España solo ha gastado el 23% de los fondos europeos previstos para 2021 y 2022

El Gobierno lleva meses insistiendo en la velocidad de crucero que ha conseguido imprimir a la gestión de los fondos europeos. La oposición y diversos expertos, sin embargo, recriminan la lentitud y la tardanza para que las ayudas lleguen a pie de calle. Ante esto, la carestía de información sobre la ejecución real dificultaba realizar una valoración. Hasta ahora, cuando el Ejecutivo ha incluido en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas la cantidad exacta que ya ha pagado: 12.187,56 millones, solo un 23,4% de lo presupuestado para 2021 y 2022.

Por ejercicio, en el año pasado se desembolsaron 11.000,56 millones (el 45,5% de lo previsto) y en este van 1.187 millones (un 4,2% de lo contemplado en las cuentas públicas). Aunque esta cifra puede llevar a engaño: no significa que haya llegado ese montante en su conjunto a las empresas. En realidad, también se incluye la cuantía que se ha transferido, por ejemplo, a alguno de los organismos del Estado que lo repartirán. Es decir, está en un estadio del proceso muy próximo al destino final. “Este dinero ya figura como pagado cuando se transfiere al IDAE [Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía], a Red.es o empresas estatales como Adif”, explican fuentes gubernamentales.

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, asegura que no le sorprende la cantidad desembolsada, aunque esperaba mayor velocidad en lo que va de este ejercicio: “En porcentaje va lento, pero en volumen creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante, al tratarse de grandes cantidades. Estos 12.000 millones, si se compara, suponen casi la mitad de la inversión pública anual de antes de la pandemia”.

Para hacer frente a estos pagos, España presupuestó en sus cuentas 52.156 millones entre 2021 y 2022, si se incluyen las últimas modificaciones realizadas. Una cuantía superior a lo que recibirá en ese periodo de Bruselas: la Comisión le ha transferido 19.037 millones —por encima de lo gastado hasta el momento—. España ya ha solicitado además el segundo desembolso semestral por un importe de 12.000 millones de euros. Y en la segunda parte del año prevé pedir 6.000 millones más. En total, habrá recibido unos 37.000 millones de euros. Es decir, el Gobierno se mostró optimista a la hora de elaborar sus cuentas públicas y apostó por adelantar fondos para que el efecto del maná europeo sobre la economía llegase cuanto antes. Sin embargo, al final el Ejecutivo ha retrasado el impacto a este año, una bombona de oxígeno que no se sentirá con fuerza, al menos, hasta la segunda parte del ejercicio.

Distribución de los pagos

Elvira Rodríguez, vicesecretaria general del PP, redunda en esta demora y el retraso del estímulo para la actividad, como ya han avisado los servicios de estudios de diversas instituciones. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal (Airef) y el Banco de España. “Se va con retraso, por eso la Airef ha rebajado el impacto de los fondos. Además, tendrán un menor efecto de arrastre en la economía por la inflación: con el mismo dinero se podrá comprar menos”, señala Rodríguez.

En el Plan de Estabilidad no se especifica qué administración del Estado ha ejecutado cada parte de lo pagado. Es decir, se desconoce la cuantía que se ha gastado el Gobierno central y cuánto es lo ejecutado por las comunidades autónomas. El documento sí desgrana el total transferido a las regiones hasta el 21 de abril (13.345 millones), pero no qué cantidades de este montante están en cada parte del proceso —autorizado, comprometido, ejecutado...—.

De esta forma, con la información pública disponible es imposible determinar cómo se divide el gasto anotado. “La lógica dice que las autonomías han debido pagar cuatro de cada diez euros, que es el porcentaje aproximado que les corresponde de la gestión. Pero no se sabe si esto coincide con la realidad, ya que el ritmo de gasto es muy heterogéneo”, sostiene una fuente de la Administración. Sobre esta cuestión, el Gobierno no facilita ese dato por el momento. El documento que sirve para dar cuenta a Bruselas de la política fiscal y financiera de los próximos cuatro años añade asimismo otras grandes cifras para certificar lo avanzado de la gestión de los fondos. Por ejemplo, lo autorizado hasta la fecha asciende a los 30.316 millones y el dinero comprometido se eleva a 25.538 millones, que es casi la mitad de lo presupuestado para 2021 y 2022.

La escuela de negocios Esade y la consultora EY publicaron este martes un análisis sobre la ejecución de los fondos. El estudio recoge el acelerón que se dio en 2021 en la gestión de esos recursos tras un arranque dubitativo: “[Hubo] unos inicios muy modestos, pero acelerándose a finales de año”, asegura el texto.

Entre las licitaciones —sin contar las subvenciones y lo destinado a los proyectos estratégicos—, “dentro de las entidades públicas, la que ha adquirido el papel protagonista hasta la fecha ha sido Adif, que ha licitado cerca de 2.500 millones de euros, alrededor de la mitad del total de fondos europeos licitados hasta el momento”, se cuantifica en el informe. Es decir, una empresa pública con gran capacidad de inversión es la que está tirando del gasto, mientras que al sector privado le está costando más entrar y beneficiarse del reparto.