Bruselas pone fin a la barra libre en los rescates de empresas golpeadas por la pandemia

Ya hace unos meses que Bruselas lanzó el mensaje de que había que empezar a retirar las ayudas extraordinarias que las empresas reciben para sortear el golpe de la pandemia. Y ya está pasando a la acción. El 30 de junio pondrá fin a la flexibilización de la norma de ayudas públicas que permitió a los Estados miembro salir al rescate de empresas castigadas por la pandemia y sus consecuencias económicas. Lo ha anunciado este jueves la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que, no obstante, matiza que la salida de este programa será paulatina.

La medida lanzada en marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia, ha sido prorrogada cada seis meses hasta ahora. Y ha permitido a los Estados lanzar ayudas por valor de unos tres billones de euros, según las cifras facilitadas por Competencia. No obstante, hasta mitad del año pasado solo se habrían gastado 750.000 millones de todo el potencial autorizado.

“Hoy, después de más de dos años, se observa una mejora de la crisis sanitaria en Europa. Con el levantamiento progresivo de las medidas restrictivas, la economía europea ha empezado a dar los primeros pasos hacia la recuperación de la crisis sanitaria. [...] Esta relajación de las normas es un gran alivio también para nuestras economías, pero no significa que no debamos seguir vigilando”, ha argumentado la vicepresidenta danesa.

La salida será paulatina. El Ejecutivo comunitario permitirá la existencia de ayudas a la inversión hasta finales de este año e inyecciones para la solvencia de la compañías hasta el 31 de diciembre de 2023, algo ya contemplado en la prórroga vigente. “Estos dos instrumentos son muy importantes para poner en marcha la economía y atraer la inversión privada [...] y, por lo tanto, deberían permanecer a disposición de los Estados miembros durante más tiempo que las demás medidas”, abunda Vestager en el comunicado divulgado este jueves. En él, también avisa, a modo de tranquilizante, de que “la Comisión seguirá vigilando de cerca los acontecimientos futuros y actuará otra vez rápidamente si es necesario”.

La referencia a la guerra en la frontera este de la UE en estas palabras es clara e, incluso explícita unas líneas después: “Mientras seguimos coordinando los esfuerzos para aumentar el apoyo a Ucrania e imponemos sanciones severas a Rusia por su guerra cruel, también estamos actuando para mitigar el impacto económico de esta crisis geopolítica sobre empresas y sectores. Cada crisis es diferente y requiere herramientas selectivas”, tranquiliza Vestager.

La flexibilización de las normas de Competencia no consistía en una trasferencia de fondos de la UE a los países que la integran como sí lo han sido el SURE (el mecanismo de financiación de los ERTE) o el propio Fondo de Recuperación, que incluye centenares de miles de millones de euros en subvenciones. Esta medida propiciaba que los Estados pudieran inyectar ayudas a las empresas con menos exigencias y vigilancia desde Bruselas a la hora de que se consideraran un apoyo ilegal que vulnera la igualdad de oportunidades en un mercado libre.

En España esta herramienta dio paso a la aprobación de un fondo de ayudas de Estado que salió al rescate de aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra (un caso que ha levantado una gran polémica) o de firmas como Duro Felguera. Sin embargo, los trámites han sido lentos y eso hizo que cuando se aprobó la última prórroga, la que concluye este 30 de junio, la Sociedad Estada de Participaciones Industriales, el órgano que se ha encargado en España de la gestión de este auxilio, tuviera todavía atascadas unas 50 solicitudes de ayudas que ascendía a 4.000 millones de euros. Entre ellas estaban la siderúrgica Celsa, la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas, Naviera Armas Transmediterránea, Air Nostrum o las hoteleras Hesperia y Room Mate.

Las crisis económicas no han sido el único motivo que ha llevado a la UE a relajar sus estrictas normas de Competencia. También lo ha hecho la necesidad de impulsar la industria de semiconductores, en la que Europa se ha quedado por detrás de países asiáticos como China o Taiwán, o de Estados Unidos. Para eso ha lanzado un plan de 43.000 millones de ayudas públicas que pretenden que el continente recupere el terreno perdido en este sector y que lleva aparejada esa flexibilización de las leyes que regulan el mercado.