El Gobierno recorta la previsión de crecimiento del 7% al 4,3% para este año por la guerra en Ucrania
El Ejecutivo prevé que la tasa de paro baje en 2022 hasta el 12,8% y que la inflación se desacelere hasta situarse en un 2% el año que viene
La crisis energética agravada por la invasión de Ucrania ha dado un vuelco a las perspectivas económicas. El Gobierno ha recortado con fuerza su previsión de crecimiento para este año hasta el 4,3%, casi tres puntos menos que el 7% que había dibujado en los Presupuestos de 2022. Para el año que viene, la economía crecerá un 3,5% y la tasa de paro irá descendiendo hasta situarse en el 11,7%. A pesar de haber rozado tasas interanuales del 10%, el monstruo de la inflación irá perdiendo fuerza. Según las previsiones del Ejecutivo, el Índice de Precios del Consumo irá registrando una desaceleración durante la segunda mitad de este año hasta situarse el próximo en una media del 2%. Aunque no ha dado cifras de este ejercicio, el Gobierno ha sugerido que este año pueda situarse en una media anual del entorno del 6%.
La previsión del Ejecutivo para este año es la misma que la de la Autoridad Fiscal, que es el organismo que tiene que validarla ante Bruselas, y se encuentra ligeramente por debajo de la del FMI, del 4,8%, y la del Banco de España, del 4,5%. Apenas está un poco por encima de la de Funcas, un 4,2%, o la del BBVA, un 4,1%. La crisis energética agudizada por la guerra en Ucrania ha azuzado una inflación rampante que lastra la actividad. El arranque del año ya se ha visto empañado con un débil crecimiento del 0,3% trimestral debido al hundimiento del consumo. Las subidas de precios, que restan poder de compra a los hogares y márgenes a las empresas, reducen el consumo y, por ende, el crecimiento. También pesan los problemas de suministros, en especial para las ventas de coches, la industria o la construcción. Y en los primeros meses de este año, además, influyeron la huelga de transportistas y la oleada de la variante ómicron. Otro factor decisivo es la ejecución de los fondos europeos, que hasta ahora ha marchado a un ritmo mucho más lento del que había presupuestado el Ejecutivo.
Dicho esto, aunque el consenso se ha situado en torno al 4%, el Gobierno admite que la incertidumbre sobre cómo acabará el año es enorme. “Depende de factores exógenos que no controlamos y que están en manos de Putin”, ha señalado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El 4% es una tasa de crecimiento todavía robusta que se sustenta en varios elementos: el primero es la recuperación del turismo tras el final de las restricciones por la pandemia. Por ahora los datos de reservas muestran una campaña muy vigorosa, con números en torno al 80% de los anteriores a la covid, según las cifras que maneja el Gobierno. Pese a esta mejora, el turismo no compensará del todo el impacto negativo que sufrirán las exportaciones por el deterioro de nuestros socios comerciales tras la invasión de Ucrania.
El segundo es el desembolso de los fondos europeos. Aunque se ha retrasado mucho la puesta en marcha, el Ejecutivo asegura que ya se han encarrilado y que en los próximos meses se verá cómo estos recursos brindan un importante impulso a la economía. Hay casi 28.000 millones presupuestados para este año y una buena parte de los 24.000 millones del año pasado que no se ejecutaron. Incluso si todavía cuesta gastarlos, la cifra que pueda desembolsarse debería ser importante. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal calcula que casi la mitad del crecimiento de este año podría proceder de su ejecución. Y la vicepresidenta Calviño defiende que estos recursos tienen efecto incluso antes de que se hayan librado porque las empresas empiezan a invertir antes de ingresarlos. “Se está cumpliendo con el calendario de compromisos adquiridos con Europa”, ha insistido.
