Bruselas reclama a España 4.500 millones en medidas adicionales de ajuste

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al plan fiscal español para reconducir la deuda. Sin embargo, tras este examen, ha reclamado a España medidas adicionales por valor del 0,3% del PIB, dos décimas en aumento de ingresos y una en rebaja del gasto. Son unos 4.500 millones de euros tomando las magnitudes económicas de este año, pero conforme la economía crezca deberían suponer una cantidad superior para 2028, último año del plan de ajuste que el Gobierno ha presentado en Bruselas. El Ejecutivo europeo pide unos 1.500 millones más por la reforma impositiva, otros 1.500 millones eliminando beneficios fiscales y 1.500 en ganancias de eficiencia en el gasto público. Es decir, una décima del PIB por cada elemento.

El Gobierno español ya había anunciado en su plan fiscal enviado en octubre un paquete tributario por valor del 0,3% del PIB, unos 4.500 millones. Se trataba de un compromiso que estaba contemplado entre los objetivos necesarios para obtener el quinto pago de los fondos europeos, pero que hasta entonces no se había cifrado. No sin dificultades, el Ejecutivo logró aprobar la semana pasada en el Congreso la llamada reforma fiscal, que recoge el impuesto a la banca; las alzas fiscales al tabaco y el vapeo; el tipo mínimo global del 15% en sociedades, y la recuperación de las medidas en el impuesto de sociedades que había aprobado el ministro Montoro en 2016 y que había tumbado este año el Tribunal Constitucional por haberlas tramitado mediante un decreto. Sin embargo, en la votación parlamentaria se cayó la tributación del diésel. Y el impuesto a las energéticas, que todavía está por aprobarse, saldrá en todo caso muy descafeinado al incluirse una deducción para las inversiones por descarbonización.

La valoración de las medidas negociadas con Bruselas ha sido de unos 1.800 millones por el gravamen a la banca, otros 1.800 por las medidas de Montoro en sociedades que permitían limitar la compensación de bases negativas, y alrededor de 600 millones por el tabaco. A eso se añadían otros 1.000 millones por el tipo mínimo global del 15%, que permite al fisco reclamar a las multinacionales españolas todo aquello que tributen fuera del país por debajo de ese tipo y cuya recaudación ponía en duda la Comisión. Y se restan unos 500 millones, que irán creciendo hasta unos 2.000 millones en 2028, por la bajada del impuesto de sociedades a las pymes. Según fuentes gubernamentales, las conversaciones se alargaron durante el pasado fin de semana. El equipo del comisario Valdis Dombrovskis pedía más. Pero al final se llegó a un entendimiento: bastaría con aprobar la subida impositiva al diésel, que se valora en unos 1.500 millones, para dar por cumplimentada la reforma fiscal. O hacer algo equivalente.

Y se han añadido dos requisitos más que estaban ya recogidos en los compromisos adquiridos para recibir los fondos europeos, pero cuyos importes tampoco habían sido detallados. El primero es la supresión de beneficios fiscales por un importe del 0,1% del PIB, unos 1.500 millones. Estas deducciones tributarias ya habían sido analizadas en un informe de la Autoridad Fiscal que apuntaba al tipo reducido del IVA en la hostelería o a la tributación conjunta del IRPF. Un caso controvertido es el 10% de IVA que se paga por las bebidas alcohólicas en la restauración, algo que en Europa solo se da en Italia y España y que la Comisión ha pedido endurecer.

El otro 0,1% del PIB se tendrá que conseguir con medidas de eficiencia en el gasto que estaban comprometidas a cambio de fondos europeos. Son las evaluaciones de los desembolsos públicos que hace la Autoridad Fiscal española. De estas, se podrían utilizar para obtener ahorros el informe sobre infraestructuras, por las líneas proyectadas de AVE que no se consideran rentables, y el de los residuos, que recogía una tasa por generación. Pronto se publicará el del mutualismo, y el año que viene se hará un estudio sobre la incapacidad temporal. El documento de la Comisión exige que estos exámenes sobre la eficiencia del gasto deben abarcar al menos el 10% del gasto del Estado central. El Gobierno tendrá que tener listas estas medidas para el segundo trimestre del 2027, y su impacto en 2028 tendría que ascender al menos al 0,1% del PIB. A partir de ese mismo año tendrían que evaluarse.

Por otra parte, la Comisión también exige un 0,1% del PIB adicional en medidas fiscales que tendrían que estar en vigor para el cuarto trimestre de 2025. Esto se podrá cumplir con la no deflactación del IRPF, que ya ocurre todos los años. Pero Bruselas ha limitado esta medida y por ella solo se podrá descontar ese 0,1% del PIB hasta 2028. Esto solo se puede contabilizar una vez. Así que se podría tener en cuenta el año que viene para flexibilizar el ajuste. Pero no a partir de entonces.

En cualquier caso, la Comisión recuerda que una parte del ajuste procede de los ingresos indirectos que se dan por las reformas estructurales prometidas, que aumentan el tamaño de la economía. Esto se tendrá que evaluar cada año y cada año tendrán que diseñarse unas medidas presupuestarias que respalden la senda de ajuste, que se llevará a cabo a base de limitar el crecimiento del gasto. Y siempre se podrá lograr más margen para gastar en la medida en que se aprueben nuevas medidas de ingresos fiscales.