El jefe de policía corrupto diseñó una estrategia para saber si investigaban a sus narcos protegidos y evitar que los vigilaran

Durante al menos cinco años, el que fuera inspector jefe de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía de Madrid, Óscar Sánchez, tejió una red de alertas del sistema policial tan densa, que cualquier investigación a sus “protegidos” llegaba a su conocimiento. Este alto mando policial antiblanqueo fue detenido en noviembre junto a otras 14 personas acusadas de formar una organización criminal dedicada a la importación de droga y blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad. Fuentes cercanas al caso definen el sistema que creó Sánchez como un “campo de minas” que, durante años blindó a los narcos con los que presuntamente colaboraba, permitió escapar a varios de ellos de ser detenidos y torpedeó vigilancias de sus compañeros a posibles objetivos. Una completa hoja de servicios por la que amasó millones de euros que tuvo que esconder en las paredes de su casa y en su propio despacho. Es probablemente, si se confirman judicialmente los hechos, el caso de corrupción de un policía más grave de España, destapado y perseguido por los propios mecanismos internos del cuerpo.

Este entramado pivotaba en torno al inspector jefe y a Ignacio Torán, presunto líder del grupo de narcotraficantes. El mecanismo que desplegó el policía consistía en buscar en bases de datos nombres, matrículas y sociedades relacionadas con la red criminal y en hacer “cruces”, es decir, introducir nombres en el sistema supuestamente investigados por él o sus subordinados para que saltara una coincidencia en caso de que constaran en otra operación. En muchas ocasiones utilizaba investigaciones reales de su unidad para simular que sus protegidos formaban parte de ellas.

Así sucedió con una operación que destapó una trama que defraudaba a Hacienda en 2020 o con otra de narcotráfico en septiembre de 2022, en las que los nombres de los miembros de la trama figuraban sin que tuvieran nada que ver con esos casos. A veces, introducía los nombres él mismo y otras a través de sus subordinados, que también llegaron a ser investigados en algún momento de las pesquisas, aunque finalmente quedó totalmente descartada su implicación en la trama. También introdujo el nombre de empresas como investigadas para hacer saltar estos cruces. Después se comprobó que desde estas mismas empresas se habían hecho transferencias al propio inspector jefe como retribución por sus servicios. La investigación cifraba inicialmente en, al menos, 1,7 millones de euros el dinero que el inspector jefe recibió en los últimos cinco años a través de transferencias de empresas investigadas en la trama.

Esta invasión en las bases de datos también echó por tierra operativos de vigilancia a los colaboradores de Sánchez. En abril de 2024, dos de los detenidos en esta trama estaban siendo vigilados por agentes de estupefacientes que tuvieron que abandonar esta labor a la que están de sobra acostumbrados porque sabían que los investigados los habían descubierto. Las pesquisas de Asuntos Internos mostraron después que poco antes el inspector jefe había introducido en la base la matrícula del coche policial que los estaba siguiendo. De ahí infirieron que, con toda seguridad, los investigados se sabían vigilados por un chivatazo.

La investigación de Asuntos Internos comenzó a principios de 2024 y fue en junio cuando la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional presentó una querella porque era necesario judicializar las actuaciones. Fue en el trascurso de la investigación cuando las pesquisas de Asuntos Internos y las de la Brigada Central de Estupefacientes se cruzaron y todo el puzle acabó de tomar forma.

La colaboración del inspector jefe con los criminales también permitió que algunos de ellos evadieran una detención segura. En 2021, la policía interceptó 1,6 toneladas de cocaína en un contenedor en Algeciras. Tanto el número de contenedor, como la sociedad que debía recibirlo y el administrador único de la misma, habían sido introducidas en el sistema policial por el inspector jefe. En ese momento se desconocía la existencia de un entramado que incluía un policia, pero los investigadores sospecharon que había alguna filtración porque el hombre que constaba como administrador único de la empresa importadora del contenedor con droga logró escapar. No solo eso, sino que cuando llegó el mayor alijo de droga incautado en la historia de España, 13 toneladas de cocaína que desembarcaron en el puerto de Algeciras en noviembre, nadie acudió a hacerse cargo de los paquetes y los dueños de la empresa de frutas a la que iban dirigidos escaparon y permanecen fugados.

La investigación continúa en la Audiencia Nacional y ahora se centra en desenmarañar toda la red de blanqueo que la organización creó para dar salida a los millones de euros de beneficios de la cocaína importada desde Latinoamérica. La investigación ha hallado conexiones con empresas en Suiza y Luxemburgo y la creación de decenas de sociedades sin actividad real.

Las pesquisas también apuntan que otro de los métodos de blanqueo del entramado era el cobro de billetes de lotería premiados. Un clásico en los casos de corrupción. Entre la decena de compañías investigadas como sociedades falsas cuyo único propósito era lavar dinero aparece una céntrica administración de lotería de Madrid. Además de las sociedades, y de los décimos de lotería, las pesquisas también han hallado criptoactivos. A uno de los encarcelados se le acusa de haber intervenido en la conversión de, al menos, seis millones de euros en criptomonedas.

Los beneficios que generaban este entramado llegaron a ser tan altos y las retribuciones del policía tan generosas que, incluso con tantos métodos de lavado, los billetes rebosaban. Los investigadores creen que esconder dinero en las paredes y techos de sus casas y en su despacho en la jefatura responde al último recurso para almacenar los beneficios obtenidos. Varias fuentes consultadas reconocen que es la forma menos sofisticada de procesar un dinero ilícito y más considerando que lo hizo un jefe antiblanqueo. El día del registro de la vivienda familiar en Alcalá de Henares, los agentes no fueron capaces de contabilizar los billetes, en el chalet de Denia se hallaron más de 448.000 euros y en su despacho 896.400.

La operación lleva hasta ahora una veintena de detenidos, de los que la mayoría de ellos permanecen en prisión provisional. Las pesquisas policiales sitúan a la mujer de Sánchez como una colaboradora en las actividades de su marido. La esposa del inspector jefe se limitó a declarar tras su detención que no sabía nada de ingresos en efectivo o transferencias desde una de las empresas investigadas y tampoco dio una explicación al origen del dinero para comprar y reformar un chalet en Denia (Alicante), así como la compra de varios vehículos de alta gama. Unos coches que los compañeros de ambos en la jefatura y en la comisaría no vieron jamás. Pero lo más difícil de creer para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que ignorara la existencia de varios millones de euros en efectivo en la vivienda familiar.

Por estos motivos, la investigación apunta que la mujer no solo conocía la procedencia ilícita, sino que cooperó en su blanqueamiento. Según la investigación, mientras el matrimonio incrementaba su patrimonio con casas, coches y plazas de garaje, sus cuentas bancarias se mantenían como los de dos funcionarios normales y corrientes. Tan normales que el sobrenombre mediático de Sánchez es “el anodino” porque todos sus compañeros lo definen como alguien gris que no llamaba la atención.