La banca cobra a las comunidades por el depósito de los fondos europeos

El retraso con los fondos europeos tiene un coste. Y no solo porque se estén demorando unas inversiones que servirían para estimular la recuperación y recobrar cuanto antes la actividad y los niveles de empleo privado de antes de la pandemia. La banca está cobrando a las Comunidades Autónomas hasta un 0,5% en comisiones por los fondos europeos que tienen inmovilizados en sus cuentas durante meses.

Así lo admite un grupo de autonomías consultadas, entre ellas varias de las más grandes. Todavía no se trata de cantidades enormes. Sin embargo, el Gobierno ya les está transfiriendo más de 7.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation, creado para tratar de contrarrestar el golpe de la pandemia y relanzar la actividad en la UE. De estos 7.000 millones, los gobiernos regionales ya están ejecutando algunas partidas para sanidad, FP, digitalización, el Plan Moves o proyectos de igualdad. Pero la mayor parte de los recursos permanecen por ahora ociosos.

Algunas comunidades gobernadas por el PP denuncian que no se les ha consultado y que ahora tienen que preparar todo con muy poca antelación. Las conferencias sectoriales para repartir los recursos empezaron en verano. Todas las autonomías admiten que apenas han contado con unos meses en los que han de tomar decisiones, articular los marcos normativos y sacar las convocatorias. Aunque Hacienda les haya pasado buena parte de los fondos recibidos —la Comisión Europa ya ha entregado a España unos 9.000 millones como anticipo—, buena parte del dinero no llegará a la economía real hasta 2022, señalan.

De hecho, el Ejecutivo ha introducido en los Presupuestos una disposición para cambiar la ley presupuestaria y que los fondos europeos programados para este año se puedan pasar al que viene. Ya se podía hacer por un decreto de diciembre cuando las partidas tenían comprometido el desembolso. Ahora bastará solo con autorizarlas sin haber empezado siquiera el proceso de adjudicación. La iniciativa supone un reconocimiento del retraso.

Y mientras tanto las entidades financieras reconocen que están cobrando, o tienen previsto hacerlo, cuando las comunidades depositan esos fondos europeos todavía sin usar. Varias comunidades admiten que ya pagan al banco un interés. Alguna comenta que empezará a hacerlo el 1 de enero. Otra explica que tenía un convenio suscrito por el que no soportaba estos intereses, pero que la entidad ya está presionando para que abonen un tipo negativo o comisión.

La regla general es que cuando se trata de cuentas a la vista se aplica un 0,5% de tipo de interés, lo mismo que si se hace en forma de depósito a dos meses. A partir de ese plazo, se puede cobrar el 0,4%, una tasa que va disminuyendo hasta un 0% a medida que se alargan los plazos hasta llegar al año. Aunque este último no será el caso porque se espera que los flujos entren y salgan en cuestión de meses.

Las entidades explican que los tipos entraron en terreno negativo en 2016, y desde entonces se han estrechado sus márgenes. No obstante, comentan que todo depende de la relación que tengan las comunidades con la entidad, porque si fuera un cliente con el que se trabaja mucho, entonces las tasas podrían ser inferiores.

Los grandes bancos consultados, que piden el anonimato, coinciden en que “se aplica la misma política que al resto de Administraciones, a las que también se cobra”. Añaden que no tienen más remedio que hacerlo: “A nosotros se nos aplica un 0,5% cuando dejamos esta liquidez en el BCE”, subraya una entidad. Y recuerdan que el Banco de España hace lo mismo con los depósitos que tiene el Estado central en el supervisor español. Es decir, el Gobierno también está pagando por aquellos fondos que no haya transferido y no consiga gastar. Antes de fin de año el Ejecutivo espera obtener otro ingreso de la UE por valor de 10.000 millones. Y el total a recibir en cuatro años son unos 70.000 millones.

Otra entidad destaca que si no cobraran algo tendrían “un agujero importante en el balance” porque “se trata de mucho dinero”. En general, todas recuerdan que con estos cobros no están ganando nada. Las entidades sugieren a las autonomías que tengan muy desarrollados los planes de adjudicación de los fondos europeos para que los mantengan el menor tiempo posible depositados en los bancos y evitar estos costes.

De todas formas, los bancos consultados insisten en que tienen gran capacidad para ayudar a distribuir los fondos con agilidad y precisión a las empresas que más los puedan necesitar. Y resaltan el éxito de los préstamos del ICO, que empezaron con muchas dificultades y que más tarde se encauzaron y se colocaron con rapidez. España ha sido uno de los países europeos que mejor ha distribuido los 130.000 millones prestados para ayudar a autónomos y empresas. “Para asignar los recursos europeos es clave el análisis del riesgo, y ese es nuestro trabajo con el que podemos colaborar, pero falta la normativa para que todo funcione con rapidez”, reprochan fuentes de un gran banco.

Las ayudas a empresas también pueden tener un coste

No solo los fondos europeos están descansando en los balances bancarios. Además, hay una parte de los 7.000 millones de ayudas a empresas que el Gobierno entregó a las comunidades y que todavía no se han adjudicado a los posibles beneficiarios. Estos recursos también engrosan los depósitos de las autonomías que la banca está empezando a gravar, explican diversas fuentes.

El Ministerio de Hacienda afirma que de los 26.634 millones presupuestados para este año se ha comprometido el 51,8% y se ha ejecutado el 34,4%. Es cierto que el Estado ha acelerado mucho la tramitación estos últimos meses. Sin embargo, una parte de esa ejecución son recursos que se están inyectando a otras administraciones y que aún tienen que librarse. La Autoridad Fiscal calcula que más del 60% de los fondos que estaban proyectados para este año no se gastarán en el ejercicio. Y recuerda que hasta agosto solo se habían desembolsado 104 millones.

Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, explica: “Ejecutar los fondos del Plan de Recuperación es todo un reto para las administraciones. Esperemos que en el medio y largo plazo contribuya a la transformación de nuestra economía, pero los reducidos niveles de ejecución y la evolución de la inversión en contabilidad nacional evidencian que aún no está funcionando como una política eficaz de estímulo para impulsar la recuperación”. A este ritmo, el retraso podría complicar incluso el cumplimiento de los objetivos de inversiones comprometidos con Bruselas, que empezarán a examinarse a partir de 2022.