Perdidos en el laberinto del paro

El paro es una losa que penaliza a los españoles desde tiempos inmemoriales. Aunque su evolución ha sido descendente desde 2013 y el pasado junio bajó por primera vez desde 2008 de los tres millones de personas, duplica la media del 6% de la Unión Europea y refleja que el país es incapaz de absorber a los trabajadores que expulsa del mercado en las crisis aun cuando en las expansiones genere millones de puestos de trabajo. El desempleo se cronifica.

El denominado paro de larga duración, aquel que se prolonga más allá de un año, es el máximo exponente de este enquistamiento. En España 1.256.600 personas, el 42% del total de desempleados, viven actualmente en esta situación. Son el 30% del total en la Unión Europea. De ellos, 405.300 llevan entre uno y dos años buscando empleo y 851.300 han superado la barrera de los dos años, a veces por mucho. Unas cifras que, pese a que están reduciéndose, vuelven a colocar a España a la cabeza de las naciones desarrolladas. “Estamos muy por encima de la media del 28,4% de la OCDE en desempleo de larga duración. Solo nos superan cinco países: Grecia, Italia, Eslovaquia, Bélgica y Portugal”, describe Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.

El handicap, asegura este doctor en Economía por la Universidad de Valencia, es que cuanto más tiempo se lleva sin trabajo, más reducidas son las posibilidades de encontrarlo. Si la tasa de transición al empleo de los que están parados menos de un año supera el 37%, la de los que permanecen entre dos y tres años es del 11% y entre quienes superan los cuatro años no llega al 7%, 5,5 veces menos. “Es un colectivo que se queda tan fuera del mercado laboral que eso le genera unos daños colaterales tremendos, hasta poner en riesgo su supervivencia. La mayoría se ven abocados a la exclusión social y a problemas de salud mental por esa pérdida de identidad que les produce el hecho de no ser productivos”, sostiene Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT.

España lleva 13 años sin bajar de la barrera de un millón de personas desempleadas durante más de un año, anota Javier Serrano, de Analistas Financieros Internacionales (AFI). En la cronificación del desempleo confluyen varios problemas: la ineficacia de las políticas activas de empleo públicas (a las que este año se destinarán 6.480 millones de euros) y las características de los parados de larga duración: su edad avanzada y su bajo nivel de cualificación, explica Doménech. El 52% de quienes llevan más de un año en paro tienen más de 40 años y tres de cada diez cuentan con entre 50 y 59, la franja de edad en que tiene mayor incidencia. Además, es un colectivo con sesgo de género, más del 52% son mujeres, analiza Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. Y el 76% del total ha completado, como mucho, la educación secundaria.

“Es uno de los grandes problemas del mercado laboral que siempre está ahí y que genera grandes consecuencias psicosociales”, aprecia Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Y lo pone en perspectiva: el máximo de paro de larga duración se alcanzó durante la Gran Recesión, cuando llegó al 63% del total de desempleados en 2013, y el mínimo, con un 21%, fue en 2008. “Mejorar las políticas activas de empleo (PAE) es una tarea pendiente desde hace muchos años, especialmente para los mayores de 45 y 50 años, que se han quedado desfasados independientemente de su nivel de estudios y necesitan actuaciones pensadas específicamente para ellos. Pero tenemos las mismas políticas que hace 25 años”, critica. “Es preocupante”, expone Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “cuando se pasa la franja de los dos años en paro, la situación se cronifica si no se ponen en marcha planes de inserción debido a la desactualización de las personas y su baja autoestima. Y lo que los servicios públicos de empleo ofrecen es poco”.

