinatarios finales. Y esa es la clave para poner en marcha un proyecto. Sin embargo, según un alto cargo socialista, “llevamos un decalaje de seis meses”. Para otra miembro de la Administración, “el efectivo pagado es menor del deseado, pero es que a las normas de control de la UE hay que sumar las españolas. Pero desde Bruselas nos siguen enviando el dinero, luego no lo estaremos haciendo tan mal”.

El País Semanal ha visitado durante meses proyectos financiados por el Plan de Recuperación en España, de Tenerife a Teruel y de Sevilla a Barcelona, pasando por Albacete y Madrid. Sus beneficiarios relatan que no ha sido sencillo obtener el dinero; que las convocatorias son complicadas, y la Administración, una jungla en la que es difícil adentrarse sin asesoramiento, tesón y paciencia. Pero lo han conseguido. Quedan por llegar miles de millones. Y el resto es política.

Expansión del deporte femenino

Fútbol tinerfeño con nombre de mujer

María José, Paola, Gisela, Silvia, Sandra, Pisco, Charo y el resto de las jugadoras del UDG Tenerife Egatesa son profesionales de la Primera División Femenina de fútbol, pero cobran menos que cualquier hombre de Segunda. Llevan 10 temporadas en la categoría máxima; han conseguido permanecer en la mitad de la tabla a base de coraje; se baten cada fin de semana con el Barcelona, el Real Madrid y los otros grandes, pero no tienen estadio propio ni a veces agua caliente ni luz en su vestuario. Juegan de prestado en el campo municipal de La Palmera, en la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona, que carece de hierba natural, un lugar digno para cambiarse, enfermería, gimnasio o un espacio para ser tratadas con intimidad por su fisio. La imagen del conjunto de las instalaciones por el que tienen que estar constantemente agradecidas es lamentable.

Algo que contrasta con su entusiasmo y energía mientras entrenan ataviadas con el uniforme granate y rosa y retumban sobre una vieja moqueta polvorienta que finge ser césped sus gritos, regates y balonazos. Desde que ascendieron a Primera en 2015, se encuentran al borde del precipicio al no poder continuar usando este campo por desacuerdos con el Ayuntamiento, algo sobre lo que este desvía su responsabilidad al Gobierno de Canarias. El golpe de fortuna llegó el año pasado, cuando el club recibió 1.327.072 euros de los fondos del Plan de Recuperación a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). Eran cerca del 10% de los 16 millones de Bruselas que el Gobierno ha dedicado al fútbol femenino de un total de 300 millones del Mecanismo destinados al deporte español. El presidente del CSD, José Manuel Franco, explica que España es el único país que ha incluido el fomento del deporte femenino entre los fines de los fondos europeos. “Nuestra idea es relanzarlo (con el fútbol como locomotora) transfiriendo a las comunidades ese dinero para que construyan unas instalaciones tan dignas como las masculinas. Y así atraigan las audiencias y los ingresos de taquilla y de las transmisiones. El fútbol femenino va a ser un gran negocio (esta es su primera temporada como Liga Profesional), pero hay que conseguir que sus jugadoras tengan un convenio justo y cobren un salario como los hombres. Y cuenten con instalaciones decentes. Algo que muchas veces no pasa”.

Siempre al lado de las chicas del UDG está Sergio Batista, su presidente, un abogado apasionado del fútbol que ha tirado del carro en los peores momentos. “Con el deporte femenino, a la gente se le llena la boca, pero la realidad está muy lejos”, explica. “Yo he tenido que aguantar aquí demasiado machismo: como si las mujeres quisieran quitarles el sitio a los hombres. Pero en EE UU, el fútbol femenino ya arrasa frente al masculino”.

Con sus 1.327.072 euros, el equipo de Granadilla tiene que “acometer las mejoras estructurales necesarias para la competición, con unos estándares de calidad, igualdad y sostenibilidad”. Algo que el Ayuntamiento de la localidad no está poniendo fácil. Si no consiguen el permiso del Consistorio, tendrán que devolver el dinero. Como en otros sectores, una cosa es Bruselas y otra la complicidad de la Administración. Y no siempre reman en la misma dirección. Mientras, María José, Paola, Gisela, Silvia, Sandra, Pisco, Charo y el resto de las chicas no pierden el valor ni la sonrisa.

