El Banco de España considera insuficiente la reforma de pensiones de Escrivá

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que la reforma de pensiones que ha planteado hasta ahora el ministro José Luis Escrivá es “insuficiente” para asegurar la sostenibilidad del sistema. Esta reforma ha supuesto, por un lado, volver a las revalorizaciones con el IPC. Y, por otro, la eliminación del factor de sostenibilidad, que preveía recortar la prestación en función del aumento de la esperanza de vida aunque nunca se llegó a aplicar. Tras la supresión de estas dos medidas, el gasto en prestaciones va a subir con la jubilación del baby boom en más de 4 puntos de PIB de aquí a 2050, esto es, en unos 50.000 millones anuales a fecha de hoy. Sin embargo, según ha explicado este martes el gobernador en una comparecencia en el Senado, las propuestas del Ministerio de Seguridad Social tan solo conseguirían cubrir menos de la mitad de ese aumento en el mejor de los casos. “Sumen y resten”, ha dicho Hernández de Cos a los senadores.

“Es bien sabido que la evolución demográfica y la tasa de dependencia [la relación entre la población en edad de trabajar y el número de pensionistas] generarán en los próximos años una fuerte presión sobre el sistema de pensiones de acuerdo con las proyecciones de todas las instituciones”, ha señalado el gobernador en una intervención ante la Comisión de Presupuestos.

Según ha explicado, las reformas de 2011 y 2013 pretendían afrontar estos problemas. La primera alargaba la edad de jubilación. Y la segunda, por una parte, ligaba la evolución de los gastos a los ingresos al no permitir que las pensiones subieran más del 0,25% en tanto que hubiese un déficit en las cuentas. Por otra, ajustaba la prestación inicial si subía la esperanza de vida mediante el llamado factor de sostenibilidad. “Estos mecanismos reforzaban de manera significativa la sostenibilidad financiera del sistema en el medio plazo, si bien, en el caso de que no se incorporaran nuevos ingresos, el ajuste se producía sobre todo a través de una reducción de la tasa de beneficio”, ha afirmado el gobernador. Es decir, si no se ponían más ingresos, el ajuste de la reforma que hizo el PP en 2013 se producía a través de una pensión cada vez menor respecto al último salario.

No obstante, el gobernador ha recordado que estas dos últimas fórmulas han sido ahora suprimidas y que se han sustituido por la actualización de las prestaciones con el IPC. Una decisión que, como ha apuntado Hernández de Cos, implicaría un aumento del gasto en unos 3,3 puntos de PIB anuales entre 2019 y 2050, según las últimas estimaciones de la Autoridad Fiscal. Y además se añadiría la derogación del factor de sostenibilidad, que vinculaba la prestación a la esperanza de vida y que suponía un ahorro de 0,9 puntos a 2050, también de acuerdo con los cálculos de la Autoridad Fiscal.

En total, el aumento del gasto se cifra en un 4,2% del PIB al año, el equivalente a un 60% de lo que se recauda por IRPF anualmente. Sin embargo, la reforma de Escrivá no recoge elementos suficientes para compensar este incremento de los desembolsos: “La indiciación de las pensiones con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad requerirán de medidas por el lado de los ingresos o los gastos adicionales a las especificadas hasta el momento en el Proyecto de Ley actualmente en trámite parlamentario”, ha subrayado Hernández de Cos.

El gobernador ha comentado que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que ha presentado Escrivá conllevará una recaudación anual del 0,2% del PIB por las subidas de cotizaciones. Y en el mayor de los casos este nuevo mecanismo contempla que en 2033 haya una evaluación y se tomen medidas sobre el gasto o los ingresos para compensar cualquier desviación hasta un máximo del 0,8% del PIB. Además, las previsiones de Escrivá aseguran que se podrían lograr entre 1 y 1,6 puntos de PIB por sus iniciativas para alargar la vida laboral, algo que refutan los expertos en gran medida porque cuando las personas se jubilan antes se les aplica unos coeficientes reductores a la prestación muy fuertes que a la larga reportan un ahorro considerable para la Seguridad Social. Sobre esta misma previsión, el gobernador ha apuntado que “la estimación de su efectividad está sujeta a una elevada incertidumbre”.

Escrivá también ha aprobado una transferencia de unos 22.000 millones de euros desde el Presupuesto a la Seguridad Social con el fin de cerrar el déficit que ya existe. En cuanto a este traspaso, “mejorará las cuentas de la Seguridad Social pero no las públicas”, ha recalcado Hernández de Cos. Así las cosas, según las cuentas del gobernador, con la reforma planteada hasta ahora quedaría al menos por compensar un agujero de entre 2 y 3 puntos de PIB que se generará durante las próximas décadas: entre 25.000 y 37.000 millones de euros a fecha de hoy.

El gobernador también ha pedido que se mantenga la flexibilidad que brindaba a las empresas la reforma laboral de 2012. En su opinión, la falta de flexibilidad llevaba a una mayor destrucción de empleo y es necesaria en una coyuntura en la que las empresas deben adaptarse a la pandemia, la digitalización y las medidas contra el cambio climático. Si bien ha admitido que la reforma de 2012 fracasó a la hora de atajar la excesiva temporalidad y el paro de larga duración. Para el primer reto ha recomendado la mochila austriaca. Y para el segundo, aplicar las políticas de formación y recolocación que han desarrollado los países nórdicos.