La lección que dejó la anterior crisis económica fue la necesidad de la activación temprana de este colectivo. “Actuamos bien en la protección social: dos años de prestación por desempleo y subsidios ad hoc para ofrecer un mínimo de renta a los mayores de 45 años y colectivos vulnerables, pero donde fallamos es en la activación de estas personas. Los servicios públicos de empleo actúan cuando se acaban las prestaciones y las políticas activas brillan por su ausencia. No hemos aprendido nada de la Gran Recesión”, sostiene Marcel Jansen, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fracaso público

El también investigador de Fedea critica que estos organismos públicos no se hayan modernizado en los últimos 10 años para ser capaces de desplegar planes de inserción individualizados para unos parados estructurales que necesitan intervenciones más duraderas que los demás. Y ello a pesar de que Europa ha fijado la reforma de las PAE como una de las prioridades para acceder a los fondos Next Generation. “De los dos proyectos de ley que ha presentado el Ministerio de Trabajo, ninguno avanza hacia la modernización de las PAE, y en algunos aspectos, como la financiación por objetivos de las comunidades autónomas o el perfilado estadístico, hemos retrocedido. Se ha perdido una legislatura”, reprocha Jansen, “no podemos limitar las políticas a aumentar los derechos y los costes para el Estado sin actuar sobre las PAE”.

El departamento que dirige Yolanda Díaz señala por correo electrónico que los parados de larga duración “se consideran colectivos vulnerables de atención prioritaria” en la futura legislación, y que se va a abrir una mesa de diálogo social específica de forma inminente. “La renovación de las PAE pretende, precisamente, acabar con ese elemento tan singular del desempleo en España que es el enquistamiento del paro durante mucho tiempo”.

Aunque tanto los empresarios como los sindicatos cuestionan la nueva Ley de Empleo y el anteproyecto de incentivos a la contratación del Gobierno, a los que han presentado multitud de enmiendas. “En España somos conocidos por tener las peores políticas de empleo de Europa y por ser el país que menos se gasta en ellas. Aunque el presupuesto se va a incrementar, sabemos que va a ser dinero tirado a la basura porque de nada sirve el café para todos; hemos de garantizar como derecho la atención individualizada a los desempleados, que se tome en serio la figura de los orientadores y se le dé autonomía, y también que las transferencias a las comunidades autónomas tengan carácter finalista, es decir, que se destinen únicamente a este colectivo. Si la Ley de Empleo queda como está, no tendrá impacto en el desempleo de larga duración”, anticipa Cristina Estévez.

Falta evaluación de los resultados de estas intervenciones que despliegan el Gobierno, las comunidades autónomas y los organismos locales. En 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estudió las políticas activas de empleo para concluir que no se sabe exactamente el dinero que se destina a ellas y en qué se gasta (entonces calculaba un presupuesto de entre 6.100 y 6.500 millones de euros); que la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas para desplegarlas es deficiente y que las ayudas a la formación son cuestionables porque no tienen presentes las necesidades del mercado laboral. El estudio señalaba que el 40% de los fondos se destina a ayudas a los empresarios para la contratación. En definitiva, demostró la ineficacia de este gasto público. Hoy por hoy, sigue sin haber evaluaciones y los investigadores se quejan de que se les ha cerrado el grifo de los datos. UGT estima, no obstante, que el 94% de los parados de larga duración jamás han recibido una oferta de trabajo de los servicios públicos de empleo, “y esto es indignante”, según Estévez.

Ana Herráez, responsable del Área de Mercado Laboral en CEOE, considera que sin un estudio riguroso sobre el colectivo de parados, y especialmente de los que llevan más tiempo en esta situación, se corre el riesgo de que las PAE vuelvan a caer en saco roto. “Se incluye un itinerario personalizado para la inserción laboral, pero no los fondos necesarios. Sin garantía presupuestaria es difícil que progrese la nueva Ley de Empleo”, indica. Herráez cree que los servicios públicos de empleo deberían trabajar con las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal, con experiencia en el colectivo de parados de larga duración, para impulsar su reincorporación. Pero la ley solo vincula la colaboración público-privada al tercer sector y las entidades sin ánimo de lucro. “Existe prevención por parte del ministerio a esta colaboración, cuando el SEPE solo intermedia el 3% de las colocaciones del país, un porcentaje que superan ampliamente las entidades privadas”, lamenta.

