Bruselas desbloquea otros 6.000 millones de ayudas a España tras avalar el sistema de control de los fondos

Fumata blanca con el plazo consumido: la Comisión Europea ha desbloqueado el tercer tramo de los fondos del plan de recuperación asignados a España. Se trata de 6.000 millones de euros, que se suman a los 31.000 millones ya recibidos en los anteriores desembolsos. Bruselas ha dado el sí este viernes mediante una evaluación preliminar, en la que ha avalado la consecución de los hitos y objetivos a los que el Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido para liberar esa parte de las ayudas. En esta ocasión la evaluación positiva llega con un pero, que ha sido la causa de la demora: el sistema de auditoría y control de los fondos diseñado por el Gobierno. Las autoridades comunitarias dan un toque de atención al Gobierno porque ese mecanismo llega con retraso, pero da por cumplidas las mejoras que le exigía.

Y después del tercer tramo, llegará el turno del cuarto, en el que se examinará una de las razones de ser del plan de recuperación: la reforma de pensiones completa. Al mismo tiempo que los técnicos del departamento de Economía y Finanzas de la Comisión han estado evaluando lo cumplido hasta ahora, también han negociado -y todavía lo hacen- cómo debe quedar la reforma de la Seguridad Social. Bruselas quiere asegurarse de que con los cambios se asegura la sostenibilidad financiera, de ahí que el Gobierno esté apostando por subir cotizaciones y un complemento sobre los sueldos más altos. Esta carpeta sigue abierta. El ministro José Luis Escrivá tiene abiertas negociaciones con los agentes sociales (sobre todo, los sindicatos), los grupos políticos y con la Comisión (técnicos y políticos). De su resultado, depende buena parte de lo que suceda a partir de ahora con el plan.

Para el Gobierno español, el plácet concedido este viernes es un espaldarazo importante apenas dos días antes de la llegada de la misión del Parlamento Europeo a España para analizar el despliegue del plan de recuperación. El viaje de los parlamentarios europeos —que son mayoritariamente españoles— es visto con suspicacias por el Ejecutivo y los socialistas, que temen que se convierta en un arma arrojadiza de los conservadores (españoles y continentales), que siempre que pueden tratan de atacarles por este flanco.

El paso dado este viernes consiste, administrativamente, en el visto bueno del Ejecutivo europeo a las reformas y las metas comprometidas por España en su plan de recuperación para este tercer pago. La evaluación pasa ahora al Consejo de la UE, es decir, los países miembros, que tiene dos meses para hacer observaciones si lo consideran y, después, darle el permiso a la Comisión para que haga finalmente el pago.

No ha sido esta vez la primera ocasión en que Bruselas ha evaluado el sistema de control y auditoría del plan. Ya lo hizo en el primer tramo, a finales de 2021, pero pidió a España que realizara ajustes. En concreto, le reclamó una mejora en la recopilación de datos sobre beneficiarios de estas ayudas que sean propietarios de compañías extranjeras, así como el refuerzo interno del acceso a la información para evitar conflictos de interés.

Este hito —como se conocen en jerga técnica los compromisos asumidos por los Estados miembros para acceder a las ayudas— estuvo bajo los focos el pasado octubre, después de que la agencia de noticias Bloomberg publicara que España se arriesgaba a perder dinero del fondo ante el riesgo de no tenerlo a punto a tiempo. Bruselas ha acabado evaluando de forma positiva cómo España ha seguido desarrollando el mecanismo de supervisión de los fondos.

Entre las mejoras analizadas, se incluye que la Agencia Tributaria ha firmado tres acuerdos con los notarios y los registradores de la propiedad y que el Ministerio de Justicia ha adoptado un protocolo para recoger información sobre empresas extranjeras. A la vez, se ha emitido una orden ministerial que da poderes para solicitar datos relevantes a autoridades extranjeras y se han reforzado los procedimientos de control interno. Además, el Gobierno ha desarrollado una nueva herramienta informática para revisar ex ante los riesgos de conflictos de intereses. Con estas actuaciones, la Comisión da por cumplidas las mejoras que exigía y a las que no dará seguimiento. Es decir, Bruselas no llevará a cabo otra evaluación aparejada al desbloqueo de futuros fondos que analice si las mejoras se han implementado correctamente.

Tanto el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, como la ministra española y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, habían avanzado que los fondos relativos al tercer desembolso llegarían “en los próximos días”. “Estamos trabajando intensamente, como siempre, con las autoridades españolas, que han tenido el privilegio, pero también la responsabilidad, de ser pioneros en el proceso del Plan de Recuperación y Resiliencia”, dijo el italiano el pasado lunes. De hecho, España ha sido el primer país en pedir el desbloqueo del tercer tramo, junto con Italia, y será el primero en recibir el dinero el próximo 28 de marzo.

Reformas comprometidas

El fondo de recuperación, diseñado para mitigar el impacto de la covid-19, es un mecanismo inédito de apoyo al crecimiento económico y social de los países miembros que la UE nunca había experimentado antes. Se trata de un balón de oxígeno bajo forma de transferencias —así como de un paquete adicional de préstamos—, a cambio de unas amplias reformas que Bruselas va evaluando antes y después de ejecutarse.

España es uno de los países que va a recibir más dinero de este nuevo esquema, por haber sido de los más afectados por la pandemia, y fue el primer país del club en pedir este tercer desembolso en noviembre. La primera transferencia, abonada en 2021 por parte del Ejecutivo comunitario, fue una prefinanciación que se entregó por aprobar el plan de recuperación. El primer pago oficial, de 10.000 millones, fue desbloqueado tras cumplir con 52 hitos, entre los cuales se encontraban reformas ya en marcha como la ley rider o el ingreso mínimo vital.

El segundo desembolso, el más ingente —12.000 millones euros—, iba aparejado a un conjunto de 40 objetivos del que formaban parte cambios relevantes, como la reforma laboral o la primera parte de la reforma de pensiones. Este último paquete ha despertado recelos dentro la Comisión Europea, que dio luz verde al pago, pero expresó dudas, sobre todo acerca del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

A este tercer tramo iban aparejados 24 hitos y 5 objetivos, llevados a cabo en 2022, que la Comisión evaluó durante tres meses —uno más de lo habitual—. Además del sistema de auditoría, el Gobierno se comprometió a aprobar la reforma de la ley concursal, la ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional y la reforma del sistema de cotizaciones sociales de los autónomos, que implica un cambio gradual para que estas vayan acercándose a los ingresos reales; avances en proyectos de I+D+i en el sector de la automoción; inversiones en el sector pesquero; medidas para ampliar el alcance del ingreso mínimo vital e inversiones en cultura.

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