Bruselas plantea dudas a España sobre la reforma de las pensiones

En Bruselas cunden las dudas sobre la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno a finales de 2021, hasta el punto de que podrían poner en peligro futuros desembolsos de fondos europeos. La Comisión Europea asegura que el próximo pago, de 12.000 millones de euros, se hará sin inconvenientes. Pero fuentes comunitarias advierten de que las discrepancias sobre las pensiones deberán resolverse antes de proceder a las entregas de fondos de inicios de 2023. Los temores de Bruselas se concentran en el mecanismo aprobado para sustituir el Factor de Sostenibilidad y asegurar la salud financiera del sistema de pensiones, admiten fuentes en Madrid y en la capital comunitaria. Este debate ha transcurrido en gran medida a nivel técnico. En el plano político, estas fuentes recuerdan que la Comisión tiene puesta su atención en las medidas para conseguir la independencia energética y en evitar que haya otra recesión en Europa por la guerra de Ucrania. Sin embargo, reconocen que el asunto de las pensiones podría dificultar las conversaciones. De hecho, el desembolso de los 12.000 millones que toca ahora ya se ha retrasado en varios meses por este tira y afloja.

El escrutinio ha aumentado. Madrid y Bruselas han mantenido un debate técnico en los últimos meses. Según explican estas fuentes, la Comisión había planteado, incluso, evaluar ya este instrumento, llamado oficialmente Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es decir, adelantar la valoración de esta parte de la reforma al examen de los hitos que hay que cumplir para recibir los 12.000 millones del segundo desembolso de los fondos europeos, que se está llevando a cabo estas semanas tras la solicitud de España. Y ello a pesar de que lo comprometido entre ambas partes cuando se aprobó el plan era evaluarlo con el cuarto pago, es decir, a comienzos de 2023. Ante la insistencia de Bruselas, el Gobierno contestó que el examen debía hacerse cuando correspondía y que no se podía valorar este aspecto de la reforma sin tener finalizado el resto, que actualmente se está negociando con los agentes sociales. Al final, en estas conversaciones técnicas se ha impuesto la opinión del Ejecutivo español. Y así lo ha señalado el comisario de Economía europeo, Paolo Gentiloni, quien recientemente apuntó en la Eurocámara que la sostenibilidad de las pensiones “será examinada en las siguientes peticiones” de fondos del plan de recuperación. El desembolso del segundo plazo de los fondos europeos, que asciende a 12.000 millones, no peligra, aclaran fuentes de Bruselas.

El Ministerio de Seguridad Social sostiene que las conversaciones con los técnicos han sido continuas y productivas para que puedan entender la naturaleza, el contenido y apreciar la coherencia del conjunto de reformas. “No nos han transmitido ninguna inquietud ni sobre el conjunto de la reforma ni sobre ninguna de las medidas concretas. Al contrario, a todos los niveles se han secundado las reformas planteadas, como muestran las palabras del comisario Gentiloni el pasado lunes”, argumentan fuentes del ministerio. En todo caso, recuerdan que la evaluación de la reforma de pensiones debe hacerse cuando estén todas las medidas implantadas.

La segunda parte de la reforma

Lo aprobado hasta ahora comprende la vinculación de las pensiones al IPC, la transferencia del Estado por los llamados gastos impropios, los cambios en las penalizaciones por anticipar la jubilación y la mejora de los incentivos para retirarse más allá de la edad legal de jubilación. Y a esto se está ciñendo finalmente el análisis de Bruselas. En la segunda parte se incluirán las cotizaciones de los autónomos, el destope de cotizaciones, un aumento del periodo de cómputo para calcular la pensión y, según lo previsto, el mecanismo ya aprobado.

El debate entre el Gobierno y la Comisión se ha centrado en el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al llamado factor de sostenibilidad que aprobó el PP y que nunca se ha llegado a aplicar. Este último reducía la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida, es decir, cuanto mayores fueran las probabilidades de vivir más años, más bajaba la prestación inicial con la que se retira el jubilado. La fórmula tenía el objetivo de contribuir a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y arrojaba unos ahorros de en torno a un punto del PIB anual para 2050. La idea era que implicaba un ajuste automático del gasto sin que mediara decisión política, siempre y cuando las calles no se llenaran de gente protestando como sucedió en 2018. Entonces, ante las presiones de los pensionistas, el Gobierno de Rajoy pactó con el PNV suspender su entrada en vigor prevista para el año siguiente.

Por su parte, el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional implica una subida de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2032, lo que supone un ahorro anual de 0,2 puntos de PIB que se destinarán al Fondo de Reserva. Y se deja abierto a que dentro de una década se tomen más medidas de ajuste si fuera necesario, pactándolas con la patronal y los sindicatos. Para determinar si es necesario, a partir de 2033 se vigilará la evolución del gasto cada tres años, tomando como referencia el desembolso en pensiones sobre PIB previsto por el Ageing Report de 2024, un informe con previsiones demográficas y su impacto en las arcas públicas de los países europeos. Si el desembolso previsto para 2050 supera esa referencia una vez restado el efecto que tendría el suprimido Factor de Sostenibilidad, entonces se recurrirá al Fondo de Reserva. Si esto no fuera suficiente, el Gobierno de turno y los agentes sociales tendrán que negociar los ajustes necesarios. La supresión del automatismo es lo que ha disgustado en Bruselas, algo que el Ejecutivo español justifica con el argumento de que así se gana apoyo social y político para los cambios y se evita el ejemplo de lo que ocurrió con la reforma de 2013, que no contó con esos apoyos y ha acabado derogada.

La discrepancia también se halla en las previsiones sobre cómo van a evolucionar las pensiones en relación a la economía. En la capital comunitaria genera inquietud la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, sobre todo en un momento en el que empieza a cambiar el ciclo de tipos de interés y cuando una inflación disparada obligará a España a desembolsar una factura adicional de más de 10.000 millones para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Sospechan que los cálculos del Gobierno español son muy optimistas, una actitud que, por otro lado, es habitual de los funcionarios comunitarios con todos los Ejecutivos. Si bien esta vez es compartida con otros estamentos públicos y privados.

Por ejemplo, el Banco de España acaba de afirmar que harán falta medidas adicionales por el lado del gasto, de los ingresos o de ambos. A finales del año pasado, en el Senado, el gobernador Pablo Hernández de Cos dijo que volver a ligar las pensiones con el IPC y suprimir el Factor de Sostenibilidad haría que el gasto anual en pensiones aumentará en unos 4 puntos de PIB de aquí a 2050, más de 50.000 millones de la actualidad, el equivalente a la mitad de lo que se recauda por IRPF. Y concluyó que las medidas planteadas apenas contrarrestaban eso: “Sumen y resten”, dijo a los senadores allí presentes. Ante estas afirmaciones, el ministro Escrivá ha declarado que los números del Banco de España son “poco sofisticados”.

El periodo para calcular la pensión

Aparte de los ingresos por autónomos y por destopar cotizaciones, la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión supondría un ahorro para el sistema y, por tanto, un recorte de prestaciones si se ampliaban los años de cálculo de los 25 a 35, como planteaba al principio el Ministerio de Seguridad Social. Pero desde hace ya tiempo este departamento insiste en que se permitirá que se escojan los mejores años de la carrera laboral y que se reforzará el sistema para integrar lagunas de cotización, lo que al final haría que esta fórmula no deparase tantos ahorros, como así se reconocía en el documento de reformas enviado a Bruselas con el Plan de Recuperación. “Con carácter general, esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización”, decía el papel en el que desgranaba esta reforma a Bruselas, el llamado componente 30.