“Se ha demostrado que la colaboración público-privada da sus frutos, pero no se da el paso. El problema de un parado de larga duración no es el mismo que el de quien lleva desempleado cuatro meses. Requiere un análisis personalizado de la situación de la persona, un itinerario laboral ad hoc, formación individualizada y trabajar en la readaptación al mercado laboral o en la reconversión hacia otro sector. Cuando lleva más de cinco años en paro es un proceso largo, que dura de 6 a 12 meses”, explica Francisco Mesonero. “No entiendo que la Administración pague un año de desempleo cuando se puede ahorrar un 60% del coste con los programas de inserción de las empresas especializadas”, lanza.

No hay duda de que la acción pública debe centrarse en una orientación y acompañamiento individual de las personas que llevan más de un año en el paro y a las que las empresas han cerrado el grifo de la contratación si superan los 50 años. Así lo demuestran las políticas públicas de países como Dinamarca o Alemania. Tampoco la hay de la responsabilidad que tienen estas personas a la hora de evitar que su nivel formativo se deprecie o de mejorar su cualificación. Aunque algunos expertos, como Javier Serrano, también opinan que las ayudas públicas que proporciona España desincentivan la búsqueda de empleo por parte de estos parados. “Cuando agotan la prestación por desempleo, cobran un subsidio y lo pueden completar con rentas de inserción regionales o el ingreso mínimo vital. Así su voluntad para buscar empleo es menor”, sostiene. Serrano asegura que la comunidad autónoma donde más tiempo llevan inactivos es en el País Vasco, que es una de las que ofrecen rentas más generosas (de unos 1.000 euros). Por ello propone que los subsidios sean cada vez más estrictos, que no permitan, por ejemplo, rechazar más de dos puestos de trabajo.

“No podemos paliar el paro de larga duración con subsidios como el ingreso mínimo vital, necesitamos actuar para que estas personas encuentren trabajo. Para ello proponemos compatibilizar el cobro de esta ayuda con el empleo temporal o a tiempo parcial”, señala Cristina Estévez. Para que no se rechacen los empleos, CEOE también aboga por la compatibilidad, pero en su caso de la prestación del paro y el trabajo de corta duración.

Combinar políticas

“Es muy importante combinar las políticas activas con las prestaciones, pero no tenemos que renunciar a que los desempleados de larga duración encuentren trabajo. No podemos pensar que las políticas pasivas sean un puente a la jubilación. Ya que el empleo es algo más que la obtención de una renta salarial, el trabajo dignifica a las personas”, dice Doménech, preocupado por los círculos viciosos en que entran estos desempleados: depresiones, consumo de opiáceos…, que se reflejan en una menor esperanza de vida. Cuidado porque en España ha dejado de aumentar, avisa.

“Ahora tenemos una oportunidad de mejorar las políticas activas de empleo y la empleabilidad con los fondos europeos, que tienen como dos de sus tres objetivos prioritarios la sostenibilidad social y la digitalización, y con estas políticas se incorporan”, agrega el experto. “Esperemos que la Ley de Empleo no sea una oportunidad perdida”, zanja Miguel Ángel Malo.

Natividad Hernández: “No me gusta vivir de una prestación. Quiero trabajar en lo que sea”