Vehículo eléctrico y conectado

De Sevilla al espacio

Ángeles Martín Prats es física y doctora en Ingeniería Eléctrica, pero su pasión es el espacio. En 2011 creó contra viento y marea Skylife, una start-up de alta tecnología que hoy cuenta con 75 trabajadores (la mayoría jóvenes ingenieros que no querían abandonar España), dedicada a la electrónica de potencia, la aviónica y los sistemas electrónicos de aplicación aeronáutica. Entre sus clientes está Airbus.

El año pasado recibió 788.000 euros dentro de la convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (financiado por el Plan de Recuperación con 4.300 millones de euros) por su participación en el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, que dispondrá de estaciones modulares basadas en criterios de sostenibilidad. “Hay en España solo el 3% de los cargadores que se necesitarán en 2030″, explica.

“Tenemos que llegar a 100.000 puntos de recarga para cumplir los hitos que contraídos con la UE. Y los cargadores actuales tienen la cuarta parte de potencia que el que hemos desarrollado para este proyecto que compartimos con la catalana Wallbox Chargers. El nuestro tiene más potencia que los anteriores, por la tecnología avanzada que hemos desarrollado, que es la que incorporan los aviones. Somos especialistas en miniaturización de equipos, y esa experiencia nos ha servido en este proyecto y también para reducir su impacto sobre el medio ambiente, que es una de las claves. Lo que antes era una parada de una hora para hacer 350 kilómetros, con nuestra tecnología serán 10 minutos. El tiempo de un café”.

El poder de los chips

La innovación se da cita en Barcelona

Europa apenas produce chips, esos minúsculos semiconductores sobre los que el mundo avanza hacia la transformación digital: de los coches eléctricos y los dispositivos móviles al internet de las cosas o la industria de defensa. Su monopolio lo comparten Taiwán, Corea del Sur, Japón y, en menor medida, Estados Unidos. Una peligrosa dependencia de la UE en un tiempo en que lucha por la autonomía es estratégica. En septiembre de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promovió la Ley Europea de Chips para “crear un ecosistema de chips de vanguardia”. En esa línea, la UE movilizará 43.000 millones con el objetivo de fabricar en Europa el 20% de los chips mundiales. Para arrancar ese sueño, ha sido clave la financiación de los fondos del Plan de Recuperación que el Gobierno español ha materializado en el Perte de microelectrónica y semiconductores, un proyecto dotado de 12.250 millones que pretende arrastrar una cantidad muy superior de inversión privada. El Barcelona Supercomputing Center (BSC) es el corazón de ese gran proyecto.

Acceder al BSC, el centro puntero de la computación en España y hogar del supercomputador MareNostrum, supone sumergirse en un perfecto modelo de colaboración entre administraciones (está financiado por el Ministerio de Ciencia, el Departamento de Economía de la Generalitat y la Universidad Politécnica de Cataluña) y también en un templo de la investigación. Su director, el ingeniero de telecomunicación Mateo Valero, define esta institución en dos vertientes “como un centro de investigación formado por más de 500 científicos y, por otro lado, como un centro de servicios de supercomputación para la comunidad científica y académica”.

En torno al Plan de Recuperación, el año pasado, el Gobierno de España y la supertecnológica estadounidense Intel (una de las mayores compañías del mundo de circuitos integrados) firmaron un acuerdo para invertir hasta 400 millones de euros (la mitad a cargo de Intel) con el objetivo de poner en marcha un laboratorio conjunto con el BSC como eje. Se sumarán decenas de millones de euros procedentes del Plan para otros proyectos capitaneados por este centro barcelonés, desde el European Processor Initiative y el computador cuántico Quantum Spain, que dirige la física Alba Cervera, hasta la medicina de vanguardia en el marco del Perte para la salud de vanguardia (dotado de 1.469 millones de euros), a través del cual se pretende compartir un millón de genomas con otros países de la Unión Europea (encabezado por el biólogo Alfonso Valencia, director del departamento de Ciencias de la Vida); a la Unidad de Tecnologías del Lenguaje (en español y catalán), encabezado por la lingüista Marta Villegas, en el marco del Perte de la nueva economía de la lengua, que cuenta con 1.100 millones.

