Hacienda encarga a 17 expertos una reforma para subir el impuesto de sociedades, patrimonio y sucesiones en 2022

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó este lunes la constitución de la comisión de expertos que deberá elaborar una propuesta de reforma fiscal. Los académicos tendrán de plazo hasta finales de febrero de 2022 para presentar el trabajo. La ministra quiere actualizar los principales impuestos del sistema tributario español para “adaptarlo a los retos del siglo XXI”. Entre ellos, prioriza subir el impuesto de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones, y abordar de una vez por todas la fiscalidad medioambiental.

Una semana después de que la secretaria de Estados Unidos, Janet Yellen, propusiera la creación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades a nivel global, el Gobierno español dió este lunes el primer paso para reformar su sistema tributario con la creación de un grupo de expertos que elaborará un proyecto para modernizar el sistema tributario español. “Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades”, dijo Montero tras presentar al grupo de sabios, que estará presidido por Jesús Ruiz-Huertas, catedrático emérito de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. Entre los años 2004 y 2008 fue director general del Instituto de Estudios Fiscales, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda.

“Hay un debate a nivel internacional que me parece de un extraordinario interés. La administración estadounidense de Joe Biden se ha pronunciado sobre la necesidad de tener mayor eficacia sobre esta figura fiscal que tiene un bajísimo rendimiento a nivel internacional”, incidió la ministra, que recalcó que “el impuesto de sociedades va a ser seguro uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal”.

Montero quiere que las empresas aporten más

La reforma de este impuesto es uno de los objetivos que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez desde el principio de legislatura. La ministra ha anunciado en numerosas ocasiones que tiene intención de subir el impuesto de sociedades para que las grandes multinacionales paguen un tipo mínimo del 15%.

La aportación de las empresas a la recaudación se ha reducido en los últimos años por tres motivos: tras la gran crisis financiera de 2008 las sociedades acumularon pérdidas que les permitió contabilizar créditos fiscales que aún se están aplicando para compensar con los beneficios que obtienen ahora. Además, el auge de las exportaciones les ha llevado a localizar beneficios en filiales que pagan en otros países. Y, por último, la rebaja del tipo del impuesto del 30% al 25% desde 2015 ha mermado la cosecha. Por eso, el Ejecutivo insiste en recuperar la aportación de este tributo. “Si no hay avances a nivel internacional o son excesivamente lentos adoptaremos las medidas en la legislación nacional”, dijo este lunes la ministra, que explicó que el grupo de trabajo recién creado se enfocará también en abordar de una vez los impuestos medioambientales.

La Ley de Cambio Climático aprobada el pasado jueves en el Congreso, incluyó una disposición adicional sobre la fiscalidad verde: “Se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica”. La norma recoge la obligación de que el Gobierno presente en el plazo máximo de seis meses (aunque se espera que sea antes) la nueva ley de residuos, que incluirá dos nuevos tributos: uno sobre los envases plásticos y otro sobre el vertido e incineración para incentivar el reciclaje.

“Luego hay otras figuras como las vinculadas a la riqueza, como el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, que también tenemos especial interés en escuchar cuál es la fórmula que proponen desde el ámbito académico”, dijo la ministra, aunque esos tributos también estarán ligados a la reforma de la financiación autonómica.

Podrán adelantar medidas

Los componentes del comité pertenecen al mundo académico, procedentes de diferentes áreas, “para que exista pluralidad a la hora de realizar los debates”, según Montero. Además, la ministra ha asegurado que dichas personas también proceden del mundo de la financiación autonómica, que tendrá un papel fundamental para el Gobierno en la reforma fiscal.

El comité deberá presentar las conclusiones en 10 meses. Tienen como límite el 28 de febrero de 2022, pero previamente, según ha indicado la ministra, podrán adelantar las “cuestiones, premisas o anticipaciones” que crean que pueden ser de interés de cara a preparar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Para Ruiz-Huerta, es “imprescindible” adecuar el sistema fiscal a la situación económica originada tras la crisis sanitaria. “Se trata de proponer alternativas a las exigencias de cambios tras la pandemia”, ha explicado.

La presidencia del comité de expertos recaerá sobre Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Los vocales serán: Fran Adame, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla; Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pompeu Fabra; Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares; Laura de Pablos, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense; Santiago Díaz de Sarralde, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos; Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo; Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza; David López Rodríguez, economista superior en la División de Análisis Estructural del Banco de España; Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo; Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla la Mancha; Violeta Ruiz-Almendral, profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid; Maria Teresa Soler, catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, y Marta Villar, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo. El secretario del grupo será Alain Cuenca, director General del Instituto de Estudios Fiscales.