En 2016, después de separarse de su marido, Natividad Hernández comenzó su búsqueda de empleo. De raza gitana, se había dedicado hasta entonces a la venta ambulante junto a su familia. “No tenía experiencia laboral porque mi vida ha sido la venta ambulante y tampoco formación, solo los estudios básicos”, reconoce. Un año después, “di con la Fundación Tranvía y empecé a formarme. Quería emprender en venta ambulante de calzado y fui al banco a pedir un microcrédito para comprar una furgoneta que me aprobaron sin tener nada”, recuerda todavía sorprendida. Trabajó así durante dos años hasta que tuvo un accidente laboral que le ha generado limitaciones de movilidad en un brazo. Se tomó un tiempo para recuperarse, llegó la pandemia y decidió empezar a buscar trabajo por cuenta ajena debido a la discapacidad que le provocó el accidente. “Cobro el ingreso mínimo vital, pero no me gusta vivir de una paga y estar sentada en el sofá. Quiero trabajar de lo que sea”, afirma tajante a sus 51 años. Actualmente está haciendo prácticas en una tienda de la cadena Panishop en Zaragoza tras cursar una formación de 280 horas de repostería a través del programa Incorpora de la Fundación La Caixa. “Ojalá que me quede después de las prácticas. Estoy muy ilusionada”, dice sonriente.

Victoria Martínez: “Es muy duro estar tanto tiempo sin empleo estable”

La vida de Victoria Martínez dio un vuelco radical a partir de los 45 años. “Sufrí las consecuencias de la crisis tras un ERE en la empresa donde llevaba trabajando cuatro años y medio. Hasta los 45, cuando me quedaba sin empleo, siempre encontraba otro con celeridad. A partir de ahí mi vida ha dado un giro de 180 grados. Es una angustia”, sostiene. A sus 52 años, esta licenciada en Derecho y con varios másteres de marketing y gestión comercial, así como con un certificado de profesionalidad en gestión contable, está buscando trabajo activamente desde 2015. “Hay una falsa creencia de que los parados de larga duración no tenemos estudios superiores”, afirma. En los últimos cuatro años apenas si ha podido trabajar en sustituciones el equivalente a un año. Pero no deja de formarse. “Para mí ha sido fundamental descubrir los programas de empleabilidad. No he parado de realizar cursos para estar actualizada”, comenta. Ahora hace uno con la Fundación Adecco, que le ha proporcionado una sustitución de un mes. “Es muy duro llevar tanto tiempo sin tener empleo estable. Consigo sobrevivir porque vivo con mis padres y tengo las necesidades básicas cubiertas. Soy una privilegiada”. Su búsqueda de trabajo es una carrera de fondo. “A veces estás motivada y otras no. Esto afecta mucho a la confianza y seguridad en uno mismo”, asegura. “Busco puestos como administrativa, contable, comercial, teleoperadora, en atención al cliente… Los parados de larga duración necesitamos esa primera oportunidad para volver a integrarnos en el mercado. Hay que luchar contra el edadismo que practican las empresas”, defiende. “Se me han acabado las ayudas y he tenido que ahorrar para poder mantener el coche, que piden en el 75% de las ofertas”.

Beni García: “En los últimos 10 años he trabajado solo dos y medio”

Su salida de Telemadrid tras el brutal ERE de la televisión pública, en 2013, truncó la vida laboral de Beni García. Ya había rebasado la barrera de los 50 años cuando fue despedido de su puesto de ayudante de producción. “Todos pensábamos que íbamos a estar toda la vida allí y al principio no nos creímos que el ERE fuera real y luchamos para que se anulase”. En los casi 10 años que han pasado desde entonces, asegura que apenas ha trabajado dos y medio si suma todas sus ocupaciones, y se ha enfrentado a “auténticas barbaridades, como que me ofrezcan el pago de tres euros por hora”. Tras el proceso judicial por el que los profesionales mejoraron su indemnización al declararse improcedente el despido, García empezó a buscar trabajo, pero solo le salían pequeños proyectos en productoras, “y muy pocos”. El año de la pandemia lo pasó en blanco y en 2021 le llamaron de la bolsa de empleo de Telemadrid, “acumulé cuatro meses de paro. Y este año también”, dice contento a sus 60 años recién cumplidos. “Hago alguna cosilla, a veces en negro, y tengo un grupo de música. Tengo la suerte de que mi pareja es fija y así vamos tirando. También con lo que me queda de la indemnización”. Sin ayudas, García dice que lo único que le han ofrecido los Servicios Públicos de Empleo es un curso sobre cómo hacer un currículo y otro de cámara que tuvo que rechazar por exigir dedicación completa sin posibilidad de trabajar.

