Los socios de izquierda del PSOE advierten de que tumbarán la reforma que elimina el impuesto energético

Los grupos a la izquierda del PSOE en el Congreso claman contra la supresión del impuesto energético. Advierten de que tumbarán el paquete de medidas fiscales si el Gobierno no da marcha atrás y recupera el tributo sobre las energéticas. Podemos volvió ayer a advertir al Gobierno: descartados PP y Vox, sus cuatro votos son fundamentales para aprobar cualquier reforma legislativa en el Congreso. El partido de Ione Belarra ha anunciado este jueves que tumbará la reforma del impuesto de sociedades del PSOE para trasponer una directiva europea que fija un tipo mínimo a las multinacionales si el texto incluye finalmente la eliminación del tributo extraordinario a las grandes energéticas, tal y como acordaron el miércoles los socialistas con PNV y Junts. El pacto fue rechazado también por Sumar, socio minoritario de la coalición, EH Bildu, ERC y BNG, que han presentado sus propias enmiendas defendiendo su permanencia. Las cinco formaciones han incluido esta propuesta entre sus enmiendas a la ley que regula un tipo mínimo efectivo para las multinacionales, algo que no ha hecho el PSOE y que han afeado ERC, EH Bildu y Podemos. Los cinco de los socios parlamentarios del Gobierno han optado por registrar ellos mismos la propuesta —todos plantean convertir la prestación en impuesto, salvo Sumar, que quiere mantenerlo como gravamen—, que ahora tendrá que debatirse y votarse en el Congreso.

Las modificaciones han sido registradas el último día de plazo en la tramitación del proyecto de ley que transpone la directiva europea para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales. Horas después de conocerse el acuerdo, en un comunicado emitido a primera hora del día, Podemos ha avisado que los cuatro diputados del partido no apoyarán el proyecto si se intenta sacar adelante excluyendo el impuesto extraordinario. “El gravamen a las energéticas debe convertirse en permanente y su retirada supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país”.

La formación izquierdista liderada por Belarra subraya que estas compañías obtuvieron en 2022, cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania, un “enorme beneficio extraordinario” derivado del incremento de los precios de la energía provocado por la guerra en el este de Europa. “Este crecimiento no ha sido coyuntural, puesto que algunas compañías como Naturgy o Iberdrola aumentaron sus beneficios en el año 2023, con incrementos rayanos en el 20 y 10%, siendo el reparto de dividendos la regla general en el sector”. “Estos beneficios”, prosigue Podemos, “provienen exclusivamente del bolsillo de las familias de nuestro país, que hacen frente a los precios abusivos de la energía establecidos por las eléctricas”.

En opinión del partido, “resulta imperativo que esos beneficios que acaparan ejercicio tras ejercicio retornen a la sociedad a través de un impuesto estructural. El sector de las energéticas ha acumulado más de 10.000 millones de euros de beneficios en 2023, ejercicio en el que estas empresas apenas abonaron al fisco 1.200 millones”, enfatiza el comunicado de Podemos.

Lo cierto es que desde su ruptura con Sumar y el paso al Grupo Mixto del Congreso en diciembre del año pasado, Podemos ha ido acentuando sus diferencias con el Gobierno, del que formaron parte en la anterior legislatura. En una necesidad por hacer valer sus cuatro votos —pocos pero fundamentales dado lo ajustado de las mayorías en el Congreso-, la formación dice ahora, al igual que Junts, no ser un socio del Ejecutivo, afirman que negociarán ley por ley su apoyo a la coalición y en ningún caso para aprobar medidas de carácter regresivo”, según han reiterado últimamente los diputados de la formación. Esta misma semana, el partido anunció que sus bases los avalan para vincular el respaldo a los próximos Presupuestos a que el Gobierno rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y baje por ley los alquileres un 40%.

En este caso, además, su rechazo a la eliminación del tributo coincide con el de otras organizaciones de izquierdas. El pacto no contó con el beneplácito de Sumar, que llevaba meses insistiendo en la necesidad de convertir en permanentes tanto este y como el tributo la banca (sí extendido), ya reaccionó el miércoles al señalar que no hay aún nada asegurado porque la negociación continúa en la Cámara baja.

Grandes herencias y bienes de lujo

Más allá de la polémica por los impuestos energético y bancario, los grupos políticos han presentado sus propias enmiendas a la ley, en su mayoría de contenido tributario. Así, Sumar propone crear un impuesto para las grandes herencias y un gravamen para bienes de lujo, así como ampliar el impuesto de grandes fortunas a patrimonios de más de un millón de euros o atender a las peculiaridades de las cooperativas en el impuesto complementario. Asimismo plantean diversas medidas fiscales para promover el alquiler estable, entre ellas endurecer el régimen de las Socimi y un recargo para los inmuebles vacíos, así como eliminar la exención fiscal de los inmuebles de la Iglesia Católica.

BNG también reclama ampliar el impuesto de grandes fortunas y ajustar el IVA a peluquerías, productos culturales y los productos de higiene íntima femenina. Bildu y ERC —que han presentado sus enmiendas de forma conjunta— defienden la necesidad de gravar los seguros de salud privados. Además, impulsan la modificación de la directiva del IVA para gravar los alquileres turísticos (una iniciativa también planteada por el PSOE) y una tributación de los residuos específica para viviendas turísticas.

Por su parte, Junts ha apuntado que algunas de las enmiendas registradas por el PSOE se habían pactado con la formación, como el impuesto bancario, la bajada del impuesto de sociedades para pequeñas empresas o la bonificación total de las cotizaciones sociales para la contratación de entrenadores o monitores de menores en entidades deportivas sin ánimo de lucro.