Trabajo

Bruselas advierte de que la reforma laboral debe respetar la flexibilidad de las empresas

La Comisión Europea recuerda que las subidas fiscales comprometidas por el Gobierno son insuficientes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, en Madrid este 16 de junio.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, en Madrid este 16 de junio.A.Ortega.POOL / Europa Press

Bruselas alaba sin ambages el plan de recuperación español. Pese a los elogios, en su análisis apunta también algunas advertencias o cautelas que el Gobierno deberá tener en cuenta a la hora de afrontar las reformas del mercado de trabajo, de pensiones y la fiscal. En cuanto a la legislación laboral, la Comisión Europea pide que, aunque se toque la negociación colectiva, se respete la flexibilidad dentro de las empresas, para que estas puedan adaptarse a los ciclos económicos y mantener la productividad. Se trata de un límite expreso a la reforma que negocian el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal.

El aprobado de la Comisión al plan de recuperación español es en líneas generales muy laudatorio. “Se espera que tenga un elevado impacto a la hora de reforzar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica social e institucional del Estado miembro”, resalta el Ejecutivo comunitario sobre la propuesta española, en un claro contraste con el lenguaje que utilizaba cuando reclamaba medidas a los gobiernos de Zapatero o Rajoy. El plan ayuda a afrontar la transición ecológica, la digitalización y los retos económicos y sociales subrayados por las recomendaciones específicas de la Comisión, recalca en diversas ocasiones la documentación divulgada por Bruselas.

No obstante, casi como pellizcos de monja, los papeles de la Comisión dejan caer algunas advertencias en el ámbito laboral, fiscal y de pensiones, justo las materias que se han dejado abiertas a la espera de lo que pacten los agentes sociales y el informe de los expertos en impuestos.

Sobre la reforma laboral, Bruselas hace una valoración positiva: “En general el plan de recuperación de España incluye medidas para reducir la segmentación del mercado laboral [entre fijos y temporales] y para reforzar las políticas activas que es probable que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo”. Aun así, la Comisión también plasma sus cautelas y establece los límites de lo que se puede tocar: “Los cambios no resultarán en obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. Esta afirmación se recoge en el anexo de lo que firman los líderes europeos y es, por tanto, de obligado cumplimiento. La flexibilidad interna en las empresas es uno de los puntos que facilitó la reforma laboral de 2012 y que el Ministerio de Trabajo quiere ahora limitar, porque considera que precariza a los trabajadores. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ya reaccionó a finales de marzo defendiendo los convenios de empresa.

Los servicios de la Comisión constatan que se hará un informe ex ante que evalúe las deficiencias de la negociación colectiva. Y recuerdan que la reforma laboral de 2012 ya propició una recuperación rica en creación de puestos de trabajo. Trabajo explica que ese informe sobre la negociación colectiva es un mero trámite administrativo, que Bruselas ha calificado muy positivamente sus medidas y que se está avanzando en la negociación con patronal y sindicatos para reformar la negociación colectiva.

En medio del tono positivo con el que se acogen todas las medidas, los documentos dan un cierto toque de atención sobre el ajuste en las cuentas públicas. “El plan contribuye parcialmente a atajar las vulnerabilidades existentes desde el punto de vista fiscal”, asegura. Es decir, en Bruselas admiten que las medidas fiscales puedan más adelante no ser suficientes para corregir el desfase. Y eso se afirma en el papel de 19 páginas que firmarán los 27 líderes de la UE y que obliga legalmente a su cumplimiento. Sin embargo, no se hace mucho más hincapié al estar activada por ahora la cláusula de escape de las reglas fiscales. Eso sí: en el primer trimestre de 2023 tendrá que entrar en vigor la reforma fiscal que salga del informe de recomendaciones de los expertos, coincidiendo con el año en que probablemente se recobrará la exigencia de empezar a enderezar las cuentas públicas.

Estas reformas “tendrán por objeto hacer que el sistema tributario sea más eficaz, aumentar los ingresos, apoyar la transición ecológica y promover la equidad”, se afirma en los hitos a los que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas.

Contrarrestar el efecto de ligar las pensiones al IPC

Y la tercera advertencia se refiere a las pensiones, aunque esta se hace ya en el documento producido por el personal de la Comisión, que no es estrictamente de obligado cumplimiento. Ese papel señala que las medidas planteadas pueden no contrarrestar totalmente el aumento de gasto provocado por volver a la revalorización de las prestaciones con el IPC y el envejecimiento de la población. “En el caso de que las medidas compensatorias y complementarias no sean suficientes para cumplir con las recomendaciones de la Comisión relativas a la sostenibilidad fiscal, el impacto fiscal del aumento del gasto en pensiones tendría que ser mitigado todavía más con ajustes fiscales proporcionales en el futuro”, destaca. Es decir, permite que se haga una reforma parcial, y que más adelante se aborde el desfase que pueda producirse. La actual reforma que propone el ministro José Luis Escrivá traspasa el déficit existente a las cuentas de Hacienda, donde se supone que hay más margen para afrontarlo, asegura el plan de recuperación.

Uno de los hitos incluidos en el plan —y por tanto una referencia con la que hay que cumplir para lograr un desembolso de fondos europeos— es que para finales de 2022 se publiquen unas “proyecciones actualizadas que muestren que las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, teniendo en cuenta también la repercusión de otras reformas estructurales, como la laboral”.

Las medidas que se acuerden con los agentes sociales en pensiones “deberían ser compatibles con la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas a medio y largo plazo”, recuerda la propuesta que tiene que suscribir el Consejo. También se sostiene eso mismo respecto al nuevo sistema de ERTE estructurales que quiere implantar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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