El Gobierno prevé subir impuestos sobre el transporte aéreo para reducir las emisiones contaminantes

Tras la celebración de las elecciones madrileñas, el Gobierno ha publicado los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas. El documento cuenta con una treintena de “componentes”, es decir, grandes reformas en distintas áreas a las que España se ha comprometido a cambio de recibir los 140.000 millones de euros para combatir la crisis de la covid. Uno de ellos se refiere a la Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Y contiene un cóctel de medidas ―algunas ya están adoptadas, otras son planes sin concretar o propuestas de revisión― que abarcan desde la armonización del impuesto sobre el patrimonio a la imposición de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades o la fiscalidad medioambiental. En este último bloque, el Gobierno avanza varias propuestas, como la progresiva equiparación de la fiscalidad del diésel a la de la gasolina o la necesidad de “revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones”. Y aplaza el grueso de las reformas hasta analizar las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal, previstas para febrero de 2022.

Fiscalidad medioambiental

El documento hace particular hincapié en la fiscalidad verde, en la que España recauda por debajo de los países del entorno y cuya subida ha sido recomendada tanto por la OCDE como por la UE. “El incremento de ingresos derivado de potenciar la fiscalidad ambiental, además de contribuir a incentivar comportamientos más eficientes, también puede servir para limitar el peso de otros tributos, como por ejemplo aquellos que recaen sobre el trabajo”, indica.

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El documento, sin embargo, no da más detalles sobre la propuesta de revisión de la fiscalidad del sector aéreo, pero se proyecta una subida fiscal para corregir las emisiones del sector, uno de los que más contaminan. Esta medida ya estaba contemplada antes de la pandemia: a inicios de 2020, Hacienda había sacado a consulta pública un documento sobre “el establecimiento de un impuesto” para gravar “el uso del transporte aéreo”. En este documento, justificaba la medida alegando que “las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la aviación vienen creciendo de forma continuada en los últimos años”, y que las previsiones apuntan a un incremento exponencial sin medidas de mitigación. Y añadía: “Siendo el de la aviación uno de los sectores en que más se están incrementando estas emisiones, se considera preciso adoptar los oportunos instrumentos económicos para internalizar las externalidades negativas provenientes de esta modalidad de transporte”.

En este bloque de fiscalidad medioambiental también se incluye la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos. El Ejecutivo ya había incluido la equiparación del gasóleo a la gasolina en los Presupuestos de 2021, pero la medida decayó por la oposición del PNV, que amenazó con retirar su apoyo a las cuentas. Según el calendario fijado en el Plan, esta figura se revisará al cierre del próximo año. Las medidas dirigidas a “lograr una movilidad más sostenible” se prevén para finales de 2023. Entre ellas, el pago por uso en la red viaria de carreteras y la revisión de los tributos que gravan la matriculación y la utilización de vehículos.

El documento también menciona los impuestos al depósito de residuos en vertederos y sobre el plástico, que ya han empezado su andadura legislativa y que se prevé entren en vigor en el tercer trimestre de 2021; la revisión de los impuestos sobre matriculación y circulación, que se estima aprobar a inicios del año que viene, y la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero para el segundo trimestre de 2022.

Sociedades y patrimonio

“En el impuesto sobre sociedades se viene advirtiendo desde hace años una merma en la contribución” al gasto público. Así, el documento señala que el “objetivo a medio plazo” pasa por “recuperar la potencia recaudatoria del impuesto, mediante su simplificación y revisión de exenciones y deducciones, de modo que quede garantizada una tributación mínima de un 15%”, una medida que ya estaba incluida en el acuerdo de coalición.

En cuanto a los impuestos personales, menciona las medidas ya adoptadas ―subida del IRPF para las rentas altas, reducción de las aportaciones individuales a los planes de pensiones, vigencia indefinida del impuesto sobre el patrimonio y alza de un punto en el tipo del último tramo de la tarifa―, pero añade que en “las figuras que forman parte del conjunto de la imposición sobre la riqueza se analizará el modo de mejorar su contribución de forma coordinada al sostenimiento de los gastos públicos”.

El Gobierno lleva tiempo planeando armonizar patrimonio y sucesiones y donaciones, dos impuestos que gestionan las comunidades y que gravan la riqueza, para evitar las grandes diferencias territoriales. “Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades”, reza el documento.

Reforma fiscal

El Gobierno se compromete con Bruselas a aprobar una profunda reforma fiscal. Menciona que el comité de expertos que acaba de constituirse deberá presentar sus conclusiones para febrero de 2022. “Dicho estudio requiere de un análisis en profundidad del sistema en su conjunto, que permita su modernización y adaptación al contexto actual, a través de la creación de nuevas figuras tributarias que alineen nuestra fiscalidad con las tendencias más recientes (...). Por otro lado, también se debe trabajar en la revisión del diseño técnico de las figuras existentes para hacerlas más eficientes y conseguir mayores rendimientos”.

Entre las áreas de trabajo del comité se incluyen la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la economía digital, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. “La fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer trimestre de 2023″, señala el documento.

Revisión de los beneficios fiscales y nuevos impuestos

El documento apunta que la reforma del sistema tributario debe “contribuir a la recuperación económica” y a mejorar la equidad, progresividad y justicia del sistema”. Señala que el Gobierno “está decidido” a acercar el peso de sus ingresos públicos sobre el PIB (39%) a la media europea (46%) ―aunque no diga qué nivel pretende alcanzar― y que hay “margen” para aumentar la recaudación en el medio plazo, ya sea con “nuevos impuestos, en particular, imposición digital y medioambiental”, o con “la ampliación de las bases imponibles”, eliminando o reduciendo beneficios fiscales.

Estos últimos suponen unos 60.000 millones, equivalentes al 5% del PIB, y están vinculados a distintas políticas: fomento del empleo, provisión de servicios sociales, complemento de las pensiones, política de vivienda, fomento de la investigación, sanidad, educación, cultura, acceso a bienes y servicios de primera necesidad, protección de sectores estratégicos y del medio ambiente. La Autoridad Fiscal (Airef) ya ha revisado 13 de ellos, y el Gobierno propone que se evalúen 15 entre 2021 y 2023, cinco cada año, seleccionados “por su importancia cuantitativa y cualitativa”.

En cuanto a los nuevos impuestos, las tasas Google y Tobin, se limita a señalar que ya han sido aprobadas y que su desarrollo reglamentario se aprobará en el segundo semestre de este año. Sin embargo, añade que se trata de medidas unilaterales que se revisarán en cuanto haya “solución consensuada” en el ámbito de la OCDE y de la UE.