Gabriel Gustavo Arispe: “Recibo ayuda del Banco de Alimentos y la Iglesia”

Este uruguayo nacionalizado español de 54 años atraviesa momentos muy difíciles. Parado de larga duración, como su esposa, ha trabajado en la limpieza, la logística y en atención al cliente desde que llegó a Valencia, en 2003. Pero la Gran Recesión le expulsó del mercado laboral y en 2010 tuvo que recurrir al Banco de Alimentos y a la Iglesia para salir adelante. Se pasó cuatro años en paro con algún empleo esporádico. Pero aprovechó para homologar su grado medio de técnico de gestión administrativa y hacer cursos. “Mejoré mi competitividad, aunque la cualificación que traía de mi país no tiene peso en España”. También fue voluntario en el Ayuntamiento de Valencia. “Después tuve una buena racha, encadenando trabajos temporales en Makro, Carrefour… hasta que llegó la pandemia. Ahora llevo dos años sin trabajar”, cuenta. “La edad es un problema porque el empresariado se vuelca hacia los jóvenes. Y también lo es su desconfianza en los conocimientos que pueda tener con mi titulación”, opina. “No recibo ayudas. Estoy en el rango de exclusión social”. Y aunque tiene pensado un autoempleo, sin recibir ayudas públicas, Arispe ha tenido que volver a recurrir a la Iglesia, al Banco de Alimentos y a su hermana. Así logra pagar el alquiler. "En economía de guerra, las ideas son fundamentales", asegura.

Carla Patricia Rivas: “O emprendes o no hay salida, nadie te contrata”

Desde 2019, Carla Patricia Rivas, nicaragüense de 57 años, forma parte del colectivo de parados estructurales. Justo antes tenía un restaurante con tienda ecológica en Las Palmas junto a una socia, pero no funcionó y tuvo que cerrarlo. Acuciada por la deuda y sin trabajo, cayó en una depresión profunda, de la que se ha recuperado. Diplomada en Empresariales y con formación en marketing, a la vista de que no accedía a un puesto de trabajo ni como contable, administrativa, secretaria, asistente de recursos humanos ni nada…, ha decidido lanzarse a emprender. “Por mucho que adaptes el currículo te enfrentas a la realidad de que tienes la edad que tienes y, o saco adelante un proyecto, o será muy difícil que me contraten”, afirma. “Tengo experiencia en distintos sectores, he montado dos proyectos propios y durante todo este tiempo he estado formándome”, explica. Acaba de finalizar un programa de marketing digital para parados de larga duración en EOI, en el que ha desarrollado un plan de negocio destinado a emprender. Quiere montar una agencia de comunicación que ofrezca creación de páginas web, gestión de redes sociales y estrategias de marketing. “El handicap es conseguir la financiación, que no es tan sencillo como lo pintan para los emprendedores”. Cobra la ayuda para mayores de 52 años y vive de la ayuda externa, “de lo que mis hijos me aportan”.

Así se planta cara al ‘edadismo’

El envejecimiento de la población española es un hecho del que las empresas no parecen haberse dado cuenta, a tenor de las reestructuraciones que llevan a cabo que tanto afectan a los mayores de 50 años. Y que a menudo los llevan a engrosar la estadística del desempleo de larga duración y a abandonar la vida laboral. Aunque a la CEOE le parece una incongruencia que, por un lado, se eleve la edad de jubilación y, por el otro, se despida a los veteranos, lo cierto es que tampoco asume su parte de responsabilidad.

