El Gobierno autoriza el 60% de los fondos europeos previstos hasta 2022

El Gobierno trata de insuflar ritmo a la concesión de los fondos europeos. Hasta la fecha, ya ha autorizado 30.311 millones euros, un 58,8% de lo presupuestado para los años 2021 y 2022. De estos, cuatro de cada diez euros se han transferido a las comunidades autónomas (13.386 millones), que serán las encargadas de canalizar esa parte. Si se compara con lo comprometido, esto es algo más de la mitad de los recursos europeos que superaron esa fase —momento en el que se adjudica el contrato a la empresa o se concede la subvención—, según fuentes gubernamentales. Sin embargo, esto no supone que ese dinero ya se haya gastado. Es decir, todavía no ha llegado a pie de calle porque no se ha abonado (al menos no en su totalidad).

Esa es ahora la gran tarea pendiente para cerrar el círculo de un proyecto que debe transformar la economía del país: hacer que las ayudas aterricen cuanto antes en las empresas. La patronal CEOE reclamaba el miércoles que se acelere esa ejecución de los fondos. Al igual que la oposición: Elvira Rodríguez, vicesecretaria general del PP, reconoce el acelerón que se dio en diciembre, pero critica el retraso en la ejecución. “Si no llega el dinero, aunque haya proyectos, no se genera crecimiento económico”, justifica. Fuentes de las grandes consultoras que han participado en el diseño de los fondos europeos coinciden en que la ejecución va con retraso. “Las ayudas están tardando en llegar más de lo deseado al tejido productivo”, sostienen.

Sin embargo, el Gobierno defiende la velocidad de crucero que ha alcanzado la gestión de los fondos desde finales del año pasado. Un ritmo que en este 2022 se mantiene o, incluso, se ha acelerado. De hecho, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, dará cuenta de ello este jueves en el Senado, donde explicará el informe de ejecución del plan. “El arranque fue muy complicado, sobre todo por las negociaciones con Bruselas. Además, se trata de unas cantidades incomparables con inversiones anteriores en toda la historia”, recuerda un alto cargo del Ejecutivo, que insiste en que España va muy por delante del resto de países comunitarios.

Los fondos europeos son un arma de doble filo para el Gobierno. Por un lado, España contará con una cantidad ingente de dinero para transformar su tejido productivo. Pero esto esconde una cara más exigente: la gestión de estas ayudas supone un reto mayúsculo para las administraciones públicas. Una vez superado un inicio titubeante, especialmente con los proyectos estratégicos (Perte) cuya aprobación se demoró en Bruselas, el reto ahora es tener tino a la hora de seleccionar las inversiones.

Un examen complicado para la Administración. Fuentes gubernamentales explican que alinear toda la maquinaria pública era como hacer pasar el Titanic por un río, cualquier movimiento en falso haría fracasar la operación. Una prueba que creen haber superado: el chorro de dinero contante y sonante ya debe de llegar sin interrupción. Para ello, los Perte serán muy relevantes, por las cantidades que aglutinarán y por su capacidad de arrastre. Eso sí, el éxito depende de si se consiguen crear planes detallados y adecuados.

De lo presupuestado en los ejercicios 2021 y 2022 (51.528 millones de euros), Bruselas ha transferido 19.037 millones. Además, el Gobierno va a solicitar esta semana el segundo desembolso semestral por un importe de 12.000 millones de euros, según fuentes ministeriales. Y en la segunda parte del año pedirá 6.000 millones más.

Otra de las grandes reclamaciones sobre los fondos es la falta de información. Sí existen datos sobre los programas que se licitan vinculados al plan de ayudas europeo, pero ni está todo ni se encuentra de forma ordenada. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, pide más transparencia para conocer el ritmo de concesiones y, sobre todo, de ejecución. “Con lo que hay no se puede conectar con la realidad de la ejecución”, critica Torres.

Sin esta información, sostienen los expertos, se dificulta la labor de control. Sobre ello, por ejemplo, derivado de la elevada inflación, los servicios de estudios de varias instituciones ya avisan de que el impacto de los fondos europeos será menor del previsto. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal (Airef). “El entorno macroeconómico en que los fondos llegarán a la economía real ha cambiado y su impacto multiplicador podría ser menor”, sostenía el organismo a inicios de abril. Y el Banco de España también incluyó a principios de mes la ejecución y el impacto sobre la economía como una de las incertidumbres para los próximos meses.

Raymond Torres justifica esta rebaja del impacto por la inflación. “Tendrán un menor efecto de arrastre en la economía por dos motivos principales: con el mismo dinero se podrá comprar menos e incluso pueden quedar desiertas convocatorias por el incremento de los costes”, sostiene. Elvira Rodríguez añade otra razón más: “Ha rebajado el impacto económico de los fondos para este año porque va todo con mucho retraso, aunque es cierto que ha habido problemas con la crisis de suministro y con la guerra de Ucrania”.

Proyectos estratégicos

En este punto, los proyectos estratégicos han ganado relevancia por varios motivos: por un lado, son los planes que deben dar un vuelco a la economía. Además, englobarán una cantidad de ayudas muy superior. Y son los que generarán una mayor inversión privada por su capacidad de arrastre. Hasta la fecha se han aprobado nueve Perte y se han anunciado otros dos. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya han pasado por el Consejo de Ministros los del vehículo eléctrico, salud, energías renovables, agroalimentario, nueva economía de la lengua, economía circular, sector naval, aeroespacial y digitalización del ciclo del agua.

Con ellos, el Gobierno espera movilizar 19.092 millones de dinero público de los fondos europeos y 37.800 millones de inversión privada. Además, ya ha anunciado otros dos proyectos: el de la economía social de los cuidados (la previsión es que tenga una inyección pública de 700 millones) y el de los microchips (con una inversión pública de casi 11.800 millones más un arrastre enorme esperado en la parte privada).

En total, la inversión pública escalará hasta los 31.578 millones. Y si se le añade la parte privada, la cifra sube hasta los 69.375 millones, a falta de conocer la cuantía adicional que captarán los dos Perte que tienen que pasar todavía por el Consejo de Ministros. “En la parte privada, en algunos casos creo que nos hemos quedado cortos con la previsión. Por ejemplo, con el vehículo eléctrico o con el de los microchips, que va a ser revolucionario y superará todas las expectativas”, incide un alto cargo público.