El impacto de los fondos europeos se retrasa a 2022

El Gobierno dio a conocer este lunes los datos sobre las inversiones del Plan de Recuperación, que incluye unos 70.000 millones en ayudas no reembolsables europeas a gastar en cuatro años. De los 24.198 millones que se contemplan en los Presupuestos de 2021 —en el de 2022 se apuntan 26.900 millones— hasta ahora se han autorizado —esto es, se ha iniciado el proceso de gastarlos— 19.031 millones, el 78,6%. Se han comprometido 17.228 millones, el 71,2%. El concepto comprometer es la fase en que se adjudica el contrato a la empresa o se concede la subvención. Sin embargo, estos datos son solo de ejecución del Estado y en esas cifras de recursos comprometidos se están recogiendo los fondos transferidos a comunidades, que ascienden a 11.247 millones y que aún han de gastarse.

Además, se han reconocido como obligaciones o derechos de pago 14.963 millones, de los cuales también hay que descontar los mismos 11.247 millones asignados a las comunidades, que están todavía tratando de dilucidar cómo gastarlos. O lo que es lo mismo: de momento el Estado ha gastado 3.716 millones. El resto está pendiente de que lo hayan podido ejecutar las autonomías. Entonces, ¿cuánto dinero ha llegado a la calle? Probablemente, esos 3.716 millones, más algo de las comunidades menos una parte de lo asignado a Adif, carreteras y Puertos del Estado, que aún han de acelerar su ejecución. De lo cual se infiere que el impacto que iba a tener en el PIB, calculado por el Gobierno en 2,6 puntos para 2021, va a ser mucho menor este año y en realidad se retrasa al que viene, cuando se habrá conseguido la velocidad de crucero y se juntará el desembolso de estos fondos con los presupuestados para 2022.

Inicios difíciles

El Gobierno quiso vender este plan como un estímulo para la recuperación. Pero no ha sido fácil. El programa español se aprobó en Bruselas en julio y la disposición que marca los indicadores con los que se medirá el cumplimiento se firmó hace solo un mes. Ha costado poner en marcha la maquinaria. Esta vez no se certifican gastos hechos como se hacía con los fondos estructurales. Hay que cumplir con reformas y objetivos de inversión y, por lo tanto, la evaluación se antoja bastante más complicada. Entre otras cosas, hay que desplegar una plataforma digital de seguimiento, acatar unos principios de no hacer daño al medioambiente, tener planes antifraude y ceñirse a la normativa de ayudas de Estado. Y las comunidades tienen que incorporarse a estos procesos.

No obstante, el Gobierno defiende que los fondos ya están dinamizando la economía al adjudicar contratos que hacen que las empresas empiecen a invertir. De lo contrario, no se explicaría la mejora del empleo pese a la nueva ola de covid y los cuellos de botella, alega.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, volvió a declarar ayer en una intervención en el Congreso que tirará de los más de 80.000 millones en créditos que puede entregar la UE bajo el paraguas del Plan de Recuperación. El Ejecutivo elaborará una adenda al plan con nuevas reformas y objetivos a cambio de esos préstamos que se movilizarán entre 2022 y 2026. Serviría para financiar instrumentos como el plan de ayudas a las empresas de Cofides o los nuevos ERTE permanente. También podrían utilizarse para proyectos del plan que se revelen exitosos, dijo Calviño.