La Comisión Europea alerta a España por su elevada deuda y su alto desempleo

La guerra en Ucrania, provocada por la invasión rusa hace tres meses, es como un ciclón cuyo soplo repentino y brutal ha dejado la economía europea, ya desaguisada tras dos años de pandemia, casi en cueros y tiritando. La situación de incertidumbre ha llevado a la Comisión Europa a apostar por mantener en suspenso las reglas del Pacto de Estabilidad, interrumpidas por el azote de la covid, al menos hasta 2024.

Bruselas, en cualquier caso, ya apuesta por realizar ajustes de gasto: reclama una política fiscal “prudente” en 2023, y pide a los Estados miembro que controlen el crecimiento de los desembolsos públicos. En cuanto a España, el Ejecutivo comunitario alerta de los “desequilibrios” relacionados con su alta deuda “en un contexto de elevado desempleo”. La deuda pública española ronda el 118% del PIB, y el déficit que alimenta ese endeudamiento cerró el año pasado en 81.500 millones de euros, el equivalente al 6,76% del PIB.

“Proponemos mantener la cláusula general de escape en 2023 y desactivarla en 2024″, ha asegurado este lunes, durante una comparecencia, el vicepresidente ejecutivo a cargo de Economía en la Comisión, Valdis Dombrovskis. “Esto dará espacio para que las políticas fiscales nacionales puedan reaccionar de forma rápida en caso de que sea necesario”.

“La política fiscal debe ser prudente en 2023, al tiempo que debe estar preparada para reaccionar ante la evolución de la situación económica”, reconoce la Comisión en el documento de recomendaciones fiscales, el llamado paquete de primavera del semestre europeo, publicado este lunes. Bruselas entiende la guerra como un “choque macroeconómico” con implicaciones a largo plazo para las necesidades de seguridad energética de la UE, un escenario que exige “un diseño cuidadoso de la política fiscal en 2023″, según el texto.

El giro bélico del 2022 ha obligado a la Comisión emprender una relectura significativa en las expectativas de crecimiento (a la baja) y de inflación (al alza) para el conjunto del bloque comunitario. En sus previsiones de primavera, desveladas la semana pasada, Bruselas segó hasta el 2,7% el incremento del PIB en la eurozona para 2022 (1,6 puntos menos que las previsiones del invierno) y situó la inflación en el 6,1% (2,6 puntos más que en invierno).

“Estos dos elementos se han tenido en cuenta a la hora de hacer las recomendaciones fiscales”, aseguran fuentes comunitarias, que alertan, además, del incremento del gasto en la UE, “influido en la mayoría de Estados miembro por las medidas de respuesta ante la crisis energética”. Estos mecanismos de alivio de empresas y consumidores vulnerables ascienden al casi 0,6% del PIB comunitario, según cifras de la Comisión. Y ya superan el 1% del PIB en tres Estados miembro (Lituania, Hungría y Grecia).

La Comisión se aferra en cualquier caso a las expectativas de crecimiento de 2022, que aún prevén de momento un PIB en territorio positivo, “aunque en medio de una gran incertidumbre y de riesgos a la baja”. Este teatro de dudas y zozobras, añade la comunicación elaborada por el brazo Ejecutivo de la UE, “no parece garantizar un impulso fiscal generalizado para la economía en 2023″.

“La política fiscal debería combinar un aumento de la inversión con el control del crecimiento del gasto corriente primario financiado por el Estado, permitiendo al mismo tiempo el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y proporcionando medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética y proporcionar ayuda humanitaria a las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania”, aconseja la Comisión.

España, según el documento de recomendaciones fiscales, se encuentra en el grupo de países que “siguen experimentando desequilibrios” junto a otros seis Estados miembro (Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia). Bruselas relaciona las “vulnerabilidades” españolas “con la elevada deuda externa, pública y privada, en un contexto de alto desempleo”.

En 2021, la relación entre la deuda y el PIB retomó en este país la tendencia a la baja observada antes de la pandemia “y se prevé que siga bajando este año y el próximo”, asevera el texto. A pesar de que se registra un “pequeño superávit”, prosigue, “la deuda privada sigue siendo más elevada que antes de la crisis de covid-19″. Y aunque los préstamos morosos siguieron disminuyendo, permanecen “algunos riesgos”, sobre todo en sectores vinculados al gran consumo de energía y a los afectados previamente por la pandemia.

Bruselas reconoce que el desempleo comenzó a disminuir de nuevo en 2021, pero alerta de la segmentación del mercado de trabajo y del desempleo juvenil, que se mantienen en cotas altas. Pero mantiene la fe: “Las reformas pasadas y recientes del mercado de trabajo y la continuación de la aplicación del plan de recuperación ayudarán a abordar las vulnerabilidades restantes de España”.

En su informe sobre el cumplimiento de las reglas de déficit y deuda, la Comisión considera que España ha realizado un “esfuerzo suficiente” para alcanzar su senda de reducción del déficit a lo largo del 2021, pero echando la vista al horizonte ve “elevados riesgos” y nubarrones negros avecinarse en el medio plazo, con ratios de deuda superiores a los del 2021 (era del 118,4% del PIB a finales del año pasado): “Según las proyecciones estocásticas [teoría estadística de los procesos aleatorios], que simulan una amplia gama de posibles perturbaciones temporales de las variables macroeconómicas, es probable que el ratio de deuda sea mayor en 2026 que en 2021″, advierte el informe.

Bruselas también advierte de otros riesgos a largo plazo: “La vinculación de las pensiones a la inflación aumentará el gasto en pensiones”, asegura el informe, que acompaña las recomendaciones. Por este motivo, “la introducción de medidas compensatorias que habrán de adoptarse en 2022 en el marco del plan de recuperación es necesaria para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, añade el informe, tocando un punto sensible que Bruselas y Madrid negocian en estos momentos, y sobre el que el Ejecutivo comunitario mantiene aún ciertas dudas.

“La invasión rusa no solo está produciendo enorme sufrimiento humano, que es nuestra principal preocupación”, ha dibujado en la comparecencia de este lunes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. “Sino también un shock severo de energía, mercados alimentarios, cadenas de suministro industriales, inflación del combustible y debilitamiento de la confianza de consumidores e inversores”. El italiano ha abogado por la extensión en el tiempo de la cláusula general de escape para permitir que las capitales puedan “reaccionar rápidamente” a través de sus herramientas fiscales “estos tiempos altamente impredecibles”.