Sumar propone que el Estado tome el control en Repsol tras llevarse inversiones fuera de España

Los impuestos pueden provocar un incendio político entre los aliados del Gobierno. Eso es lo que ha pasado por la intención de convertir en permanente los impuestos extraordinarios a energéticas y bancas. Unos gravámenes aprobados en 2022 para sufragar las ayudas a hogares y empresas por la crisis del coste de la vida. Y que se dirigieron a los sectores, banca y energéticas, que más se estaban beneficiando por la escalada inflacionaria y subida de tipos. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha propuesto este martes que el Estado tome una participación de control en Repsol después de que la empresa haya elegido a Portugal para invertir 15 millones de euros ante la inestabilidad regulatoria y fiscal de España. Una decisión que Carlos Martín ha tachado de “chantaje fiscal” contra España. “Amenazan con llevarse inversiones estratégicas a Portugal si no se rebajan los impuestos sobre los beneficios históricos que están registrando”, ha denunciado Martín en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. En el mismo mensaje, Martín ha recordado que la energética es una empresa que nació “de la privatización de las empresas públicas agrupadas en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, como la distribuidora Campsa, la refinera Enpretrol o Butano”.

La propuesta de Martín se produce tras la publicación por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de una tribuna de opinión en la que critica duramente el impuesto. Y señale que su mantenimiento es “el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.

La respuesta del portavoz parlamentario de Sumar no se ha hecho esperar: “Repsol se cimenta, por tanto, sobre un esfuerzo colectivo de país”, ha apostillado. En este punto, Carlos Martín ha criticado que en la década de los años 80 “se decidió dilapidar el patrimonio empresarial público malvendiéndolo”, lo que a su juicio “ha conducido a una economía menos autónoma y dependiente de la codicia de un puñado de ejecutivos y accionistas”.

Más impuestos

El portavoz del grupo plurinacional propone varias vías para hacer frente a lo que denomina “chantaje”. La primera de ellas es incrementar impuestos a aquellas energéticas que no realicen inversiones estratégicas suficientes para la transición verde en España y empleando estos recursos para llevarlas a cabo. La otra propuesta pasa por una participación pública de control de manera similar a como se hizo con Telefónica y, por último, promover a nivel europeo una regulación que impida el ‘dumping’ entre países y el “chantaje fiscal” empresarial.

CC OO de Industria y la sección sindical de la organización en Repsol también mostraron este martes su “preocupación” e “indignación” por las declaraciones de Imaz de condicionar ciertas inversiones en España a la existencia del impuesto extraordinario a las grandes energéticas, por lo que exigió una reunión “urgente” a la empresa. En este sentido, el sindicato criticó que no tuviera en cuenta a los trabajadores, así como el “esfuerzo” de los territorios. Por ello, solicitará “de inmediato” reuniones con la compañía y con los ministerios implicados para que, desde el diálogo, “se construya una solución en la que no se ponga en peligro la industria, las inversiones, los territorios y el empleo”.

Ataques contra el impuesto extraordinario

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha arremetido contra la decisión del Gobierno de hacer permanente el impuesto al sector energético y la banca y ha advertido de que “el populismo fiscal” comprometerá el futuro de la industria en España. En una tribuna en varios diarios, Imaz alerta de que al prolongar esta medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 —en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023—, la inversión en el sector energético español “se ralentizará al mínimo”. Y explica: “Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular”, subraya.

Peaje para que Sumar siga en el Gobierno

El empresario vasco reconoce que le “duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.

Imaz también defiende que “los debates sobre los impuestos son legítimos en una sociedad democrática” y que siempre ha defendido “una visión redistributiva de la política fiscal”. “Quizá por eso me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales”, añade. Por ello, lamenta que los partidos que conforman el Gobierno hayan presentado una propuesta para hacer permanente el impuesto, “más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades”, sin que haya debate ni “un análisis riguroso de las consecuencias”.

“No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de ‘que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal’. Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los ‘ricos y de las empresas’, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por “antisociales”, afirma.

Pendiente de la decisión de los tribunales

Además, Imaz, considerando los “argumentos jurídicos” de que pagar dos veces por un concepto similar como el beneficio “será un día tumbado en los tribunales, cosa que previsiblemente sucederá”, cree que “los actuales gobernantes estarán posiblemente lejos de sus funciones” cuando esto suceda, por lo que “no tendrán que pagar las consecuencias de sus políticas populistas e ilegales”.

Asimismo, el primer ejecutivo de Repsol pone en valor que España “es un país líder en refinerías en Europa”, lo que, además de la seguridad de suministro que esto supone, representa que se generan “más de 200.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, además de garantizar el empleo industrial de los dos principales polos químicos del país (Tarragona y Huelva)”.

