La Autoridad Fiscal recomienda que se suban los tipos reducidos del IVA

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) pide que se revisen al alza los tipos reducidos y superreducidos del IVA de una manera gradual y conforme vaya mejorando la economía. Estos afectan a bienes considerados de primera necesidad o la hostelería, y su tributación se encuentra ahora en el 4% y el 10%, respectivamente, en lugar del 21%, que es el tipo general. La Airef subraya que este beneficio fiscal ayuda a las rentas bajas pero beneficia incluso más a las altas. Por eso resulta mucho más eficiente elevar los tipos, combinándolo con aumentos del gasto social que compensen directamente a los grupos más vulnerables.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio que ha elaborado la Autoridad Fiscal sobre la eficiencia y la eficacia de 13 beneficios fiscales con un coste de unos 35.000 millones de euros anuales y que suponen el 60% del total. El análisis se ha realizado a petición del Gobierno, aunque este simplemente tomará aquello que considere oportuno.

El coste de los tipos reducidos del IVA asciende a unos 18.000 millones al año, de los que el 60% va al bolsillo de las rentas altas, concluye el organismo que vela por el estado de las cuentas públicas. Es decir, el 40% con mayores ingresos se lleva unos 11.000 millones. Aunque los tipos reducidos aplicados a productos de primera necesidad sí contribuyen a reducir la desigualdad, los tipos reducidos fijados para la hostelería, el transporte, las vacaciones o los bienes culturales benefician más a las rentas altas. España tiene muchos más productos con gravámenes reducidos de IVA que el resto de Europa. Mientras que en Alemania brindan una reducción al 18% de los productos, en España se hace con el 33%. Y eso provoca que el tipo efectivo del IVA en España sea del 11% frente al 14% que se abona de media en la UE. Por ejemplo, la Airef destaca que el IVA de las bebidas alcohólicas es bastante más reducido en España que en el resto de Europa. El organismo que dirige Cristina Herrero admite que hay muchas maneras de reformular estos tipos y señala que podrían revisarse para acercarlos a los que predominan en Europa. Es más eficiente dedicar esos nuevos recursos que se recauden a políticas de gasto focalizadas en las rentas más bajas, zanja. Esta misma recomendación ha sido reiterada en numerosas ocasiones por organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea.

La Airef ya abordó una primera ronda de revisiones del gasto o spending reviews que abarcaron desde el sistema de recolocación de parados a los pagos por medicamentos con receta o las becas. Ahora, además de los beneficios fiscales, publicará sus evaluaciones del gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo, en incentivos a la contratación y en inversión en infraestructuras de transporte. Las partidas examinadas en esta segunda ronda suman en total unos 51.000 millones anuales, un 4% del PIB.

La institución también reclama que se reformulen los incentivos fiscales al ahorro porque no cumplen con su función de fomentar la previsión a largo plazo para la jubilación. Estos permiten diferir hasta 8.000 euros del pago de impuestos por aportaciones a instrumentos financieros de ahorro. Sin embargo, lo habitual es que solo se aproveche como máximo hasta 1.000 euros de la cantidad que se puede diferir. Y aunque este beneficio fiscal podría salir a cuenta para las rentas bajas, estas no tienen capacidad económica para utilizarlas. Su coste alcanza los 1.600 millones de euros y solo favorece a personas de ingresos altos. El rediseño debería consensuarse en el marco del Pacto de Toledo, recalca la Autoridad Fiscal. Y añade que el 75% de los ingresos por jubilación se financian con el sistema público.

En cuanto al tipo reducido de Sociedades que se aplica a las sicavs o sociedades de inversión colectiva, la Airef constata que hay una elevada concentración de títulos en manos de unos pocos accionistas y, por tanto, recomienda que se endurezcan los requisitos a fin de asegurarse de que este beneficio realmente cumple con su función de incentivar una inversión colectiva y diversificada. Se trata así de evitar que una gran fortuna emplee este esquema para no tributar por sus ganancias de capital difiriendo los impuestos indefinidamente. No obstante, el coste de este beneficio fiscal se estima en apenas 200 millones de euros al año.

La Autoridad Fiscal pone además el foco sobre los incentivos en el IRPF para que se ponga una vivienda en alquiler. La reducción por arrendamiento alcanza el 60% del ingreso obtenido y ha generado un incremento significativo de la oferta de alquiler declarada a Hacienda desde que se puso en marcha en 2003. Dicho esto, en un contexto en el que las rentas bajas tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda, la Airef defiende que se module esta reducción para que se tenga en cuenta el perfil del arrendatario y su renta. Sobre todo hay que tener en cuenta las necesidades especiales que hay en áreas metropolitanas, indica el estudio. Su coste ronda los 1.000 millones al año.

Por otra parte, la reducción por tributación conjunta está pensada para que un hogar no pague más IRPF por tener solo un perceptor de rentas. Por ejemplo: una familia en la que los dos progenitores ganan 12.000 euros cada uno no paga nada del Impuesto de la Renta. En cambio, en el caso de un hogar en el que solo hay uno trabajando y gana 24.000 euros, este tributaría por IRPF, al declarar por separado, unos 3.000 euros a pesar de contar con los mismos ingresos. Gracias a la reducción en la tributación conjunta, esa discriminación se suprime. Este esquema tiene un coste de unos 2.300 millones de euros y beneficia a las rentas bajas, reconoce la Airef. Sin embargo, la institución considera que esta ayuda favorece que las mujeres trabajen menos. De ahí que recomiende que se suprima para los nuevos contribuyentes.

“Las medidas planteadas en las spending review deben formar parte de la necesaria estrategia fiscal nacional a medio plazo que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas”, remacha la Autoridad Fiscal.