El Gobierno cambiará los subsidios de paro para incentivar la incorporación al mercado laboral

De los 1,6 millones de personas que reciben una ayuda por desempleo, unos 800.000 obtienen un subsidio, que solo se activa cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva generada por haber cotizado. La cantidad mensual percibida con estos subsidios se sitúa ahora en el 80% del IPREM, esto es, 480 euros. A cambio de los fondos europeos, el Gobierno ha pactado con Bruselas cambiar este sistema de subvenciones para que esté más vinculado al empleo. Así que, según confirman fuentes gubernamentales, se va a modificar el diseño de estas ayudas sin alterar ni los derechos ni las cantidades percibidas: la idea es que, recibiendo en total la misma suma que se iba a embolsar en el conjunto del periodo, el beneficiario tenga una subvención mensual más alta al principio, pero que esta vaya descendiendo gradualmente conforme pase el tiempo.

Este modelo está instalado prácticamente en toda Europa salvo en España. Y así lo recomendaba la OCDE en su último informe sobre la economía española. Básicamente hay dos grupos: unos países que hacen muy gradual y lineal esa reducción progresiva, como Italia. Y otros que lo van haciendo en escalones más acusados, como Alemania. Estos esquemas se formulan así para incentivar a la persona a incorporarse al mercado de trabajo: al ver que la cantidad percibida se va reduciendo, el incentivo a buscar empleo aumenta.

Además, el beneficiario podrá seguir cobrando la ayuda una vez haya conseguido un empleo. Durante un tiempo y de forma decreciente, podrá compatibilizarla parcialmente con su salario como un complemento. Así se fomentará también la incorporación al mercado laboral. El salario mínimo ha subido mucho en los últimos años, situándose en los 1.080 euros en 14 pagas. Al combinar el SMI con el nuevo complemento supondrá un fuerte estímulo para acceder a la economía reglada abandonando la sumergida, señalan estas fuentes. Y añaden que el mayor uso del contrato indefinido debería contribuir asimismo a vincular más a estas personas al empleo formal.

Son como unos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al contrario, explican. Los ERTE ayudaron a mantener los puestos de trabajo y los empleados preferían estar en la economía reglada para poder así beneficiarse de ellos. El nuevo diseño podría funcionar de un modo similar pero en sentido contrario: los incentivaría a entrar en el mercado laboral, ayudándoles a que prefieran estar en la economía A.

España es el país de la OCDE tras Francia que más gasta en ayudas al desempleo. El volumen de personas que ingresa subvenciones es muy elevado. Más de dos tercios tienen edades superiores a los 50 años y hay algo más de mujeres que de hombres. Algunos estudios, aunque relativamente antiguos, apuntan que hasta un tercio de los perceptores de estos subsidios no busca empleo. Se trata de personas que están ingresando cantidades bastante bajas y que solo se explica que puedan subsistir con tan poco teniendo otros apoyos o unas circunstancias que les exigen pocos ingresos. El uso de la economía sumergida podría ser uno de esos apoyos. Por eso, se juzga esencial rediseñar estas rentas para que sean un estímulo mucho mayor al empleo reglado. Es importante diseñarlas para que mediante incentivos baje este número de personas, explican estas fuentes.

El plan es reforzar esta iniciativa con las mejoras que se quieren implementar en las políticas de empleo, las llamadas políticas activas. Se pretende contar con un mayor número de orientadores laborales para hacer un seguimiento más personalizado de estos perceptores de subsidios. De esta forma, se buscaría reforzar el compromiso del parado con la búsqueda activa de empleo. Es lo que en la jerga se llama protección activa. En un entorno en el que hay escasez de mano de obra tiene mucho sentido que se cambien estos esquemas para fomentar la inserción laboral. En muchos países, como por ejemplo en el Reino Unido, hay un control estrecho de las entrevistas de trabajo a las que ha acudido el beneficiario.

En cualquier caso, si la persona no logra encontrar empleo, siempre podrá recurrir al Ingreso Mínimo Vital. Se forma así un sistema de ayudas públicas con dos patas: una pensada para incentivar el empleo y otra basada en el ingreso mínimo para aquellos individuos con más dificultades para la reinserción y que pueden estar en una situación de vulnerabilidad.

La reforma del sistema de subsidios de desempleo es un hito del componente 23 del Plan de Recuperación que debía haber estado listo para diciembre del año pasado y que, por lo tanto, formará parte de la petición del cuarto desembolso de fondos europeos que se hará a finales de año. Es decir, va con retraso y debe aprobarse de forma inminente. Por su parte, la reforma de las prestaciones asistenciales está recogida en el componente 22 y, en principio, debería reconstruir todo ese sistema en torno al ingreso mínimo. El calendario la fija para diciembre de este año, pero al haberse demorado las peticiones de pago se pondrá en marcha más tarde.

Los teóricos siempre defienden que todas las ayudas deberían fusionarse en un solo sistema con el ingreso mínimo como último colchón, en el cual sería obligatorio que todos declararan sus ingresos en el IRPF, lo que incluso podría hacer posible conceder de forma automática y mensual el ingreso mínimo, que ya permite la compatibilidad con el empleo.

Informe de la OCDE

El objetivo comprometido con Bruselas habla de vincular el subsidio de paro a un itinerario personalizado de empleo. Según los informes de la OCDE, España es uno de los países donde menos se exige a la hora de la búsqueda activa de empleo junto a Chile, Turquía, Polonia y Grecia. España no se encuentra rezagada en las sanciones que fija por incumplir o en las condiciones de acceso que se piden. Pero sí en cuanto al nivel de exigencia a la hora de buscar empleo. La OCDE habla, por ejemplo, de la baja frecuencia en el control. Es decir, aunque hay un compromiso de búsqueda de trabajo, esta no se comprueba como debería.

El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y colaborador de Fedea, Miguel Ángel García, alaba estos cambios. No obstante, considera que la tarea se complica porque los servicios públicos de empleo apenas hacen labores de intermediación. Tienen muy poca relación con el tejido productivo y, por tanto, carecen de información sobre las necesidades locales y regionales de los empleadores. Tampoco se hace un perfilado del demandante de empleo que facilite su colocación entre las empresas o que establezca los itinerarios de formación que debería seguir. Además, como señala García, la nueva Ley de Empleo determina que cualquier oferta de trabajo debe ser “adecuada” sin detallar lo que significa esto, de manera que en el fondo se está dejando al juicio del interesado y, por lo tanto, no se dan penalizaciones. “Es la persona la que decide si una oferta es adecuada. Las obligaciones que se imponen a los perceptores son muy vagas como para hacerlas efectivas”, concluye Miguel Ángel García.

Los expertos en general hablan de la asimetría entre las políticas de ayudas y las de activación de los parados. El Estado es el que paga por lo general la prestación o subsidio, pero es la comunidad autónoma la que tiene que abrir el expediente si observa un incumplimiento. Así que la Administración autonómica no tiene ningún incentivo a retirar la ayuda porque el dinero no es suyo. Es muy raro que abran un expediente. En consecuencia, existe un desalineamiento de los incentivos entre las Administraciones. “No existe la corresponsabilidad fiscal en este ámbito”, dice Juan Pablo Riesgo, exsecretario de Estado de Empleo y socio de EY. Y las reformas pactadas con Bruselas no hacen nada en este respecto.

La reforma que se prepara sí que simplificará y unirá la gran abundancia de subsidios existentes bajo un solo paraguas. Aunque dejará sin tocar los subsidios y rentas agrarias que reciben más de 150.000 personas en Andalucía y Extremadura.

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