Bruselas obligará a que el gasto público no crezca por encima del PIB en los planes de ajuste fiscal

Se ha hecho esperar años, pero la reforma de las reglas fiscales está lista: plan de ajuste de deuda para los países que superen un endeudamiento del 60% sobre el PIB y el 3% de déficit, pero amoldados a su propia situación y definidos por los gobiernos en negociación con la Comisión Europea. Aunque sí habrá indicadores y referencias comunes que limiten los trajes a medida que planteaba al principio Bruselas. Uno de esos límites será el tope a que el gasto neto crezca más que el PIB a medio plazo durante la vigencia de esos planes de consolidación fiscal, que serán de cuatro años, en principio, y podrán ampliarse hasta siete, siempre que el Gobierno de turno se comprometa a hacer reformas e inversiones productivas, según los textos presentados por la Comisión Europea este miércoles, que recogen también una reducción anual de la deuda del 0,5%.

Los documentos sobre la reforma de las reglas fiscales finalmente se concretan en dos reglamentos y una directiva. La gran duda a despejar en las últimas semanas era si habría referencias numéricas comunes para todos los países, como reclamaba Alemania, que en un documento remitido a Bruselas a mitad de este mes pedía una reducción mínima de la deuda equivalente al 1% para los países que tuvieran un endeudamiento muy alto y del 0,5% para quienes igualmente superaran los objetivos fiscales que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (un máximo del 60% sobre PIB de deuda pública y un déficit anual no superior al 3%). La presión de Berlín ha continuado incluso este martes, cuando su ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha publicado un artículo de opinión en Financial Times defendiendo de forma genérica las propuestas que su departamento remitió a la capital comunitaria.

Esas referencias numéricas comunes no aparecen en la propuesta de la Comisión de la forma en que lo pedía Alemania. No obstante, sí que hay elementos comunes para todos los países que desborden los objetivos máximos que exige el Pacto de Estabilidad. Uno de ellos será esa suerte de regla de gasto que obliga a que el gasto neto no supere el PIB a medio plazo durante la vigencia de los planes de consolidación. Otro elemento común será que los ajustes no podrán concentrarse en la última parte del periodo y tendrá que ser proporcional durante toda la etapa. Además, si el Estado pacta la extensión de cuatro a siete años, algunas partes del ajuste deberán concentrarse en los primeros cuatro ejercicios. Junto a estas dos guías comunes, hay otra: la ratio de deuda sobre PIB debe ser ya menor en el cuarto año del plan que al comienzo.

Del primer análisis de este grupo de propuestas puede concluirse que los equipos del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente responsable de toda el área económica, Valdis Dombrovskis, más la supervisión final del gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen, han tratado de dar algún tipo de encaje a algunas de las inquietudes alemanas. Lindner siempre ha sido el miembro del Ecofin, el órgano que agrupa a los ministros de Finanzas de la UE, más reticente a tocar las normas actuales del Pacto de Estabilidad. También el canciller Olaf Scholz, antecesor de Lindner al frente de las finanzas alemanas, ha llegado a declarar que las reglas actuales funcionan, pese a que son tan difíciles de cumplir que en el fondo nunca se han respetado a rajatabla.

A falta de conocer los detalles, el eurodiputado español del grupo de Los Verdes, Ernest Urtasun, demandaba este martes “normas para el futuro, no para el pasado. Eso significa superar una década perdida de falta de inversión sistémica para financiar la transición ecológica. Algo tiene que ceder: si los Estados miembros no pueden acordar una financiación a nivel de la UE para el Pacto Verde, los presupuestos nacionales tendrán que colmar la brecha. La propuesta debe ser más ambiciosa en ambos aspectos”.

Hacer una reforma de las reglas fiscales “realistas” o “aplicables” ha sido el objetivo explícito enunciado por el Ejecutivo europeo desde el primer momento. Las actuales, que plantean reducir la deuda pública que supere el 60% del PIB al ritmo de un veinteavo al año, son prácticamente imposibles de cumplir para aquellos países más endeudados (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica) sin que se vean obligados a hacer recortes muy duros que, a buen seguro, les abocarían una recesión profunda. Esto, a su vez, ahondaría más en la imposibilidad de cumplir las normas. Para hacerlas más “realistas”, el planteamiento básico es que los gobiernos diseñen unos planes de ajuste cuatrienales que tienen que negociarse con la Comisión Europea y deben aprobarse por el conjunto de los Estados miembros, es decir, el Consejo de la UE. Estos programas pueden ampliarse hasta siete años si el Estado concernido se compromete a hacer reformas e inversiones productivas que mejoren el potencial de su economía, una filosofía inspirada en los planes nacionales del Fondo de Recuperación, aunque sin el incentivo de los recursos de ese fondo.

Además de los planes de consolidación individualizados, hay otro elemento que apunta a un diseño menos teórico y más práctico que el actual: la rebaja en las sanciones para los incumplidores. Fuentes comunitarias explican que serán de un máximo del 0,05% del PIB cada seis meses y mecanismos de castigo reputacionales.

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