Por ello, estima que el objetivo es “seguir compitiendo” con los productos que vienen de Oriente Medio, India o Estados Unidos, a la vez que se avanza en la descarbonización; “o sea, fabricando cada vez un combustible más renovable para mitigar el impacto del CO2″.

Asimismo, cree que “el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo”, y va a hacer “imposible” competir con la inversión energética en Estados Unidos. De esta manera, reconociendo que su opinión puede ser “irrelevante”, invita a los miembros del Gobierno a “que se lean las conclusiones de la Comisión Europea sobre este gravamen o el Informe Draghi”.

El ejecutivo de Repsol, que fue dirigente del PNV, cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho este martes un llamamiento a tener “cuidado” con los impuestos a las compañías energéticas y a los bancos porque, en su opinión, “no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro”, refiriéndose a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las que ha insistido en el mantenimiento de esos tributos.

En una entrevista concedida a TVE, ha emplazado a tener “cuidado” y ser “razonables” sobre la imposición del impuesto a energéticas y bancos y ha advertido de que se podría hacer “un flaco favor a la continuidad de los sectores industriales” en Euskadi, porque algunas empresas ya han dicho que van a resentir sus planes de inversiones.

El líder jeltzale ha apuntado a que “ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares”. “Nosotros, de entrar a valorar esa medida, sería que se hiciera impuesto y, si se hace impuesto, se tiene que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y para articular ese impuesto de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial”, ha indicado. En todo caso, ha advertido de que “no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro”. “Hay que tener cuidado con estas cosas, hacer cosas que sean razonables y que estén testadas porque, desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista de comunicación pública, está muy bien eso de que ‘los ricos paguen más’, ‘los beneficios llegados del cielo’, etc”, ha dicho.

El País vasco es muy industrial

Ortuzar ha recordado que Euskadi tiene “una realidad muy industrial” y saben que “si se quita dinero de un sitio, se resienten otras partidas”, y ha avisado de que algunas empresas ya advierten de que sus planes de inversiones “se van a resentir”. “Sería un flaco favor a la continuidad de los sectores industriales, que son sectores industriales muy potentes, por ejemplo en Euskadi, que esto afectará al plan de inversiones de las energéticas, que son empresas que invierten mucho y además invierten en bienes de equipo que se hacen precisamente por industria auxiliar vasca”, ha apuntado. En su opinión, se deben tener en cuenta “todos estos factores, hay que tener una fiscalidad justa, progresiva, efectivamente, quien más beneficios tenga, debe pagar más. Creo que hay que hacer una política fiscal estricta, pero ojo con matar a la gallina de los huevos de oro”, ha reiterado.

Ejercicio de realismo

Por otra parte, ha pedido a los partidos que apoyan al Gobierno que hagan “un ejercicio de realismo” y busquen “un mínimo denominador” para lograr unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) “adecuados a las necesidades del momento”. Asimismo, ha explicado que el PNV está empezando a tener los primeros contactos con el Gobierno, y tampoco conocen todavía “demasiados detalles de cuáles son las partidas principales, ni las inversiones, ni esos acuerdos plurianuales” comprometidos de años anteriores y de los pactos de legislatura. “Es pronto para hablar.

El Gobierno ya sabe cuál es la hoja de ruta del PNV, yo creo que somos el partido más previsible del Congreso de los Diputados. Nos gusta que las instituciones tengan presupuestos, y por lo tanto a nosotros nos gustaría que hubiera presupuestos este año y también que se cumplan los acuerdos con nosotros”, ha manifestado. Según ha indicado, “sobre esos dos parámetros va a guiarse la negociación” por parte de los jeltzales. Su pretensión es que “las cosas se hagan bien”, y no pondrán “condiciones imposibles”. “No vamos tampoco a exagerar de salida nuestras exigencias, porque con la disparidad y la heterogeneidad que tiene el Congreso de los Diputados, es muy complejo y lo único que trae es peligro de que todo esto se encalle”, ha subrayado.

A su juicio, “es hora de hacer un ejercicio de realismo, de buscar un mínimo común denominador” entre los dos partidos del Gobierno y las formaciones que le apoyan desde fuera, para “conseguir unos Presupuestos adecuados a las necesidades del momento”. También cree que Podemos cae en “un poco de exageración y sobreactuación” con su consulta a sus inscritos. A su juicio, los Presupuestos “siempre tienen un ritual de negociación y las fases iniciales del ritual son más de ruido y de grito que de razonabilidad”.