Bruselas aprueba el pago de 12.000 millones del fondo de recuperación pero duda de la reforma de las pensiones

La Comisión Europea ha dado este lunes el visto bueno para entregar a España el segundo tramo del fondo de recuperación Next Generation EU, que asciende a 12.000 millones de euros. España se convierte en el primer Estado miembro en recibir el segundo pago de los fondos europeos. Al sumar los 9.000 millones del primero y el anticipo inicial del 13%, unos 10.000 millones, el Gobierno español ya ha obtenido 31.000 millones, el 44% de las subvenciones directas no reembolsables que le correspondieron, unos 70.000 millones a la espera de que se añadan otros 7.800 millones tras el nuevo cálculo que va a hacer la Comisión de la cantidad asignada a España.

Este segundo desembolso del plan de recuperación se corresponde con el cumplimiento de 40 hitos y objetivos a lo largo del segundo semestre de 2021. La Comisión ha dado un dictamen positivo sobre todos ellos, y ahora le toca al resto de los Estados miembros, a través del Comité Económico y Financiero, examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis es positivo y también lo avalan, o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie, el pago será autorizado.

En principio, ese paso debería ser un mero trámite y este segundo pago debería efectuarse sin problemas. Sin embargo, la Comisión ha lanzado una importante advertencia sobre las pensiones, que afectaría al cuarto desembolso, en el informe publicado este lunes: “Aunque la valoración de la sostenibilidad fiscal de estas reformas no es parte de lo que se examina ahora, España ha brindado información sobre el impacto fiscal de las medidas de pensiones que ya han sido legisladas. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional que reemplaza al Factor de Sostenibilidad ya ha sido aprobado. Las autoridades españolas han dado sus estimaciones que dicen que sustituir el Factor de Sostenibilidad con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional tendría un impacto fiscal neutro, mientras que la Comisión considera que es probable que conduzca a un incremento significativo del gasto público como porcentaje del PIB”, señala el documento en el que se analiza el cumplimiento de los hitos.

Es decir, como ya adelantó EL PAÍS, la Comisión duda del efecto que tenga el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el gasto en pensiones. Y recuerda que en lo que queda de reforma, habrá que intentar compensar el aumento del gasto en el que se ha incurrido por volver a ligar las prestaciones de jubilación al IPC. “Con el fin de respetar el objetivo general de la sostenibilidad fiscal de las reformas de pensiones, el riesgo de que emerja un déficit fiscal significativo por las medidas adoptadas debería ser abordado para asegurar que el cumplimiento satisfactorio del hito 409 (reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional) y el 410 (elaboración de unas proyecciones actualizadas mostrando cómo las reformas de pensiones tomadas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo)”, dice el papel que valora las medidas tomadas por España. En consecuencia, estaría en juego el pago del cuarto desembolso a principios del año que viene. Si bien cabe la posibilidad de que haya un pago parcial en función de lo que sí se haya cumplido.

La Comisión Europea está de acuerdo con el Gobierno en que el gasto en pensiones aumentará en unos 2,7 puntos de PIB para 2050, unos 32.000 millones de euros de la actualidad, debido a que se han vuelto a actualizar las prestaciones con la inflación. Pero en cambio no coincide con el Ejecutivo en el impacto que tendrán las medidas para alargar la vida laboral y evitar las jubilaciones anticipadas. El Gobierno afirma que supondrá un ahorro de entre 1,1 y 1,6 puntos de PIB. Por el contrario, Bruselas sostiene que estas proyecciones son optimistas y que el 1,1 es más realista que el 1,6. Todavía falta por aprobar el nuevo periodo de cómputo para calcular las pensiones, las contribuciones de los autónomos y las subidas de las cotizaciones máximas. Dependiendo de cómo se concreten estas medidas, la Comisión analizará si aportan los ahorros suficientes como para equilibrar el aumento de gasto aprobado al vincular de nuevo las pensiones al IPC.

Sin ajuste automático

El Factor de Sostenibilidad que se ha suprimido ajustaba la pensión inicial en la medida en que hubiese un aumento de la esperanza de vida, arrojando unos ahorros de en torno a un punto de PIB anual para 2050. La idea era que implicaba un ajuste automático del gasto sin que mediara decisión política. Sin embargo, en 2018, ante las protestas de los pensionistas, el Gobierno de Mariano Rajoy pactó con el PNV suspender su entrada en vigor prevista para el año siguiente. Por su parte, el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional implica una subida de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2032, lo que supone un ahorro anual de 0,2 puntos de PIB que se destinarán al Fondo de Reserva. Y se deja abierto a que dentro de una década se tomen más medidas de ajuste si fuera necesario, pactándolas con la patronal y los sindicatos. Esta falta de automatismo es lo que ha disgustado a Bruselas.

El pago de 12.000 millones se corresponde con la consecución de un conjunto de medidas para transformar la economía española, entre las que destacan la reforma laboral y la primera parte de la reforma de pensiones. La laboral busca reducir la temporalidad del empleo y reequilibrar la negociación colectiva. La de pensiones, asegurar el poder adquisitivo de las prestaciones.

Dentro de los ejes verde y digital, los hitos que se han logrado para este desembolso incluyen la aprobación de la hoja de ruta de la energía eólica marina; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, los impuestos al plástico y los residuos que entrarán en vigor en 2023, la Carta de los Derechos Digitales, la entrada en vigor del real decreto-ley para la protección de los trabajadores que se dedican al reparto a domicilio utilizando plataformas digitales o medidas fiscales para acelerar el despliegue del 5G. Además, se han puesto en marcha iniciativas que, en opinión de la Comisión, sirven para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la cohesión territorial, como son la reforma universitaria, mejoras en el sistema de I+D, la reforma de los abogados y procuradores, la modernización y el aumento de plantilla de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

La Comisión disponía de dos meses para examinar la documentación que presentó el Gobierno de España el pasado abril con el fin de solicitar el segundo desembolso. En la reunión de este mes de ministros de Economía y Finanzas de la UE, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya explicó que durante el segundo semestre de este año se firmará una adenda al Plan de Recuperación, y que en esta España solicitará la movilización de “todos los créditos asignados”, otros 70.000 millones que servirán como financiación barata pero que aumentarán la deuda.