Fondos europeos de recuperación

El Gobierno tendrá que acelerar para gastar los fondos europeos de este año

El Estado solo ha pagado hasta mayo 196 millones, el 0,82% de los 24.000 millones presupuestados

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (izquierda), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (izquierda), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.A. Pérez Meca. POOL/Europa Press / Europa Press

Cuando en otoño del año pasado se aprobaron los presupuestos de 2021, el Gobierno señaló que en estos se adelantaban unos 24.000 millones del mecanismo europeo de recuperación para empezar a gastarlos desde el primer día y así intentar reforzar la recuperación en ciernes. Sin embargo, la ejecución de estos recursos no está siendo tan fluida y la llegada a la economía real acumula retrasos. Este año el Estado solo ha desembolsado hasta mayo 18.000 euros de estos fondos, según figura en los últimos datos oficiales de ejecución presupuestaria del mecanismo de recuperación y resiliencia, de los que a España le corresponden en tres años unos 70.000 millones en ayudas directas. Según cifras facilitadas por el Ejecutivo, hay 196 millones en pagos realizados hasta mayo, el 0,82% del total previsto para 2021.

Transcurrida ya la primera mitad del año, el Estado únicamente ha lanzado unas pocas convocatorias: unos 90 millones de los servicios públicos de empleo en formación de competencias digitales y para el turismo, varias de I+D por un importe total de más de 110 millones y 50 millones para Inteligencia Artificial. Y hay algunas actuaciones en marcha, por ejemplo de Adif por valor de unos 300 millones. Aunque en las últimas semanas se ha pisado el acelerador y se han aprobado unos 7.000 millones en transferencias a comunidades y ayuntamientos, una parte importante de estas partidas todavía tienen que refrendarse en las conferencias sectoriales con las comunidades, volver al Consejo de Ministros para su aprobación, ser tramitadas por los gobiernos autonómicos y, finalmente, concederse. Incluso si se ha aprobado ya el plan estratégico del coche eléctrico, sus recursos no empezarán a repartirse al menos hasta febrero del año que viene. Es decir, el Ejecutivo tendrá que apresurarse para gastar lo que tenía previsto este año.

En realidad, para el Gobierno esto no supone tanto problema en la medida en que estos créditos se han configurado como plurianuales y se podrán gastar a lo largo de varios años. Sin embargo, tenía sentido tratar de anticipar el dinero para que llegase cuanto antes al tejido productivo porque se sabía que el BCE lo financiaba, que Europa tardaría y que costaría mucho montar los proyectos. Además, esta demora subraya el reto que supondrá ejecutar a tiempo para cumplir con el exigente calendario de hitos comprometidos con Bruselas. “El problema de España no es su capacidad para ejecutar los fondos europeos, sino el retraso que suele tener. Concentra siempre muchos desembolsos al final del periodo”, explica una fuente comunitaria.

La mitad de lo previsto

Según las estimaciones del Banco de España, este año solo se gastará la mitad o menos de lo que preveía el Gobierno, lo que hará que se desplace parte del estímulo fiscal al año que viene. Según Funcas, solo se desembolsarán 10.000 millones de los 24.000 previstos. “No me preocupa tanto en la medida en que se esté haciendo para seleccionar bien los proyectos”, señala Raymond Torres, director de coyuntura del think tank de las antiguas cajas de ahorros.

Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, espera que a partir del verano haya un importante impulso en la publicación de convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos con cargo al mecanismo europeo. Sin embargo, sostiene que será muy difícil que estas tengan un efecto en la actividad económica en 2021, y pospone el grueso del impacto a 2022 y 2023.

En todo caso, el Ejecutivo tendrá que acelerar en lo que resta de año. Los retrasos empezaron por el propio plan de recuperación, que al principio el Gobierno esperaba enviar a Bruselas a finales febrero y finalmente se remitió el 30 de abril. Y sobre todo ha habido importantes demoras en la UE. Los líderes europeos aprobaron la primera entrega de dinero para España el martes, un año después de que se pactase el mecanismo de recuperación.

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Los tiempos europeos y las negociaciones con la Comisión han condicionado todo. Y se suponía que estos fondos tenían que llegar rápidamente a la economía para recobrar pronto los niveles prepandemia. De hecho, la economía del euro es la que más tarde se prevé que recupere las cotas anteriores a la covid en comparación con China y Estados Unidos. Y eso a pesar de que en Europa se ha contado con la importante red de los ERTE y del Estado del bienestar. Aunque las economías europeas disponen de estabilizadores fiscales que actúan automáticamente como los subsidios de desempleo, EE UU ha desplegado mayores estímulos públicos.

En España también ha costado poner la maquinaria a punto: uno de los principales obstáculos ha sido la creación de una plataforma que sirva para registrar, controlar y certificar todos los pagos, de forma que Bruselas pueda supervisarlos directamente.

7.000 millones transferidos a las comunidades

En fechas recientes el Ejecutivo se ha apresurado a aprobar unos 7.000 millones en transferencias para comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre ellas hay 1.600 millones para rehabilitación de vivienda; unos 900 millones para educación; 730 millones para economía de los cuidados y políticas de igualdad e inclusión social; 680 millones para políticas de empleo; 500 millones para conservación de biodiversidad y ecosistemas en municipios pequeños; 600 millones para autoconsumo de energía, almacenamiento y climatización; dos partidas de 400 millones para sistema sanitario, y otros 400 millones del plan Moves III.

Menos de un tercio de estas transferencias tienen el certificado para que las comunidades puedan comenzar a tramitarlas. Sin embargo, el reparto de más de dos tercios de esos fondos todavía no ha sido aprobado en sus respectivas conferencias sectoriales. Tendrá que volver de nuevo al Consejo de Ministros. Y, a continuación, las autonomías deberán redactar las órdenes o decretos para poder gastarlos, algo que tarda unos cuatro meses debido a los trámites de publicidad, los informes y demás procedimientos. Y el cierre contable se suele fijar para el 30 de noviembre. Así que parece complicado que todos se ejecuten este año. A menos que los ejecutivos autonómicos opten por cursarlos como decretos leyes, que pueden sacarse en una semana pero que no siempre son la fórmula más apta y pueden ser reprobados por la intervención o la cámara de cuentas.

En tales circunstancias, será más difícil que los fondos europeos aumenten este año el PIB en unos 2,6 puntos, una estimación que se incluyó el pasado otoño en la elaboración de los Presupuestos.

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