Bruselas flexibiliza el fondo de recuperación para que pueda gastarse a tiempo

Será difícil gastar los 648.000 millones del plan de recuperación antes de que se cumpla el plazo para poder hacerlo. Para facilitarlo y que los Estados lleguen a tiempo, agosto de 2026, la Comisión Europea ha diseñado unos nuevos criterios para modificar los planes de recuperación “sin rebajar la ambición” del programa, explica el borrador publicado esta semana por el Ejecutivo de la UE. Ahí “da más claridad” para hacer cambios si así se reduce cargas administrativas y también permite transferir hasta un 6% del dinero asignado a proyectos de tecnología estratégica (biotecnología, materias primas críticas, materiales avanzados para la industria). Al mismo tiempo, el Ejecutivo presiona a los Gobiernos para que hagan “todos los esfuerzos posibles para garantizar las reformas e inversiones, y presentar las solicitudes de pago a tiempo”, un toque de atención evidente a las capitales europeas, ya que los retrasos en los calendarios pactados inicialmente son más que habituales.

Hasta este miércoles, la Comisión Europea había entregado a los Estados casi 240.400 millones de euros. El último pago fue a Francia, 7.500 millones. Es decir, a falta de algo más de dos años para que finalice el plazo, el dinero entregado a los Gobiernos para que lo inviertan en lo que se comprometieron cuando elaboraron su plan es poco más de un tercio de lo previsto, concretamente el 37%. Este porcentaje aumentaría hasta el 41% si en las próximas semanas Bruselas diera el visto bueno a todas las solicitudes pendientes: Bulgaria, Grecia, Italia, Países Bajos y España. Pero ni con esos 25.000 millones más se llegaría a la mitad.

Estos datos y los nuevos criterios, que entrarán en vigor cuando se traduzcan a las 24 lenguas oficiales de la UE y se publiquen en el diario oficial, subrayan otra vez uno de los problemas que se han apuntado sobre el fondo de recuperación desde primera hora: las dificultades que bastantes Estados de la Unión iban a tener para absorber la cantidad ingente de recursos que iban a llegar con esta herramienta puesta en marcha para salir de la crisis que provocó la pandemia y, de paso, impulsar la transición hacia una economía descarbonizada y más digitalizada. “Lo llevamos advirtiendo desde el primer momento”, explica la todavía eurodiputada socialista, Eider Gardiazabal, una de las ponentes en el Parlamento Europeo de la norma que desarrolló el Fondo de Recuperación, quien, además, abogó en la modificación que se hizo de los reglamentos cuando Rusia invadió Ucrania por introducir una enmienda que favoreciera modificaciones en los planes estatales “cuando hubiera circunstancias objetivas” provocadas por la guerra. Ahora esas circunstancias se amplían, contemplándose la reducción de cargas administrativas entre ellas.

El desafío de invertir todos los fondos asignados antes del 31 de agosto de 2026 se agrava en algunos países porque ni siquiera han comenzado a recibir los fondos. Es el caso de Hungría, un país que apenas ha recibido una parte de la prefinanciación del plan porque no ha cumplido con las exigencias reforzadas de reformas en la lucha contra la corrupción que le pide la Comisión. Tampoco Países Bajos, Irlanda o Suecia han cobrado un solo euro —excepto la parte prefinanciada— aunque en este caso no parece que invertirlo todo pueda ser un problema, ya que sus economías no fueron muy golpeadas por la pandemia y las cantidades a percibir no son grandes: la suma de lo que recibirán los tres no supera los 10.000 millones.

Polonia todavía puede chocar con más dificultades, puesto que recibió a mitad de abril el primer tramo de su plan, 6.300 millones de los cerca de 60.000 que puede llegar a percibir. También España se enfrenta a un desafío considerable: el fondo le tiene asignados 163.014 millones, de los que ha recibido 37.000 millones, en las próximas semanas probablemente recibirá la mayor parte del siguiente tramo, 10.000 millones. España, no obstante, todavía tendrá pendiente de ejecutar en poco más de dos años unos 120.000 millones. Italia, por su parte, ya ha ingresado cerca de 81.000 millones, pero el esfuerzo que le falta sigue siendo mayúsculo, pues su plan era el más grande de todos, con cerca de 195.000 millones.

El borrador de los nuevos criterios para hacer modificaciones en los planes de recuperación nacionales llega a raíz de la evaluación que la propia Comisión presentó a los ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin, el pasado abril. De ese análisis, hecho a mitad de la implementación del Fondo de Recuperación y Resiliencia, nombre oficial del plan inversor más ambicioso aprobado en la historia de la UE, el Ecofin concluyó que tenía que pedir a la Comisión “que determine formas concretas de racionalizar y mejorar la aplicación del mecanismo y de los planes, garantizando al mismo tiempo la adecuada protección de los intereses financieros de la Unión”, explicaba el texto aprobado al final de la reunión.

En las semanas previas a aquel encuentro, celebrado en Luxemburgo, volvieron a coger fuerza los rumores de que había capitales pidiendo que se ampliara el plazo en que se podía invertir el dinero del plan de recuperación más allá de 2026. Esta vez la petición llegaba, principalmente, desde Polonia, país que ha comenzado muy tarde el despliegue de su plan por las agresiones al Estado de derecho. No obstante, esta reclamación nunca tuvo posibilidad alguna de salir adelante. Lo ha advertido una vez tras otra el propio comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que cuando el debate coge fuerza trata de enfriarlo argumentando que ese paso precisa de cambios en el reglamento original del Fondo que, incluso, necesitan la ratificación parlamentaria de muchos Estados miembros.

La solución dada, por ahora, se queda en flexibilizar la ejecución del plan sin que, por ello, “pierda ambición”, una expresión que aparece en varias ocasiones durante las 39 páginas del borrador publicado. En él se abre la opción a cambios en el plan de recuperación si “un Estado miembro identifica una forma de implementar una medida de forma que reduce la carga administrativa” sin, por ello, diluir la esencia de lo previsto. “Define más claramente el alcance de los cambios [que pueden hacer los Estados]”, continúan diciendo los nuevos criterios, que reemplazarán a buena parte de los vigentes, aprobados en marzo de 2023.

Más incluso que la reiteración de que no se puede rebajar el nivel del plan, destaca mucho que el objetivo principal que se persigue para acelerar la implementación es reducir las cargas administrativas y las obligaciones de información. Esta siempre ha sido una de las mayores demandas de las empresas, especialmente de las pymes, que suelen destacar la burocracia les resta mucho tiempo y les desvía del objetivo por el que reciben la ayuda. Precisamente para tratar de ayudar en este campo, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, aprovechó la reunión del Ecofin de Luxemburgo en la que se trataba este asunto para anunciar que el Gobierno iba a preparar una aplicación de inteligencia artificial (IA) que fuera en la línea de lo que ahora plantea la Comisión Europea: reducir cargas administrativas y el volumen de información.

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