Hacienda advierte del “desastre” que supondría retrasar la aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales

Este miércoles por la tarde se cerrará el plazo para incluir enmiendas en el proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales. La medida, que lleva meses de retraso, supone trasponer en el ordenamiento español la directiva europea del pilar dos —enmarcada en el programa de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios de la OCDE—, algo que tendría que haber sucedido antes de que terminara el año 2023 y que ya le ha supuesto al Ejecutivo una denuncia por parte de Bruselas. Una de las causas de esta dilación es que el Ministerio de Hacienda ha utilizado el trámite para incluir los mimbres de la pequeña reforma fiscal que hasta este martes por la noche seguía negociándose con los socios de la investidura, aunque todavía sin visos de prosperar. Pese a las dificultades de estas conversaciones y a que los impuestos a banca y energéticas siguen en el aire, el Gobierno se ha visto obligado a cerrar el plazo de enmiendas y agotar esta vía. ¿La razón? El calendario aprieta y es “imprescindible” trasponer la directiva antes de que termine 2024, según fuentes del ministerio. De lo contrario, sería un “desastre total” tanto para las multinacionales españolas como para el fisco.

El impuesto mínimo del 15% afecta a los grandes grupos dentro de la Unión Europea que tengan una cifra de ingresos consolidados igual o superior a los 750 millones de euros. Actuará sobre un resultado contable ajustado —es decir, una magnitud más parecida a los beneficios— y no sobre la base imponible, y tendrá como primera referencia los ingresos obtenidos por las multinacionales en el ejercicio fiscal de 2024. Por eso era imprescindible tenerlo aprobado antes del 31 de diciembre de 2023. Casi un año después, España sigue sin hacer los deberes y el tiempo apremia: si la directiva no se traspone en lo que queda de ejercicio —lo que ya de por sí incurriría en la retroactividad impropia—, los ingresos que en teoría corresponderían a Hacienda se irán a otras jurisdicciones.

El esquema del impuesto mínimo es muy complejo, pero lo principal es que está diseñado para garantizar que una multinacional abona a las arcas públicas al menos el límite establecido, explica Javier González Carcedo, socio de Fiscalidad Internacional en PwC Tax & Legal. Para ello, los países podrán actuar cuando una de sus empresas se sitúe en un territorio de fiscalidad algo más laxa y soporte una carga tributaria menor. Por ejemplo: si una compañía con sede en España opera en una región donde la tributación del impuesto sobre sociedades es del 10%, Hacienda tendrá derecho a exigir que le abone la diferencia, en este caso de cinco puntos porcentuales, hasta que llegue al 15%. Lo mismo sucedería a la inversa. Por eso, en caso de no aprobarse a tiempo, el perjuicio para España sería doble.

La inmensa mayoría de los socios comunitarios ya han implementado los cambios necesarios para operar con las nuevas reglas en 2025 y gravar los ingresos del año ahora en curso. Solo faltan España, Portugal, Chipre y Polonia, quienes fueron llevados hace menos de un mes por parte de la Comisión a los tribunales de la Unión Europea por no haber hecho los deberes. Por eso, añade Pelayo Oraa Gil, socio en el área de servicios de impuestos corporativos en KPMG, no hay duda de si las empresas van a pagar o no. “La única incertidumbre que tenemos es dónde lo harán y si España perderá la recaudación que a priori le toca”, explica.

Una vez que el plazo de las enmiendas termine, el proyecto irá a ponencia, a comisión, al pleno del Congreso, al Senado y, de nuevo, a la Cámara Baja. El camino se antoja complicado cuando hay varios festivos por delante. En Hacienda son conscientes de que han apurado los plazos y preocupa la “pérdida reputacional” si no se llega a tiempo, reconocen las mismas fuentes. Para los expertos consultados el gran problema es la inseguridad, ya que si la norma no recibe luz verde dentro del plazo previsto, los formalismos del impuesto cambiarán, así como el interlocutor (la jurisdicción) y los cálculos de la cuota entre una y otra filial. Sin olvidar, apunta González Carcedo, el “enorme coste” que han tenido que soportar las multinacionales para poder adaptar sus sistemas internos al gravamen.

Reforma fiscal

Uno de los grandes problemas del embrollo es que la tramitación de la directiva se ha visto comprometida por una negociación paralela para hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas e impulsar otros cambios fiscales. El Gobierno está conversando a varias bandas con sus socios de la izquierda y con el PNV y Junts, los más reticentes. Aunque el plazo se cierra este miércoles por la tarde, varias fuentes conocedoras veían todavía este martes muy difícil que los nuevos gravámenes obtengan luz verde. Y daban por hecho que no se incluirían enmiendas a la trasposición. Si esto sucede, la directiva del 15% seguirá su cauce y el resto de medidas fiscales se intentarán aprobar por otras vías.

El gran punto de la discordia entre el Gobierno, por un lado, y el PNV y Junts, por otro, es la conversión a permanentes de los dos impuestos sectoriales a la banca y las compañías energéticas. Aunque en un principio se había hablado de suavizarlos, los nacionalistas vascos y catalanes siguen apretando para que se descarten. En su lugar, deslizaron otras fuentes, el Gobierno tendría que impulsar otras medidas para poder cumplir con los objetivos fiscales. Sobre la mesa está un aumento de los impuestos a la electricidad y los hidrocarburos. Si bien, precisan desde Hacienda, no hay nada decidido.