El BSC ya ha conseguido diseñar un prototipo de chip bajo el código de Iniciativa Lagarto, que puede ser el embrión de un semiconductor español. Está hecho, funciona y ha sido creado por un equipo al frente del cual está el investigador Miquel Moretó. “Son muchos proyectos y es mucha inversión”, analiza Mateo Valero. “Pero tiene que ser sostenible. Porque, si inyectas mucho dinero y no lo empleas bien, cuando se acaba, se cae el andamio. Que los fondos no sean salida de caballo y parada de burro”.

La formación profesional del futuro

Albacete abre caminos

El aula magna del Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas es una luminosa nave industrial donde un grupo de alumnas y alumnos destripan un reactor y varios helicópteros. Truenan sobre sus cabezas los cazas Eurofighter de la vecina base aérea de Los Llanos. Albacete se ha convertido en un hub aeronáutico gracias a esa veterana base aérea, la planta de helicópteros Eurocopter, la maestranza aérea, el centro logístico de la compañía Airbus, la escuela de pilotos de la OTAN y este instituto de FP que proporciona a sus estudiantes las más altas cualificaciones aéreas europeas en aeromecánica y aviónica. El currículo del centro se completa con la especialización en innovación agraria y, sobre todo, en energías renovables. Sus graduados son solicitados por empresas de todo el mundo, especialmente en EE UU. Parte de la energía que consume este instituto procede de un huerto solar creado por sus propios alumnos.

Juanjo González Cifuentes, ingeniero industrial, es desde hace dos décadas su apasionado director. “Durante muchos años, la FP ha estado estigmatizada en España, pero en los próximos años, el 82% de los puestos de trabajo de calidad que se van a crear en la UE son de formación profesional. Con la actual ley, toda la formación está dualizada; cada programa está acompañado por empresas, con las que trabajamos y que transfieren el conocimiento resultante a la sociedad. Nuestra obligación es conectar la educación con la realidad del mercado”. Este centro educativo, al que daba nombre un humilde poblado de colonos creado por Franco a seis kilómetros de la capital, nació como una escuela de capataces. Hoy es el referente de la FP y ha realizado 150 proyectos de innovación y transferencia del conocimiento que han contado con financiación de la UE.

El Plan de Recuperación ha asignado 2.076 millones de euros al Perte de impulso de la formación profesional. La FP es uno de los pilares de las reformas e inversiones pactadas con Bruselas. En el Centro Aguas Nuevas, el proyecto más innovador financiado por los fondos es el diseño, construcción y ensayos de cuatro prototipos de avión no tripulado, operados por control remoto y propulsados por pila de hidrógeno, en colaboración con el Instituto Illa dels Bagnols, de El Prat de Llobregat. Cada uno ha conseguido 80.000 euros. Uno de sus profesores, el ingeniero Ángel Villalba, es el alma del experimento, en el que se afanan una docena de alumnos. “Es un proyecto que reúne todos los pilares de la UE: formación, innovación y transición ecológica. España puede ser un referente tecnológico en producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable. Y este avión vuela”, dice Villalba.

Además, el Aguas Nuevas ha sido seleccionado para otros proyectos financiados por la Unión Europea, con los que conseguirá 200.000 euros más para subvencionar desde el aprendizaje de sus alumnos a través de la realidad virtual (por el que ha recibido 120.000 euros a compartir con el Instituto Ana Luisa Benítez, de Las Palmas) hasta la innovación en la gestión de plantación de árboles frutales (con 122.000 euros de nuevo junto al citado instituto insular). Su director concluye: “Todo lo que vemos que está financiado por los fondos son aún proyectos, pero abren un camino que en su día transformará la sociedad”.

Medicina de vanguardia

Los datos vencen a las enfermedades

Hasta el 80% de las personas que padecen el trastorno del espectro autista (TEA) no saben a qué se debe su discapacidad. Hay medio millón en España. Ante ese vacío, la psiquiatra Mara Parellada creó en 2008 el primer servicio de atención integral del trastorno en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Un espacio digno donde los niños y sus familias pudieran ser atendidos de forma personalizada, desde la neurología a las pruebas analíticas y el apoyo telemático, y que cuenta con 3.800 pacientes. “El autismo no tiene cura”, explica Parellada, “pero, si se detecta pronto, mejora la vida del que lo padece”.

