Los Estados dejan de pedir más de 73.000 millones del fondo de recuperación

La potencia del fondo de recuperación será algo menor de lo pensado en un inicio. La cantidad prevista cuando se creó ascendía a casi 723.800 millones, pero varios Estados miembro no han pedido todo el dinero que les correspondía y, por tanto, la cifra final es más baja: 650.000 millones, según el informe de evaluación presentado este miércoles por la Comisión Europea. A la medida estrella que se aprobó para salir de la profunda crisis económica que provocó la covid-19 le ha costado coger velocidad. Hasta ahora, el Ejecutivo de la Unión ha desembolsado 225.000 millones. Los países que menos notaron el golpe de la pandemia y con más margen fiscal (Alemania, Dinamarca, Luxemburgo o Austria) han tardado más en desplegar sus planes, entre tanto llegó la invasión de Ucrania por Rusia y la subida de precios, que obligó a modificar varios programas. La consecuencia es que el fondo de recuperación y resiliencia ha tardado en coger velocidad y el dinero tiene que estar gastado antes de acabar 2026.

Ha sido necesario esperar a que todos los planes de recuperación, los de los 27 Estados, estuviesen aprobados y también sus respectivas revisiones para saber a cuánto ascendía la cantidad demandada. La cifra final ya flotaba en las instituciones desde que se acabó en agosto el plazo de presentación de revisiones. Tanto es así que incluso llegó a barajarse la posibilidad de que el dinero sobrante se utilizara en la revisión de presupuesto plurianual de la UE, en el que se ha acordado un plan de ayuda financiera a Ucrania de 50.000 millones. Finalmente, se descartó esa opción.

La explicación a por qué no todos los países han pedido todo el dinero que les correspondía es la misma que sirve para aclarar por qué unos han tardado más que otros en desplegar sus planes de recuperación. En el diseño que hicieron las capitales de sus planes, pidieron todo el dinero que había previsto para subvenciones (algo más de 340.000 millones), pero no todas reclamaron entonces los préstamos. Italia lo hizo. España o Alemania, no, y no fue por los mismos motivos. España quiso esperar para completar su programa de reformas e inversiones y pidió los préstamos (84.267 millones) en la revisión. Pero Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia o Francia renunciaron. No les interesa pedir créditos a Bruselas, les es más rentable salir al mercado directamente (la calificación de sus bonos es triple A o apenas unos escalones por debajo) y, además, no hay que asumir compromisos con un organismo que vigile su cumplimiento.

El informe también contiene cálculos sobre el impacto en el PIB que supone el despliegue y la inversión de los fondos en la economía de los distintos países. Para España, lo cifra en un incremento de la actividad de hasta el 3,5% en 2026, un número que mejora con mucho la cifra agregada de la UE, del 1,4%. Esto, en cierto modo, es lógico, puesto que España es el país que más dinero recibe en subvenciones y también cuando se mira todo (subvenciones y créditos) en relación al PIB. Otro elemento a destacar para el público español de este examen parcial es el aplauso que dedica a la reforma laboral: “Datos recientes del Banco de España confirman que la reforma fue un éxito al conseguir su objetivo de aumentar los contratos indefinidos y reducir los temporales”. Esta reforma es una de las piedras angulares del plan español.

Sobre la marcha global del plan, el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, ha apuntado: “Todavía es pronto para hacer una evaluación completa del fondo NextGenEU [como se le llama en las instituciones europeas]. El reglamento se adoptó esta semana hace tres años, y por eso presentamos esta evaluación intermedia. Pero también sabemos que la mayoría de los Estados [en este tiempo] se dedicaron a negociar planes. Así que la fase de implementación real ha durado más bien un par de años. De hecho, mucho menos para algunos Estados miembros”.

Los números presentados sobre los desembolsos realizados pueden llevar a la conclusión que el periodo previsto para gastar el dinero es muy ajustado. Pero en la Comisión, por ahora, siguen sin ver nada claro que haya que ampliarlo. “Cambiar ese plazo requeriría una serie de decisiones muy complejas, incluidas decisiones que requieren la unanimidad de los Estados miembros y procedimientos parlamentarios en casi todos los Estados miembros. No vemos esto como un escenario probable. Por tanto, nuestro mensaje a todos los Estados miembros es que se centren realmente en la implementación”, ha advertido el vicepresidente responsable de toda el área económica, Valdis Dombrovskis.

Gentiloni, por su parte, es consciente del “desafío” que supone gastar ese dinero en un plazo de tiempo tan ajustado, así lo ha subrayado. Pero ve los mismos problemas que el político letón para modificar los límites temporales, de ahí que apunte en otra dirección cuando responde a esta pregunta: “Personalmente, no invertiría capital político en retrasar la fecha límite del fondo NextGenEU. Esto es, por supuesto, corresponde ya al próximo ciclo político [tras las elecciones]. [Pero recomendaría] invertir este capital político en identificar nuevas herramientas comunes, financiar objetivos comunes, especialmente la Defensa”.

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