El Gobierno tendrá que aprobar una ley cada 15 días hasta finales de 2023

El Gobierno tendrá que aprobar de aquí a finales de 2023 medio centenar de normas con rango de ley para poder obtener los desembolsos de los fondos europeos, según el recuento que ha realizado EL PAÍS del listado de hitos comprometidos con Bruselas. Los 70.000 millones en ayudas no reembolsables están condicionados a que efectivamente se vayan gastando y consiguiendo, por tanto, unos objetivos. Pero también se concederán a cambio de la consecución de reformas legislativas. La cuenta sale a casi una cada 15 días, ya sean leyes o decretos ley. Y los problemas que tuvo la semana pasada el Ejecutivo para aprobar la legislación sobre los interinos han hecho patente su debilidad parlamentaria, en especial cuando las medidas sean controvertidas.

El decreto para regularizar la situación de los empleados públicos temporales formaba parte de los hitos comprometidos para obtener el primer desembolso que se realizará a final de año, por valor de 11.400 millones, tras el anticipo de 9.000 millones que se efectuará en los próximos días o semanas. El Gobierno ya había dicho que tenía suficientes hitos y objetivos cumplidos como para obtener ese primer pago condicionado a medidas. Pero quedaba esa reforma de los interinos, cuya entrada en vigor estaba pactada con Bruselas para el segundo trimestre de 2021, según figura en la documentación aprobada por el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno. De hecho, el Ejecutivo tuvo que tramitarlo como real decreto ley porque de otra forma no habría conseguido tenerlo a tiempo. Ahora ha tenido que acordar con los grupos parlamentarios su tramitación como proyecto de ley. Pero mientras tanto el real decreto ley se convalida y, por lo tanto, finalmente se cumplirá con Bruselas. Esta situación subraya los malabarismos parlamentarios que tendrá que hacer el Gobierno para legislar en los plazos acordados con Bruselas.

También hay retrasos con la plataforma que tiene que servir para registrar todos los pagos y que Bruselas pueda controlarlos, un hito necesario para el primer desembolso. Tampoco se ha establecido y dotado la unidad permanente de la Autoridad Fiscal (Airef) que ha de elaborar las revisiones de gasto o spending reviews para ganar en eficiencia, otro compromiso estipulado para el primer desembolso. Ni se ha formado el equipo permanente del Ministerio de Hacienda que debe asegurarse de que se implementen las recomendaciones de la Autoridad fiscal en este sentido, también otro compromiso adquirido para el primer pago.

Pero estas son situaciones que dependen directamente de la gestión del Ejecutivo y que siempre pueden aprobarse de un día para otro. Lo que cuesta y tarda más es allanar el camino para su aprobación en el Congreso cuando se trata de normas con rango de ley, ya que es el Parlamento el que legisla.

Las últimas dificultades han puesto de relieve la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Y las complicadas relaciones con sus socios: el PNV ha mostrado su descontento por la gestión de la pandemia, está molesto con algunas iniciativas gubernamentales y tiene profundas discrepancias con muchas posiciones que manifiesta Podemos. ERC quiso enseñar con los interinos su capacidad para condicionar la gestión del Ejecutivo. Incluso Podemos se desmarcó e hizo oposición a pesar de que su partido lo había aprobado antes en el Consejo de Ministros.

Y el principal partido de la oposición, el PP, no pactará simplemente para que se puedan conseguir los fondos europeos. Aunque exista el riesgo de perder recursos, exigirá que se plasme su criterio en lo que respalde. De hecho, ya sucedió con el decreto ley para organizar la gestión de los fondos, cuando el Gobierno necesitó in extremis la abstención de Vox para sacarlo adelante.

Laboral, pensiones y vivienda

La ley de vivienda ya está dando numerosos quebraderos de cabeza. Y la reforma laboral probablemente, también. En las pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue criticado por todos los partidos salvo el PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Y puso en evidencia los obstáculos que puede encarar para aprobar un mecanismo de corrección del sistema de pensiones después de haber vendido a todos los grupos políticos, también cuando era presidente de la Autoridad Fiscal, que no hacían falta medidas de ajuste.

Con medio centenar de normas por aprobar, el exigente calendario pondrá a prueba las dotes negociadoras del Gobierno y tensará las costuras de la fragmentada mayoría política que lo respalda. A diferencia de Italia, donde el Gobierno ha pactado con las cámaras el plan de recuperación, el Ejecutivo español tendrá que ir una por una. El ascenso del nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, puede interpretarse en este sentido: sus perfiles con un talante más negociador deberían facilitar esta labor. El Gobierno tendrá que llegar al Parlamento con los decretos negociados antes si no quiere arriesgarse a perder una votación importante.

Una prueba más de la situación parlamentaria es cómo el Ejecutivo está planteando ahorrarse otra vez la votación de la senda de objetivos de déficit. Hacienda argumenta que no hace falta someterla a las Cortes porque Bruselas ha levantado las reglas fiscales. Pero la ley es inequívoca: el Congreso y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno. Y los Presupuestos tendrán que ceñirse a estas metas de déficit público, con independencia de que la UE haya eximido temporalmente a los países miembros de la disciplina fiscal.

El precio de las reformas

Fuentes de Bruselas explican que, si no se cumple con una reforma, siempre se dará una segunda oportunidad para hacerlo. Y señalan que se ha dejado a discreción de la Comisión qué ocurrirá cuando haya un incumplimiento, sobre todo con las iniciativas que son más controvertidas. No se ha querido fijar por adelantado cuánto se dejaría de recibir de no hacer una reforma porque entonces se estaría señalizando el coste de cada medida, y un Gobierno podría tener la tentación de renunciar estratégicamente a una cantidad determinada de fondos a cambio de no tener que aprobar una reforma concreta.

El Ejecutivo se enfrenta a una tarea compleja sacando adelante medio centenar de normas de aquí a finales de 2023, pero siempre podrá evitar parte del mercadeo parlamentario empaquetando varias medidas en una ley ómnibus. Y el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano critica que al recogerse como hitos solo la aprobación de las leyes no se está fijando por escrito el contenido exacto que deben tener esas legislaciones.

Entre las principales normas que han de ponerse en marcha, al cierre de 2021 tendrá que estar lista la reforma laboral con los nuevos ERTE estructurales y los cambios en la negociación colectiva y la subcontratación. A mediados de 2022 debería estar aprobada la cotización por ingresos reales de los autónomos y la revisión de los sistemas de pensiones complementarios. A finales de 2022 se tendría que completar la ley de vivienda, la ley de la función pública y la reforma de las pensiones, incluyendo las subidas de las cotizaciones máximas, la modificación del periodo para calcular la pensión y la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que haga frente a la jubilación del baby boom. Y a principios de 2023 tendría que entrar en vigor la reforma fiscal que se diseñe a partir de las recomendaciones de la comisión de expertos y la revisión de los beneficios fiscales.

De los ocho desembolsos condicionados que hay, los dos últimos, el séptimo y el octavo, ya no incluyen reformas sino exclusivamente objetivos de gasto. Por ejemplo: el número de viviendas que se deben rehabilitar, el de pymes ayudadas en su digitalización o el de empleos estabilizados en el sector público.