Dentro del Perte para la salud de vanguardia dotado por el Plan de Recuperación (que combina la medicina con la biología computacional), el equipo del Marañón coordina un proyecto de investigación dotado con más de tres millones de los fondos para consensuar las causas, el diagnóstico y el tratamiento del autismo en colaboración con los hospitales Virgen de Arrixaca, de Murcia; Virgen del Rocío, de Sevilla; Clínic, de Barcelona; Universitario de Navarra, Universitario de Santiago, el Instituto Carlos III y el de Investigación Biomédica de Navarra. El programa reclutará a 1.000 niños con ese trastorno en esas seis comunidades como una muestra que genere conocimiento trasladable a la práctica hospitalaria. “Con ese dinero vamos a volcar la investigación a una base de datos que le sea útil al médico para que encuentre la causa del autismo de forma más fácil. Se trata de localizar más casos, más rápido e intervenir sin perder tiempo”.

Comunidades energéticas

La autonomía de un pueblo

Para comprender qué es la España vacía solo hay que trepar hasta el huerto solar de Luco de Jiloca, a una hora de Teruel; sentir el cierzo, mirar hacia el río Jiloca, contemplar el puente romano y el viejo molino, y darse cuenta en esa inmensidad de que no hay nadie en kilómetros a la redonda. En Luco hay empadronadas 27 personas. La mitad que hace una década. Se vive del cerdo y el cereal. Su estrecha carretera está desierta y muchas casas abandonadas o al borde de la ruina. Solo hay un niño. En el viejo bar del teleclub (que regenta una pareja de origen rumano) no entran más de una decena de lugareños al día.

Tras vivir en Brasil durante 15 años, el ingeniero Carlos Ariñez, natural del lugar, volvió a esta tierra después de la pandemia con una idea en la cabeza: “Crear una comunidad energética aupada por los fondos europeos, que fuera un motor del cambio y anclara a la gente a este territorio. Quería que generáramos electricidad fotovoltaica para nuestro consumo, incluso para tener un beneficio si había excedente, pero sobre todo lo veo como un generador de oportunidades; como un motor de cambio. Si la electricidad te sale gratis, es un incentivo para quedarte o para instalarte aquí con tu familia”.

Ariñez, junto a María Navarro y Carlos Martín, se pusieron manos a la obra. Primero consiguieron dinero del Fondo de Desarrollo Regional de la UE. Y, más tarde, 20.000 euros del Plan de Recuperación, con los que ampliaron el número de paneles solares, crearon un sistema de monitorización y software para saber la producción y el consumo de cada socio, e instalarán un centro de recarga para coches y bicicletas eléctricos. No fue una tarea fácil. “Para conseguir los fondos hay que tener un máster. Fuimos muy pesados; nos sabíamos los trucos administrativos, pero nunca pensamos que el proceso iba a ser tan largo. Crear una comunidad energética puede llevar tres años de tramitaciones. Hay mucho desconocimiento en los ayuntamientos, lentitud y palos en las ruedas. Tardamos un año en conseguir un permiso de Industria. Y las limitaciones del plan urbanístico son terribles. No hay un manual de instrucciones. Pero ahora ayudamos a otros pueblos que quieran seguir nuestro camino. Ya hay algunas comunidades energéticas en Navarra y el País Vasco; y también podrían ser bloques de vecinos, pero está todo por hacer. Ciento sesenta pueblos de Teruel podrían hacer lo que nosotros iniciamos; ahora es el momento y Europa te ayuda, pero presentarlo en tiempo y forma es complicado”, dice Ariñez.

La comunidad energética de Luco es una cooperativa compuesta por 27 socios, 25 vecinos de la localidad, una empresa local y el vecino Ayuntamiento de Calamocha. Cada uno puso algo más de 1.000 euros. Hoy cuenta con un huerto solar con 92 placas capaz de producir 65 kilovatios. Ariñez dice que cada socio amortizará su inversión en tres años. “Esto es un grito de esperanza para provocar la tendencia inversa al vaciamiento y el abandono de España”.