El Gobierno prepara subidas de impuestos al diésel y las empresas por más de 4.500 millones

El Gobierno introdujo el miércoles por la puerta de atrás una suerte de reforma fiscal en las enmiendas al proyecto de ley para tener un tipo mínimo global del 15% aplicado a las multinacionales. De aprobarse las medidas tal y como están redactadas, Hacienda estaría planteando una subida de impuestos por valor de más de 4.500 millones de euros al año que recaerían principalmente en las grandes empresas y en el diésel. Así, previsiblemente, el Ejecutivo podría dar por cumplido su compromiso de reforma tributaria con Bruselas, necesario para ir reduciendo el déficit y para recibir el quinto pago de los fondos europeos, dotado con 7.200 millones.

Una de las principales medidas, que han sido pactadas con socios como Junts y el PNV tras días de intensas negociaciones, es la equiparación de la tributación del gasóleo no profesional a la de la gasolina, algo que viene reclamando Bruselas desde hace años. El argumento para defender esta subida fiscal es combatir la contaminación que provoca el diésel, ya que una imposición más elevada lo desincentivaría. Pero la consecuencia inmediata es que la recaudación de las arcas públicas podría elevarse en unos 1.000 millones de euros por ejercicio. El libro blanco de los expertos, que se entregó a Hacienda a principios de 2022, y los cálculos de la Autoridad Fiscal cifraban la medida en más de 2.000 millones. Pero esos números incluían el gasóleo profesional. Si solo se tiene en cuenta el consumo de los hogares y el descenso del parque de diésel, los ingresos superarían por poco los 1.000 millones de euros, según varios expertos consultados. Otros elevan en varios cientos de millones más la cuantía, pues calculan que por cada céntimo de aumento la recaudación subiría en unos 200 millones. Cada litro repostado se encarecería en algo más de 11 céntimos, por lo que llenar un depósito medio de unos 50 litros implicará pagar casi seis euros más.

Descartada la permanencia del impuesto a las energéticas, el PSOE, PNV y Junts también han consensuado un impuesto a la banca que supondrá una recaudación de más de 1.000 millones de euros por ejercicio durante los tres próximos años. Ese es el tiempo en que, al menos en la teoría, permanecerá en vigor. En los cálculos se ha contemplado la posibilidad de que la Hacienda vasca descuente el tributo al BBVA por tener allí su residencia fiscal. El hecho de que se extienda también a las entidades más pequeñas no reportará muchos más ingresos. El gravamen perdería el tipo general del 4,8% que contemplaba la figura extraordinaria y pasaría a uno de carácter progresivo en función de la base liquidable. Este oscilaría entre el 1% inicial, hasta los 750 millones de euros, y el máximo del 6% a partir de los 3.000 millones de base. Y habría un umbral de rentabilidad por debajo del cual se descontaría de los pagos.

Las enmiendas también contemplan un endurecimiento del pago de sociedades que hacen las grandes empresas. El Tribunal Constitucional había tumbado una serie de medidas que había aprobado el anterior ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, para conseguir recaudar más de este impuesto. Estas limitaban las compensaciones de pérdidas de años anteriores y, por lo tanto, obligaban a las compañías a ingresar más en los pagos fraccionados y en la declaración del año. También se reclamaba a las grandes empresas las depreciaciones de activos en el extranjero que se habían deducido antes de 2012. Pero una sentencia del Constitucional, el pasado enero, suprimió estas iniciativas por haberse aprobado por la vía del real decreto ley, sin estar justificado. Ahora, los cambios se blindan en la normativa española. Y la recaudación por estos conceptos podría alcanzar, según la bonanza de cada año, unos 1.500 millones anuales más, según los cálculos de los expertos consultados. Además de esto, Hacienda afirma que podría ahorrarse unos 3.000 millones en devoluciones por reclamaciones judiciales pendientes.

Todas estas modificaciones se han recogido en la ley que traspone —con casi un año de retraso— la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para las multinacionales para cumplir con el llamado pilar dos de la OCDE. Este permite que el Estado español reclame a sus grandes empresas que paguen por aquello que no han tributado fuera de sus fronteras hasta llegar al 15%. Si, por ejemplo, una multinacional cuya sede está en España paga en otro país un tipo inferior al 15%, España puede exigirle la diferencia hasta alcanzar el mínimo establecido. Y ello podría entrañar más de 1.000 millones de recaudación, si bien estos cálculos son los más complicados de llevar a cabo porque dependen de lo que hagan el resto de jurisdicciones. Hacienda llegó a tener un cálculo interno que rondaba los 2.000 millones, pero se prevé que las empresas se adapten y traten de minimizar esta factura fiscal. Además, se han introducido algunas deducciones que rebajarían la caja que se pueda obtener.

En total, de aprobarse estas medidas, el Gobierno podría lograr más de 4.500 millones de ingresos. Iniciativas como la subida de la fiscalidad del tabaco y el vapeo no conllevarían mucho más de 100 millones de euros. También sería leve el impacto del alza fiscal a las rentas del capital a partir de los 300.000 euros. Y el IVA de los pisos turísticos es más difícil de estimar, además de depender de lo que suceda en la Unión Europea. En consecuencia, el Gobierno podrá argumentar ante Bruselas que ha planteado medidas para ingresar en torno al 0,3% del PIB, equivalente con unos 4.500 millones, a los que se había comprometido en el plan fiscal. El objetivo de la reforma fiscal es uno de los hitos que hay que cumplir para obtener el desembolso de unos 7.200 millones de fondos europeos. Esta reforma debía haberse realizado siguiendo las recomendaciones del libro blanco de los expertos publicado en 2022. Este instaba, entre otras cosas, a subir los tipos reducidos del IVA y aumentar la tributación medioambiental, incluyendo el diésel. Y, también, a revisar los elevados beneficios fiscales con los que cuenta el sistema tributario español. Eso sí: perderá lo que se embolsaba por el impuesto extraordinario a las energéticas, valorado en más de 1.000 millones de euros.