Las pensiones subirán un 2,5% en enero de 2022

La vinculación de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) aprobada en la primera parte de la reforma de las pensiones provocará que se incrementen en un 2,5% el 1 de enero de 2022. Tomando como referencia el dato adelantado del IPC de noviembre, que se ha dado a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes y que lo ha situado en un 5,6%, ya es posible llevar a cabo la media requerida por la nueva norma para determinar el importe en el que aumentarán las prestaciones el próximo año, y que resulta del IPC promedio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

Sin embargo, antes de que se materialice este incremento Seguridad Social deberá llevar a cabo un ajuste preliminar, también de aplicación en 2022. Debido a un aumento de los precios superior al estipulado por el Gobierno para 2021, será necesaria una última paguilla para los pensionistas con la que compensar el desfase de las previsiones. El 0,9% determinado inicialmente por el Ejecutivo se quedará muy lejos del dato final con el que concluirá el año, y que, a falta de conocer con qué cifra concluye el mes de diciembre, oscilará cerca del 3%, según Funcas.

El servicio de estudio de las antiguas cajas de ahorro cuantifica que esa paguilla —que se ajustará a la diferencia entre ambos porcentajes, previsiblemente de un 2,1%—, costará a las arcas del Estado algo más de 2.000 millones de euros, y se ingresará a principios del próximo año. Las pensiones subirán por encima de los salarios por convenio, que han crecido este año en un 1,7%.

Para realizar una proyección de cuánto supondrán en euros ambos aumentos, hay que tener en cuenta un matiz: el plus de la paga se ejecutará sobre la pensión actual; mientras que el 2,5% de la revalorización será sobre esa base aumentada. Un ejemplo práctico en el caso de las jubilaciones (que representan el 62,6% del total de las pensiones) sería el siguiente: tomando como referencia la asignación media, de 1.193,81 euros, a esta habría que sumarle el 2,1% de la paga, que supondrían unos 25 euros. Incorporando esa cantidad a la nueva media (1.218,81 euros), sería sobre ella cuando habría de aplicarse la revalorización del 2,5%, que sería de 30 euros (1.248,81). Sumando estos dos aumentos (la paga más la revalorización), el poder adquisitivo de los pensionistas podría verse reforzado en un 4,6%.

Como anunció recientemente el ministerio que dirige José Luis Escrivá, el gasto en pensiones en noviembre se situó en 10.285,25 millones de euros, y tomando como referencia los últimos 12 meses la partida supuso el 12% del producto interior bruto (PIB). Las previsiones de Seguridad Social contemplan que el gasto estimado para 2021 supere en un 3% al de 2020.

Compromiso adquirido

La revalorización de las pensiones con el IPC ha sido uno de los hitos principales de la primera parte de la reforma de las pensiones que han acordado Gobierno, sindicatos y patronal en el seno del diálogo social, y con la que se daba cumplimiento a la recomendación segunda del Pacto de Toledo.

Esta unión a la inflación, además, se ve reforzada por el hecho de que aquellos años en los que los precios caigan, las pensiones no sufrirán alteraciones. Esto es, se mantendrán fijas, lo que blindará nuevamente el poder adquisitivo de los pensionistas. Eso sí, la evaluación del mecanismo de revalorización se trasladará al marco del diálogo social cada cinco años.

Dentro de este primer hito se incorporó la derogación del factor de sostenibilidad ―una fórmula que aprobó el Ejecutivo del PP en 2013 y que ajustaba la prestación de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida―, y su reemplazo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que conllevará un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales con el que se pretende crear un fondo con el que hacer frente a la jubilación de los baby boomers —la generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX—, y que supondrá un gran esfuerzo para el sistema de pensiones por su volumen.

Durante la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones el Gobierno aprobó también la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios en cuanto a las pensiones de viudedad, y la elaboración y remisión a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo “un informe relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva”. Este informe deberá tomar como referencia el “periodo comprendido entre los años 1980 y 2020, ambos incluidos”.