El tercer elemento determinante será la evolución del consumo y cuánto uso se haga de la bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia, que según cálculos de Funcas alcanzó los 60.000 millones en 2020 y sumó otros 30.000 millones en 2021. Las compras de los hogares aún no han restablecido los niveles anteriores a la pandemia cuando ya se enfrentan a una acusada pérdida de poder adquisitivo por la inflación y altas dosis de incertidumbre debido a la guerra. Sin embargo, ese ahorro embalsado podría ayudar a paliar el golpe. Y las medidas del Gobierno sobre el precio de la luz también tendrían que proporcionar algo de alivio. El Ejecutivo espera que el problema de los precios se vaya diluyendo conforme avance el año, al entrar en unos meses en los que se deja de comparar con momentos en los que por la pandemia caían los precios.
Y el cuarto factor decisivo es el buen comportamiento que está mostrando el empleo. Calviño ha destacado que en abril incluso se ha acelerado. La titular de Economía ha argumentado que tras la crisis de la pandemia el mercado laboral se ha comportado mucho mejor que en otras recesiones gracias a las medidas de choque que se tomaron, como los ERTE o los préstamos ICO.
El Ejecutivo tiene que actualizar estas cifras para remitir a Bruselas el llamado Programa de Estabilidad, un documento en el que proyecta a cuatro años cuál va a ser el comportamiento de las cuentas públicas. El inconveniente de este informe es que está perdiendo valor en la medida en que se envía sin especificar el impacto de las medidas que van a tomar, incluso si están comprometidas con la UE a cambio de los fondos europeos, como por ejemplo sucede con la reforma fiscal. Aun no tomando medidas, el Gobierno espera que el déficit público disminuya este año desde el 6,9% del PIB hasta el 5% gracias a la continuada reducción de gastos de la pandemia como los ERTE y el buen comportamiento de la economía y de los ingresos. El año que viene el Ejecutivo prevé que estos números rojos bajen hasta el 3,9% del PIB.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el buen comportamiento de los ingresos, con un fortísimo incremento del 15%, permitió el año pasado rebajar el déficit en 19.000 millones más de lo que se esperaba. Y eso brindará un colchón para mantener el ritmo de ajuste de las cuentas a pesar de haber rebajado la previsión de crecimiento. Para este año, la estimación de aumento de los ingresos es de un robusto 7,4%. La ministra ha afirmado que esta mayor recaudación se debe sobre todo a la recuperación económica y del empleo, y no tanto a la inflación. El crecimiento de la economía y la reducción del déficit harán posible que la deuda descienda al 118,4% del PIB en 2022 y el 115,2% en 2023.
Respecto a las pensiones, estas podrían tener que revalorizarse en torno a un 6% de cumplirse las previsiones. La Autoridad Fiscal calcula que por cada punto de inflación la actualización de las prestaciones cuesta unos 1.800 millones que irán al Presupuesto del año que viene. No obstante, el Gobierno resta peso a este fuerte aumento de los desembolsos diciendo que ya se ha gastado unos 6.000 millones este año solo con las medidas para atajar la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Tras la transferencia de 22.000 millones al año de Hacienda en concepto de gastos impropios, el déficit de la Seguridad Social se estabilizará en el 0,5% del PIB.
El problema de estas previsiones es que el 0,3% de crecimiento en el primer trimestre es bastante bajo y podría provocar una nueva serie de revisiones a la baja. A lo largo del año, el BCE tendrá que endurecer su política monetaria, lo que también podría lastrar los pronósticos y presionará al Gobierno para que tome medidas que aceleren la reducción del agujero en las cuentas públicas. De hecho, la Autoridad Fiscal apunta en su aval a estas proyecciones que los tipos de interés que emplea el Ejecutivo podrían ser optimistas y que los riesgos son mayores a corto plazo por la persistencia de la inflación, las tensiones con las materias primas y la guerra. Sin embargo, el ciclo electoral ya ha comenzado y se antoja difícil que se reaccione hasta después de las elecciones. El Banco de España y la Autoridad Fiscal llevan tiempo reclamando que se plantee un ajuste gradual y a medio plazo que brinde credibilidad ante los mercados.
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