Bruselas valida el plan de ajuste español pero exige subir los ingresos en “al menos” un 0,2% del PIB

España logró el respaldo de la Comisión Europea a su plan de ajuste in extremis. La reforma fiscal era una de las piedras angulares de este plan y la aprobación parlamentaria llegó hace pocos días. Y con ese requisito cumplido, Bruselas ha validado la senda de gasto española para los próximos siete años, es decir, con una prórroga de tres años adicionales sobre los cuatro que marca la norma general, según ha anunciado el propio Ejecutivo europeo este martes. No obstante, esto no es más que el comienzo de un camino, porque como recuerda el vicepresidente de la Comisión y próximo comisario de Economía y Finanzas, Valdis Dombrovskis, “España se enfrenta a retos de sostenibilidad fiscal por su elevada ratio de deuda sobre PIB y el actual déficit presupuestario”.

Eso se refleja en documento divulgado este martes referente a España. En él se especifica antes de acabar el próximo año el Gobierno debe haber logrado incrementar los ingresos públicos el año que viene en una cantidad equivalente a dos décimas del PIB, o sea, una cifra que es más o menos equivalente a la parte de la reforma fiscal que el Congreso de los Diputados no aprobó la semana pasada, el impuesto diésel que se tumbó con el voto de Podemos. La medida están vinculadas también al plan de recuperación, algo que las nuevas reglas fiscales consentían en la primera edición de los planes de consolidación fiscal, los presentados ahora.

Para cumplir con el camino de ajuste, en esencia, los gobiernos españoles de los próximos siete año tendrán que cumplir con un techo de gasto que pide un incremento medio del 3% del gasto público neto (sin intereses y componentes extraordinarios) entre 2025 y 2031. España ha logrado ese límite, en buena medida, por la buena marcha de la economía, puesto que la intención inicial de Bruselas era exigir un 2,8%. Fuentes del Ministerio de Economía explican que los datos de los últimos meses, con revisiones al alza del PIB de ejercicios pasados y mejora de previsiones futuras, ha ayudado a que el ajuste sea menor, ya que le evolución de la actividad y el crecimiento potencial influyen mucho en los cálculo de la Comisión para fijar las sendas de gasto.

En realidad, el ajuste será gradual porque en el primer año el aumento de gasto pactado es del 3,5% del PIB. Después ese margen se irá recortando hasta quedar en un 2,4%. También el déficit debe ir menguando cada ejercicio. Se persigue, principalmente, reducir la deuda pública acumulada tras más de una década en la que se han encadenado tres crisis sistémicas (financiera, pandemia e inflación/invasión de Ucrania) y que, en el caso de España, han elevado la deuda pública por encima del 102% este año. El objetivo es que en 2031, año en que acaba el plan fiscal, el pasivo haya caído al 90,6% y una década después, manteniendo la inercia lograda, se llegue al 76,4%.

Para que todos estos números se cumplan “una cuestión clave será la implantación”, ha repetido una y otra vez Dombrovskis en un encuentro con periodistas de varios medios europeos, entre ellos EL PAÍS. Y, de hecho, ha recordado respondiendo a una pregunta sobre Italia, que “las nuevas reglas fiscales han mejorado las herramientas de control del cumplimiento” de los compromisos fiscales. “Seguiremos muy de cerca la implementación”, ha insistido el letón, que será, precisamente, el encargado de este departamento durante esta legislatura.

El concepto de las nuevas reglas fiscales es similar al del plan de recuperación: los Estados se comprometen a hacer reformas e inversiones y, a cambio, los países obligados a hacer ajustes (los que superan el 60% de su PIB en deuda pública y el 3% de déficit) pueden tener más tiempo para hacerlo. La norma general es que estos programas en los que se fija un techo de gasto es de cuatro años, pero si se asumen esos compromisos se puede llevar hasta los siete. Ese ha sido el caso de España y también los de Francia, Italia, Finlandia y Rumania. “Esto ha rebajado significativamente su esfuerzo fiscal, en una media de medio punto del PIB”, ha cuantificado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en su despedida del cargo.

Junto a la evaluación del plan español, Bruselas presentaba este martes el análisis de los compromisos fiscales de otros 21 Estados miembros. De este grupo, solo ha quedado pendiente el de Hungría, que lo remitió más tarde. Por su parte, Países Bajos no se ha ajustado a los números que marcó la Comisión Europea. Faltan todavía por presentar sus planes Alemania, Bélgica, Bulgaria, Austria y Lituania, países que o bien están en procesos electorales, o bien tienen gobiernos en funciones y negocian coaliciones para nuevos Ejecutivos.

Bruselas y Madrid no solo han llegado al compromiso de subir algo más los impuestos. También hay otras reformas y compromisos en el documento que marca la guía para estos próximos siete años. Por ejemplo, debe hacerse evaluaciones de gasto para en 2028 reducir el gasto en una décima del PIB. Hay otras reformas recogidas en documento aprobado en el último de este Colegio de Comisarios que, en teoría buscan aumentar el crecimiento potencial de la economía, ya están hechas porque también forman parte del plan de Recuperación, entre la realizada para luchar contra el fraude o la Ley de Cambio Climático.

A pesar del respaldo que reciben los planes fiscales del Gobierno para los próximos años, el aprobado no está completo. España todavía no ha remitido a la Comisión el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y eso es una carencia que está presente en Bruselas. Fuentes del Ejecutivo comunitario han mostrado su confianza en que las cuentas públicas para el próximo año llegarán “en un futuro no demasiado lejano y distante”. El departamento que dirige Carlos Cuerpo es consciente de esto, si bien apuntan que como el Ministerio de Hacienda también ha estado implicado en todo el proceso de negociación con la Comisión no será problema.