La misión de la Eurocámara dice no haber hallado ningún indicio de fraude en la ejecución de los fondos: “No hay perspectiva de cortarle el grifo a España”

“¿Fraude? ¡Desde luego que no!”. La presidenta del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, ha sido rotunda en su comparecencia para dar cuentas de la misión que se ha desplazado a Madrid para analizar la ejecución de los fondos comunitarios en España. La delegación, según Holhmeier, no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos en el despliegue de los 31.000 millones de euros recibidos hasta finales de 2022. La alemana, del Partido Popular Europeo (PPE), sí ha recordado que la reforma de las pensiones va con retraso, pero le ha quitado importancia tras haberse reunido durante dos horas largas con el ministro José Luis Escrivá. “No tuve la impresión que el Gobierno español quiera quedarse de brazos cruzados. Vi al Ejecutivo muy comprometido”, ha considerado. “No hay perspectiva de cortarle el grifo a España”, ha zanjado.

El viaje de Hohlmeier ha cargado desde el comienzo con el lastre de la bronca política. La alemana había asegurado antes del viaje que no conocía el destino del dinero, el PP ponía en duda el control ejercido por la Comisión Europea después de que el viernes diera luz verde al tercer desembolso, y los consejeros autonómicos de ese partido se quejaban en la primera reunión del comité de “discriminación política”. Sin embargo, la alemana ha rebajado el tono este mediodía, si bien ha cuestionado la reforma del delito de malversación —para rebajar el castigo por malversación sin ánimo de lucro—. Y aunque cree que no se pueden hacer “excepciones”, ha admitido que su visita no tiene como objeto “inmiscuirse” en “el código español”. “Exigimos tolerancia cero. El Gobierno nos dice que se compromete a que así sea. Y veremos qué nos transmite la Comisión Europea, porque no somos el órgano competente de eso”, ha afirmado.

Hohlmeier, que antes del viaje había cuestionado el destino de los fondos, sí ha demandado más transparencia y una mayor “interoperabilidad” del sistema de datos, bautizado como Coffee, con otras plataformas que controlan cómo se están repartiendo los 140.000 millones a los que aspira España, de los cuales la mitad corresponden a subvenciones y la otra mitad a préstamos. El sistema, además, había sido avalado ya el pasado viernes por la Comisión Europea, que respaldó ese sistema de auditoría y desbloqueó otros 6.000 millones de euros. “Los sistemas de control Coffee y Minerva están operativos, funcionan y se han implementado”, ha dicho la presidenta del comité. El problema está, según Hohlmeier, en que algunos datos no son publicables por la ley de protección de datos, por lo que ha invitado a las autoridades a buscar un sistema para poder sacarlos a la luz.

La misión del Parlamento Europeo se ha reunido esta semana con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. A pesar del rifirrafe previo al viaje entre Hohlmeier y las autoridades españolas, la alemana ha negado que haya habido “ninguna presión” a su trabajo. Según fuentes de la delegación, el Gobierno les ha presentado un exhaustivo análisis de los fondos, hasta el detalle de ofrecerles movimientos de tesorería. Además, el comité se reunió con consejeros del área económica de Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla-La Macha, periodistas y representantes de patronales y sindicatos.

El comunicado final pide más transparencia y una mayor participación de las comunidades autónomas en el plan. “También queríamos apoyar el enfoque de cogobernanza y la participación de las regiones y las partes interesadas relevantes en el diseño y la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia”, apunta el texto que ha leído la alemana. Además, el comité pide también que el Gobierno tenga una mayor flexibilidad a la hora de conceder las ayudas. “Nos informaron [las empresas] sobre licitaciones muy complejas y procedimientos muy burocráticos. Existe la necesidad de proporcionar recursos adicionales y apoyo técnico para garantizar la rápida implementación del plan, especialmente dada la intención de solicitar financiamiento adicional”, añade.

Ese documento ha sido, no obstante, el resultado del complejo equilibrio de la delegación. De los miembros oficiales, dos eran del PPE (Hohlmeier y Jose Manuel Fernandes), dos eran socialdemócratas (Isabel García Muñoz y Caterina Chinnici) y uno era de Vox (Jorge Buxadé). Entre los otros cinco, que venían como acompañantes había otra del PPE (Isabel Benjumea), otra socialista (Eider Gardiazábal), dos de Ciudadanos (Eva María Poptcheva y Susana Solís) y uno de Los Verdes (Ernest Urtasun, de Unidas Podemos). Según fuentes consultadas, los eurodiputados conservadores quisieron ir más lejos con la referencia al delito de malversación, pero los progresistas lo evitaron. “El comité tiene tolerancia cero contra la corrupción y ha preguntado al Gobierno sobre los cambios recientes en el Código Penal. Pedimos al Gobierno español que garantice que su legislación está alineada con este principio de tolerancia cero y que se asegure de que no hay excepciones”, reza finalmente el comunicado.

Divergencias entre los españoles

A la salida, los eurodiputados españoles han escenificado las divergencias entre ellos. Los progresistas han trasladado su satisfacción porque, a su juicio, la misión ha constatado que España cumple; Ciudadanos se ha quejado de no tener datos de ejecución presupuestaria, y el PP ha señalado a la malversación. “España sabe dónde está el dinero y ahora el Parlamento Europeo y el comité de Control Presupuestario, también”, ha afirmado la vicepresidenta del órgano y diputada socialista Isabel García. “No hay ningún indicio de haber infringido el reglamento ni de fraude. Y ningún riesgo de que se corte el grifo”, ha asegurado el parlamentario de Los Verdes, Ernest Urtasun, quien ha criticado que se “politizara el ejercicio”.

Más crítica ha sido la diputada del PP Isabel Benjumea, quien dijo que la Comisión le había expresado su preocupación por los trabajos del comité en España. La parlamentaria ha expresado la “preocupación” por el delito de malversación que finalmente cayó del comunicado y ha abundado en reclamar “transparencia” al Gobierno. La eurodiputada de Ciudadanos Eva Maria Poptcheva ha apuntado que la delegación no ha podido saber “cuál es el dato” de los fondos que “realmente han ido a parar a la economía real, a los ciudadanos”.

Los eurodiputados aterrizaron dos días después de que la Comisión liberara el tercer tramo de los fondos a España. Unos 6.000 millones que se han concedido a cambio de una serie de reformas, entre ellas la reforma de la ley concursal o el sistema de cotización de autónomos o la mejora de la herramienta de auditoría Coffee. El examen más difícil será el próximo, con el desbloqueo del cuarto pago, cuando habrá que analizar en su totalidad la reforma de las pensiones. Pero el informe que elabore el Parlamento Europeo en nada influirá en ese pago. El comité viajará ahora a Hungría y Francia. Y Hohlmeir advierte de que también tendrá un “ojo crítico” con el resto de socios. También con Países Bajos y Alemania, a quienes ya les echa en cara que carezcan de una buena plataforma de información.

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