“El edadismo es difícil de demostrar, pero es una discriminación silenciosa a la que no se ha prestado la debida atención hasta ahora”, mantiene Rafael Doménech, de BBVA Research. Pero que sí que acusan quienes han rebasado los 50 y llevan años en paro: “Las empresas te discriminan a partir de los 45″, afirma Victoria Martínez. “Quieren jóvenes con experiencia o sénior con sueldo de júnior”, añade Carla Patricia Rivas.

Para evitar esta lacra, “proponemos un pacto de Estado contra el edadismo, por el que se desincentiven las prejubilaciones y se compatibilice el empleo con la pensión de jubilación”, señala Iñaki Ortega, autor del II mapa del talento sénior, presentado esta semana por la Fundación Map­fre. De él se desprende que España tiene el peor desempeño de los países europeos analizados en paro (uno de cada tres desempleados es sénior y la mitad de ellos con más de un año en el paro), las vidas laborales más cortas (de 34 años) y también las tasas de actividad y empleo más bajas entre quienes superan los 55 años. De los 10 millones de veteranos que hay en el país, solo 4 trabajan, expone.

Instituciones sin ánimo de lucro se vuelcan en reinsertar a colectivos vulnerables (entre ellos los mayores y parados de larga duración) en el mercado laboral. Por ejemplo, la Fundación La Caixa colocó a 38.131 personas el año pasado a través de su programa Incorpora, al que destina un presupuesto de 16,5 millones de euros, según su responsable, Cristina Segura. La Fundación Adecco logró contratos para más de 9.400 personas, el 94% desempleados de larga duración. Otras como la Fundación Endesa pretenden mejorar la empleabilidad de los sénior mediante su proyecto Generación savia, por el que 39.000 personas se registraron en su plataforma y 10.000 han participado en sus talleres de formación este año.

Pero lo que aún está pendiente es que sean las propias empresas las que apuesten mayoritariamente por este colectivo con experiencia, resiliencia y mucha capacidad para superar las crisis. “Existe un enorme prejuicio contra las personas mayores. Se da por sentado que son caras, no digitalizables y poco flexibles. Y esto es un error, son más leales a las empresas y tienen ganas de aprender”, afirma Benigno Lacort, consejero delegado de la compañía de servicios de tele­asistencia Atenzia, que considera que expulsar a este grupo de edad del mercado laboral es la manera más rápida de arreglar las cuentas de resultados de las empresas.

Con 800 empleados, Atenzia forma parte del pequeño ramillete de sociedades que ya se han puesto en marcha para frenar el edadismo. Ha lanzado un programa, Talento +45, por el que pretende que en tres años el 45% de su plantilla sea veterana. “Necesitamos atención profesional para nuestros usuarios y las personas más formadas y con mayor experiencia funcionan mejor”, dice Lacort. La firma va a contratar y formar a mayores para ser un reflejo de sus clientes.

Leroy Merlin es otra compañía preocupada por la igualdad de oportunidades de las personas de más de 50 años, “que sufren dificultades continuadas para acceder al mercado de trabajo; son un colectivo proscrito”, según su director de recursos humanos, Eloy del Moral. En lo que va de 2022 ha contratado a 221 personas de este colectivo (el 5% del total), en su mayoría parados de larga duración, con el objetivo de trabajar con ellos hasta el cierre de su vida profesional, dice el directivo. Para ello los forma, les ofrece programas de mentoring, un plan de compensación y otro de bienestar. Actualmente los veteranos son poco más del 11% de su plantilla, pero el objetivo para el año que viene es superar el 16%.

Otras empresas también están implementando medidas destinadas a los veteranos. Es el caso de Ikea o Naturgy, muy activas en el reciclaje de estos profesionales, destaca Iñaki Ortega; el de Mapfre, enfocada en la promoción de los séniores a las posiciones directivas, o los de Talgo, Renfe, Endesa o Sacyr, dirigidos a mejorar sus habilidades y hacerlos más competitivos (upskilling), indica Ortega. También el de Pikolin y Adolfo Domínguez, añade, que con sus campañas de publicidad han hecho que los séniores sean visibles.