Los Presupuestos de 2023 priorizarán las ayudas por el alza de los precios energéticos

Pistoletazo de salida para diseñar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, los últimos de la legislatura. El Ministerio de Hacienda ha activado el mecanismo para empezar la elaboración de las próximas cuentas públicas, que se fijan como objetivo la consolidación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la pandemia. Entre los criterios generales de asignación, se priorizan las ayudas a los sectores más vulnerables por la sacudida de los precios energéticos y la gestión de los programas del plan de recuperación financiados con fondos europeos. Así lo señala el borrador de la orden ministerial de Hacienda que fija los criterios y prioridades para elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2023, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Este texto legal, que se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el arranque del trámite legislativo de las últimas cuentas públicas de la legislatura. El camino hasta aprobarlas, sin embargo, se antoja complejo. A la cada vez más difícil aritmética parlamentaria se suma la incertidumbre internacional, cristalizada en la guerra en Ucrania y una inflación galopante causada por el alza abrupta en los precios de la energía. Y eso que el Ejecutivo remarca que Bruselas ha suspendido las reglas fiscales, que reducen los límites presupuestarios, lo que le ofrece más margen para diseñarlos.

El departamento que dirige María Jesús Montero considera prioritario que la asignación de recursos presupuestarios tenga presentes, también, las medidas temporales que protejan a los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía. El borrador, que consta de 26 páginas, destaca que la elaboración de las cuentas debe encaminarse preferentemente a “apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos”. Eso se hará, añade el documento, “contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad, promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables, a la vez que se refuerza el compromiso de España con la protección de los derechos humanos, la paz y seguridad internacional y se garantiza el apoyo a las personas que huyen de Ucrania”.

En la exposición de motivos se describe el contexto bajo el que se van a confeccionar los próximos presupuestos. “El conflicto bélico ha impactado de lleno en las perspectivas económicas de la Unión Europea en términos de menor crecimiento económico y mayor inflación e incertidumbre. Y en nuestro país, los primeros efectos sobre nuestra economía se han manifestado a través del alza sin precedentes de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos”, reza el texto, que emplaza al resto de ministerios a presentar sus propuestas de gasto antes del 30 de junio.

Hacienda subraya que el Gobierno ya ha adoptado un paquete anticrisis para paliar el impacto de la guerra ―la semana que viene también entrará en vigor el tope al precio del gas acordado con Bruselas―. El documento añade que España parte de una posición “sólida” y que, a diferencia de otras crisis, la recuperación se basa en fundamentos más robustos, destacando que los niveles de empleo son los más altos desde 2008.

“España pudo ya en 2021 iniciar una corrección significativa de los desequilibrios fiscales y económicos provocados por la pandemia, mostrando un cambio estructural en la recuperación de la economía española”, indica el borrador de la orden, que promete para 2025 un déficit inferior al 3% del PIB ―en línea con las reglas fiscales comunitarias, que siguen congeladas―, y reconducir la deuda por debajo del 110%. “Esta senda está alineada con las recomendaciones que las autoridades europeas han formulado a España sobre mantener medidas temporales y específicas que consoliden la recuperación económica y apoyen a los hogares y empresas más expuestos a la crisis energética, al tiempo que permite alcanzar gradualmente niveles de déficit aceptados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

Ejecución de los fondos europeos

Asimismo, el documento asegura que la ejecución de los fondos europeos “va a impulsar el crecimiento de la economía española a través del conjunto de las inversiones y reformas comprometidas, que durante 2022 se verán aceleradas y culminadas, dando lugar a un impacto macroeconómico muy significativo”. Entre los criterios para asignar los recursos, el borrador también señala las medidas dirigidas a fomentar la transición verde —en los presupuestos de 2023 se quiere incluir un nuevo informe, de alineamiento con la transición ecológica—, a apoyar la digitalización y la inversión en I+D+i, a garantizar la plena igualdad de género y facilitar a los jóvenes el acceso a empleos de calidad y viviendas asequibles.

Los motivos de asignación preferente también incluyen aumentar las tasas de reciclaje para cumplir los objetivos de la Unión Europea; mejorar la reutilización del agua; reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; acelerar el despliegue de las energías renovables, apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte, y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética; y aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes, incluso mediante su renovación.

“La presente orden ministerial”, señala el texto, “dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En la misma se regulan los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, y se detalla el contenido de las estructuras presupuestarias”.

Una de las novedades que incluirán las cuentas para 2023 es que incorporarán un análisis sobre “el alineamiento con la transición ecológica, que, además de cumplir con uno de los hitos recogidos en el marco del componente 29 del plan de recuperación, vendrá a acompañar a los de análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación”.

Enfriamiento económico

Lo cierto es que las perspectivas económicas se han enfriado y han dejado menos margen de maniobra al Gobierno, que además ha recibido por parte de Bruselas la recomendación de contener los gastos corrientes ante una deuda y un déficit que se han disparado con la pandemia. Poco a poco, todos los organismos, Ejecutivo incluido ―estima un alza del PIB del 4,3% para este año, frente al 7% anterior, y de un 3,5% para 2023―, han ido recortando puntos al avance de la economía.

No hay un único responsable de esta ralentización, que afecta a la economía mundial. La recuperación de la demanda tras la pandemia ya había incrementado el coste de las materias primas y provocado cortocircuitos en las cadenas de suministros, y la guerra en Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso. El conflicto ha causado que el alza de los precios se contagie de la energía a otros sectores, en particular los alimentos.

En España, el repunte de los precios alcanzó el 8,7% en mayo, convirtiéndose en uno de los mayores contratiempos para el Gobierno. En la zona euro el alza alcanzó el 8,1%, el incremento más elevado desde la creación de la moneda única y motivo por el cual el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos por primera vez en 11 años.

Encaje de bolillos

Los nubarrones económicos tampoco ayudan a cosechar apoyos internos, máxime para un Ejecutivo de coalición que está en minoría. Y que, además, tiene por delante una serie de hitos de naturaleza política y legislativa que pueden hacerle tambalear.

Por un lado, están las reformas que el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante para desbloquear los fondos comunitarios, que pueden generar colisiones en el arco parlamentario. Una sobre todas: la segunda parte de la reforma de las pensiones, que ya ha tenido un inicio convulso y que ha despertado las dudas de Bruselas. Por el otro, están las tensiones políticas entre el Ejecutivo y sus socios, y dentro de la misma coalición. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en un experto en geometrías variables ―es decir, en sacar leyes con mayorías cada vez distintas―, hay relaciones que se han desgastado, como con ERC, y que amenazan con echar al traste el encaje de bolillos del presupuesto.

Sin olvidarse de las convocatorias electorales. Los comicios andaluces del domingo, en los que los sondeos dan la victoria al PP, solo serán el primer banco de pruebas. La próxima primavera se celebrarán elecciones autonómicas y municipales y, en torno a noviembre, si el plazo se apura, será el turno de las elecciones generales.