El Gobierno retrasa la reforma de los impuestos a banca y energéticas ante la presión de sus socios y empresas

El Ministerio de Hacienda ha pospuesto la reforma para convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas. Necesita hacerlo antes del 31 de diciembre para poder así hacer tributar a estos grandes grupos por los beneficios cosechados en este ejercicio. En un principio, el Gobierno contemplaba la posibilidad de incluir el nuevo esquema a través de una enmienda en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima a las multinacionales. Sin embargo, el plazo para incluir correcciones a esta normativa se ha ampliado por enésima vez, ahora hasta el 30 de octubre, lo que permite al Ejecutivo contar con unos días de margen para intentar cerrar una negociación que se ha vuelto muy compleja.

En caso de no poder recurrir a esta vía, Hacienda aprobaría la medida a través de un real decreto ley que luego tendría que validarse en el Congreso, según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Aun así, esto acabaría siendo inconstitucional a menos que sea solo una prórroga del gravamen. Y de todas formas se enfrentaría a la ardua aritmética parlamentaria. Los impuestos precisan de los apoyos de PNV y Junts, al tiempo que empresas como Repsol presionan abiertamente para intentar bloquearlos. La banca simplemente se resigna a tratar de suavizarlos pidiendo que vayan contra el beneficio y no contra los ingresos por intereses y comisiones.

Estas figuras tienen que estar integradas en el sistema tributario español para que Hacienda pueda recaudarlas en 2025 sobre los ingresos de 2024, y así sucesivamente. Es un acuerdo al que llegaron en diciembre del año pasado PSOE y Sumar, cuando se aprobó el decreto anticrisis, y al que también se ha comprometido recientemente el Gobierno con Bruselas en su plan fiscal. Pero el desafío para tramitarlos es titánico. Dentro del Ejecutivo, el PSOE y Sumar escenifican dos posiciones cada vez más enfrentadas: mientras que los primeros quieren suavizar el diseño, los segundos abogan por mantenerlo e incluso endurecerlo. Entre los socios habituales del Ejecutivo, Bildu, ERC y BNG se alinean con las posiciones de Sumar. Pero la cosa se complica mucho más con el PNV y Junts, cuyos votos serían imprescindibles.

Según fuentes del PNV, el grupo vasco ya llegó a un acuerdo en diciembre de 2023 para que las tasas a banca y energéticas dejaran de ser gravámenes y se convirtieran en impuestos. De esta forma, podrían ser asimilados por los gobiernos forales del País Vasco y Navarra dentro de sus competencias fiscales propias, facilitando su recaudación e, incluso, permitiendo bonificarlos. Es más, Hacienda ya acordó con los nacionalistas vascos que se pudieran deducir del cálculo las inversiones renovables.

En una entrevista en RTVE, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, emplazó este martes a los socios del Gobierno a tener “cuidado” y ser “razonables” con el diseño de los gravámenes porque “no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro”. Y advirtió de que se podría hacer “un flaco favor a la continuidad de los sectores industriales” en Euskadi, pues algunas empresas ya han dicho que se van a resentir sus planes de inversión, en clara referencia a las declaraciones que ha lanzado Repsol.

En una tribuna publicada este martes en varios medios, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, cargó duramente contra la “demagogia fiscal” que supondría hacer permanentes las dos figuras y aseguró que la inversión en el sector energético español “se ralentizará al mínimo”, al tiempo que “miles de millones de euros se desviarán a otros países”. El primer ejecutivo de Repsol dijo que las empresas ya tributan por su beneficio en el impuesto sobre sociedades y sería pagar dos veces por lo mismo. Imaz explicó que su compañía tiene previstas inversiones en refinerías por valor de 10.000 millones de euros para los próximos años y que estas generan más de 200.000 empleos entre directos e indirectos. “El populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo”, zanjó.

Estas palabras de Imaz también han generado revuelo en Cataluña, donde Repsol tiene planeado invertir en el polo químico de Tarragona más de 1.000 millones de euros. Fuentes de Junts señalan que todavía no se ha determinado cuál será su voto y apuntan que la decisión probablemente se haga pública cuando llegue la votación. El futuro de estos gravámenes depende claramente de Junts.

En cuanto al impuesto a la banca, fuentes financieras consideran que la nueva situación del sector —con los tipos de interés a la baja y la moderación de los márgenes de interés— ha dejado desfasados los argumentos con los que se justificó la introducción de la tasa. Esta idea la abona las recientes palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien apuntaba que el nuevo gravamen tendría en cuenta los ciclos de crédito y las subidas o bajadas de tipos.

Fuentes financieras explican que tratan de convencer al Gobierno de que la tasa deje de gravar los intereses y comisiones para limitarse únicamente a los beneficios. También reclaman medidas especiales para los préstamos a pymes, de modo que el gravamen no limite su acceso al crédito.

Una propuesta que han remitido al ministerio, y que este no ha aceptado, es establecer un esquema similar a las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, que se congelan según el ciclo económico. También otean soluciones de otros países europeos, como Francia o Italia. En el primero han planteado un recargo en Sociedades, mientras que Roma ha optado por dilatar dos años las deducciones por activos diferidos.

Todo ello se cruza con la revisión del pago de la tasa que ha realizado Hacienda en los últimos meses. La Agencia Tributaria cree que los bancos han pagado al fisco menos de lo debido por este impuesto y se ha centrado en cuatro aspectos concretos de las cuentas de los bancos: el cómputo del negocio en el extranjero, las comisiones por ventas de seguros, las deducciones por los cupones de los bonos conocidos como cocos (aquellos que se convierten en acciones cuando el capital del banco cae de un determinado nivel) y el cómputo de los activos fiscales diferidos. Según indican las fuentes, esto abrirá una nueva batalla legal entre el sector y el Gobierno, puesto que los bancos están en desacuerdo con este nuevo criterio y plantean firmar actas de disconformidad y acudir a los Tribunales.

Los gravámenes extraordinarios nacieron para estar operativos en 2023 y 2024 —actuando sobre los ingresos de 2022 y 2023—, bajo la figura de la prestación patrimonial de carácter no tributaria. Eso permitía al Gobierno huir de riesgos como la doble imposición y obtener una contribución adicional de los sectores que se estaban beneficiando de la fuerte subida de tipos y del aumento de los precios energéticos por la crisis inflacionaria. En efecto, Hacienda recaudó más de 5.700 millones con ambas figuras en los dos primeros ejercicios, a razón de casi 2.800 millones por año. Ahora, en el rediseño que se estudia, el Gobierno tiene que decidir si mantiene esta filosofía, como reclama Sumar “para combatir el comportamiento oligopolista”, o si modifica el impuesto para suavizarlo, tal y como valoran Hacienda y Economía, y reclama el PNV.