El Gobierno recorta del 3,5% al 2,7% el crecimiento para 2023 y aprueba un techo de gasto récord

El límite de gasto no financiero alcanza los 198.221 millones, un 1,1% más que este año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.GETTY

Pistoletazo de salida al diseño de los Presupuestos del Estado para 2023, los últimos de la legislatura. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un techo de gasto récord, volviendo a tocar máximos por tercer ejercicio seguido, aunque sea con un incremento pequeño en un contexto de inflación desbocada y una crisis energética que están haciendo estragos en la economía. La cifra de gasto acordada entre los socios de la coalición (PSOE y Unidas Podemos) es la más elevada de la historia, 198.221 millones, un 1,1% superior a la fijada para el año en curso. El anuncio ha llegado acompañado por una revisión a la baja del crecimiento económico para 2023. El Gobierno prevé que la actividad crecerá un 2,7% el próximo año, ocho décimas menos que el anterior pronóstico. También ha revisado al alza el deflactor del consumo ―un indicador similar a la inflación―, que alcanzará este año el 7,8% a causa de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“La inflación es el principal reto de la economía española”, ha reconocido Calviño. La vicepresidenta ha explicado que el impacto de la guerra causará un menor consumo y, pese al empujón que los fondos europeos están dando a la inversión, la previsión de crecimiento se reduce por los riesgos de suministros en el gas debido a la invasión de Ucrania, el endurecimiento de las condiciones monetarias —tras la reciente subida de tipos de interés del BCE— y la desaceleración de la zona euro.

El Consejo de Ministros también ha acordado mantener desactivadas las reglas fiscales, en línea con Bruselas, pero ha fijado unas tasas de referencia para el déficit público. La Comisión Europea congeló en 2020 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ―que fija en el 3% del PIB el límite máximo de déficit y en el 60% el de la deuda― ante el tsunami de la pandemia, y ha extendido la suspensión a 2023.

Los objetivos de referencia del déficit público presentados este martes por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, coinciden con los contenidos en el Programa de Estabilidad publicado en abril: unos números rojos equivalente al 5% del PIB este año para el conjunto de Administraciones Públicas, que en 2023 bajarán al 3,9% y al 3,3% en 2024, para situarse en el 2,9% en 2025. Solo hay pequeños cambios en el reparto entre los diferentes subsectores de las Administraciones Públicas. Las comunidades autónomas dispondrán de más margen para gastar en 2023 ―su tasa de referencia del déficit pasa del 0,1% al 0,3% del PIB―, en detrimento de la Administración central ―se reduce del 3,4% al 3,2%―. También las entidades locales tendrán más margen el año que viene: su tasa de referencia de superávit baja del 0,2% al 0,1%.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que antes del 1 de agosto se determinen tanto los objetivos de estabilidad ―en este caso tasas de referencia― como el techo de gasto, una herramienta de gestión presupuestaria que fija el máximo de recursos que se puede asignar ―objetivo de déficit incluido― para cumplir con las necesidades de gasto y a la vez respetar las reglas fiscales, ahora suspendidas. Esta barrera, conocida técnicamente como límite de gasto financiero ―al no computar partidas como los intereses―, batió un primer récord en los Presupuestos de 2021 tras años de ajustes.

Entonces se elevó en más de un 50%, hasta los 196.097 millones, al incorporar el primer tramo de fondos europeos y al subir el gasto a niveles récord para financiar medidas anticovid como los ERTE o las transferencias extraordinarias a las comunidades. Al ejercicio siguiente, ya en las cuentas de 2022, hubo otro incremento, esta vez muy exiguo (del 0,02%), que, sin embargo, permitió tocar máximos otra vez. El año que viene el alza será del 1,1% ―del 1,9% si se excluyen los 25.000 millones de ayudas europeas, un importe ligeramente inferior a los más de 26.000 millones presupuestado para 2022―, alcanzando un nuevo récord que, según Montero, no impedirá “seguir reduciendo el desequilibrio” de las cuentas, ya que la recaudación crecerá previsiblemente más que el gasto.

Inicio de la tramitación

Con la aprobación de este nuevo techo, el Ejecutivo da inicio a la habitual liturgia para elaborar los Presupuestos, que no se diseñarán ―un año más― en un clima de normalidad. En 2020 y 2021 la llegada de la covid descuadró todas las previsiones y golpeó con brutalidad la economía. Ahora, a los coletazos de la pandemia se suman nuevos nubarrones: la inflación desbocada, los atascos en las cadenas de suministros y una guerra en el corazón de Europa que alimenta las incógnitas sobre el futuro. Todos estos elementos ya habían llevado al Gobierno a recortar sus pronósticos de crecimiento para 2022, del 7% al 4,3%, en el Programa de Estabilidad presentado en abril, además de obligarle a incorporar a la agenda nuevos gastos para contener la espiral de precios y apoyar a los sectores más vulnerables.

Con respecto a las previsiones de abril, el Gobierno ha elevado en 1,7 puntos porcentuales el deflactor del consumo para este ejercicio, del 6,1% al 7,8%. En 2023 se situará en el 2,9%, siete décimas más de lo estimado hace tres meses. El alza de precios también supondrá aumentar el desembolso en pensiones ―el Gobierno prevé subir un 8% la transferencia del Estado a la Seguridad Social, hasta los 19.888 millones―, que deben revalorizarse en función de la inflación media de este año. De hecho, el alza de esta partida, la que más pesa en los Presupuestos del Estado, deja un estrecho margen para el resto de rúbricas de gasto. Sobre todo a la luz de la recomendación de la Comisión Europea de que los Estados más endeudados como España no suban el gasto corriente por encima del crecimiento potencial de su economía en el medio plazo. La Autoridad Fiscal calcula un incremento de las pensiones cercano al 9% en 2023, lo que obligaría a que el crecimiento de los demás desembolsos sea “prácticamente nulo” en 2023, de entre un 0,5% y el 1%.

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Laura Delle Femmine

Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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