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Economía quiere reforzar el compromiso de los parados para que busquen y acepten un empleo

El Gobierno ultima una reforma de los subsidios de desempleo pactada con Bruselas a cambio de fondos europeos

Desempleo
Una persona sale de una oficina del paro del Paseo de Acacias en Madrid, el 3 de noviembre.Gustavo Valiente (Europa Press)

El Ministerio de Economía quiere incentivar la incorporación de los parados al mercado laboral. Para ello planea una reforma de los subsidios de desempleo que negocia, no sin tensiones, con el departamento de Trabajo desde hace un año. Estas ayudas a parados, que son percibidas por unas 800.000 personas, se activan cuando no hay derecho a la prestación contributiva y ahora se sitúan en el 80% del IPREM (el indicador público de rentas), unos 480 euros al mes. La idea es que, recibiendo la misma cantidad en el conjunto del periodo, el subsidio sea más alto al principio para ir progresivamente descendiendo con el paso de los meses. También se permitirá que esta ayuda sea compatible con un empleo a tiempo completo. Con este nuevo esquema descendente, se pretende fomentar que el parado busque empleo en un contexto en el que están aumentando las vacantes sin cubrir. Si no lo encuentra, siempre podrá acceder al Ingreso Mínimo Vital. Pero el proyecto no se queda solo ahí: a la vez se buscará reforzar el acuerdo de actividad que firman todos los parados al ingresar una ayuda y por el que se comprometen a estar buscando empleo y a formarse mientras obtienen el subsidio.

Según los informes de la OCDE, España es uno de los países donde menos se exige a los parados buscar trabajo, junto a Chile, Polonia, Grecia y Turquía. Es decir, aunque el beneficiario suscribe un compromiso de búsqueda de empleo, este no se comprueba como debería. Por este motivo, los cambios aspiran a intensificar el control que se ejerce si el parado rechaza las ofertas de trabajo que les planteen los servicios regionales. Esta sería la segunda pata que anunció este lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una conferencia organizada por la consultora EY.

Las diferencias entre Trabajo y Economía han estado retrasando la aprobación de esta reforma, que está pactada con Bruselas y que tenía que haberse aprobado a finales de 2022 para cumplir con los compromisos del cuarto pago de fondos europeos, todavía pendiente de solicitar en parte por la demora con esta iniciativa. Mientras que Economía defiende el diseño descendiente del subsidio y el refuerzo del compromiso de actividad, Trabajo busca ampliar el espectro de los beneficiarios y habla de no estigmatizar al parado. Trabajo sí que acepta graduar y simplificar todas las ayudas existentes en un único subsidio. Estas tensiones se dilucidarán en la redacción del Real Decreto Ley que se tiene que presentar en las próximas semanas. Pese a su salida planeada hacia el Banco Europeo de Inversiones, la vicepresidenta Nadia Calviño está peleando porque esta reforma tan importante se implante.

Durante su intervención en EY, García Andrés explicó que el pleno empleo es un objetivo alcanzable, pero que hacen falta reformas para lograrlo. Bajar el paro supone subir salarios, elevar la productividad y reducir el déficit fiscal, señaló. Además de reformar el diseño del subsidio, el secretario de Estado defendió “potenciar el compromiso de actividad”. Subrayó que hace falta que el apoyo que se brinda al parado para formarlo y orientarlo “tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de una oferta adecuada”. Este compromiso ya existe, pero en la práctica no se aplica una vigilancia, los servicios públicos apenas ofertan puestos y la decisión sobre qué es una oferta adecuada se deja en manos del parado.

El acuerdo o compromiso de actividad es un documento que el parado debe firmar obligatoriamente si quiere recibir prestaciones o subsidios por desempleo. Con esta firma se compromete, entre otras cuestiones, a “buscar activamente empleo, participar en las acciones de mejora de la ocupabilidad que se determinen por los servicios públicos de empleo” siempre que haya un itinerario de inserción; “acudir, cuando haya sido citado (para ofertas de empleo, acciones formativas o de orientación...), ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación correspondientes”; y “devolver el justificante, en el plazo de cinco días, de haber comparecido en el lugar y fecha indicados, a fin de cubrir la oferta de empleo facilitada”.

En la práctica, estos compromisos incluidos en el acuerdo de actividad quedan en la mayoría de los casos en papel mojado ante, por ejemplo, la inexistencia de itinerarios personalizados de inclusión para el parado, o debido a la ausencia de ofertas de formación o trabajo por parte de los servicios públicos. Esta sería, por lo tanto, una de las cuestiones que debería impulsarse contratando en los servicios públicos más personal especializado, como orientadores, encargados de hacer prospecciones de ofertas de empleo sobre el terreno, formadores, etcétera. De esta forma, aumentará el seguimiento personalizado que se hace al parado para que cumpla con su compromiso de buscar activamente empleo y aceptar las ofertas o la formación. Y esa sería la contrapartida que se pide a cambio de las mejoras del funcionamiento del servicio público. De ahí que García Andrés haya incidido en la “reciprocidad en la búsqueda activa de empleo y en la aceptación de una oferta adecuada”. En este sentido, podría abrirse el debate sobre si se mantiene la actual definición de lo que la ley considera “oferta adecuada”, cuyo rechazo está penalizado con una suspensión o, incluso, con la retirada de la prestación o subsidio.

Colocación adecuada de empleo

La actual definición de colocación adecuada indica que ésta debe cumplir con la formación, características profesionales, experiencia previa o intereses laborales de la persona trabajadora. Asimismo, tiene que ser “aquella que se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas”. En materia retributiva, debe implicar “un salario equivalente al establecido en el sector en el que se ofrezca el puesto de trabajo”. Además, según el SEPE, la colocación que se ofrezca debe ser indefinida y con un salario, en ningún caso, inferior al salario mínimo interprofesional. Aunque también podría incluir ofertas de empleos temporales o a tiempo parcial si así se recoge en un itinerario de inserción. Sin embargo, fuentes conocedoras del sistema apuntan que la clave reside en que el trabajador es el que decide si cumple con estas condiciones.

García Andrés identificó estos cambios como la pieza que falta y que debe combinarse con la Ley de Empleo que está actualmente en desarrollo y que busca mejorar la orientación y la formación de los parados poniendo en marcha un seguimiento más personalizado. Recordó además que organismos como el Banco de España y el propio Sepe detectan puestos sin cubrir en sectores no cualificados. No obstante, el Ministerio de Trabajo considera que la mejora del funcionamiento de los servicios públicos habría sido más factible si se hubiera aprobado en la Ley de Empleo que todas las empresas estuvieran obligadas a publicar sus ofertas en los canales públicos. Esta era la intención inicial de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero esta iniciativa se cayó de la norma por el rechazo de la patronal, avalado también por Economía. Estos no querían imponer una nueva carga a las compañías.

Gonzalo García Andrés explicó este lunes que el actual sistema de subsidios a parados se fue generando para atender a las urgencias sociales que iban surgiendo. Pero ahora una buena parte de estas situaciones estaría cubierta con el Ingreso Mínimo Vital. Así que un objetivo de este mayor seguimiento de los parados sería encuadrar bien a todos los perceptores de ayudas, de forma que, si estos tienen dificultades para reinsertarse y encontrar un trabajo, puedan trasladarse al marco de protección del ingreso mínimo. Y los diversos tipos de subsidios por desempleo que existen se fusionarían en uno solo pensado para incentivar la incorporación al mercado de trabajo.

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