El Gobierno prevé recaudar 80.000 millones más entre 2021 y 2023

La economía española transita por un sendero repleto de incertidumbres. La guerra de Ucrania, la crisis energética, el fantasma de la inflación y la previsible retirada de los estímulos monetarios a partir del verano amenazan con frenar el ritmo de la recuperación. Pero tras estos nubarrones aparecen otros factores que permiten afrontar el futuro con algo más de confianza. Así lo ha comunicado el Gobierno a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad 2022-2025, una suerte de brújula de la política económica española para los próximos años. En el documento remitido el pasado viernes, el Ejecutivo calcula que ingresará cerca de 80.000 millones más entre 2021 y 2023 sin adoptar subidas de impuestos significativas. Este aumento respecto a 2020 es la clave de bóveda sobre la que construye sus cuentas: así consigue bajar el déficit sin subir impuestos a la vez que aumentan los desembolsos. Eso sí, el gasto siempre crece menos que la recaudación. De esta forma, según informa a Bruselas, logrará sanear las cuentas públicas sin ajustes. Estas proyecciones ni siquiera incluyen la reforma fiscal, que contempla fuertes subidas de la fiscalidad verde y autonómica y que está comprometida con Bruselas a cambio de fondos europeos para el primer trimestre de 2023.

Incluso con esta mejora de los ingresos tributarios, el desfase de las cuentas públicas seguirá en cifras elevadas. En 2023, el déficit público todavía estará en el 3,9% del PIB, una cifra que equivale a casi la mitad de lo que se ingresa por IRPF.

Los ingresos por impuestos de todas las Administraciones ascendieron a 295.770 millones al cierre de 2021. Esta cantidad ya supuso un incremento de casi 40.000 millones respecto al ejercicio precedente, afectado por la pandemia. Y va mucho más allá del rebote económico. El año pasado la caja creció el doble que la economía sumando la inflación. A pesar de que la actividad no se había recuperado, los ingresos superaron los registros prepandemia marcando un récord. Entre los motivos que se aducen: que la economía en realidad ha ido mejor de lo que refleja la estadística oficial; una inflación rampante que eleva los ingresos por IVA y que despegó a mitad de 2021; el afloramiento de la economía sumergida por el mayor uso de tarjetas y el incentivo de los ciudadanos a declarar sus rentas para poder cobrar ayudas públicas de la covid; el buen comportamiento del empleo y el sostenimiento de las rentas gracias a los ERTE y el subsidio de autónomos; el aumento de las plantillas públicas, que brinda más ingresos, y la rápida recuperación del impuesto de Sociedades al liberar provisiones y por las fusiones en la banca.

“La previsión de los impuestos, que alcanzarán en el 2022 los 317.657 millones de euros, conlleva un dinámico crecimiento de un 7,4%”, explica el Ejecutivo a la Comisión Europea en el documento. “Este viene explicado por el rebote de la actividad económica y ello a pesar de las medidas tributarias introducidas para paliar la escalada de precios de la energía, que han tenido un efecto negativo sobre la recaudación prevista de los impuestos sobre la producción e importaciones, ya que las rebajas impositivas se mantendrán hasta el 30 de junio”.

Para 2023, el Gobierno espera un total de 335.819 millones de euros, lo que supone un 31% más en tres años, según se refleja en el programa de estabilidad. Al final del periodo, en 2025, augura que los ingresos tributarios alcanzarán los 361.261 millones.

El objetivo de recaudar 80.000 millones más entre 2021 y 2023 parece ambicioso pero no inalcanzable. Ya tiene medio camino hecho porque el año pasado ingresó unos 40.000 millones más, casi el doble del incremento que tenía previsto en los Presupuestos. Y este año la recaudación avanza hasta marzo al mayor ritmo de la serie histórica de la Agencia Tributaria, un 20,2% durante el primer trimestre. “La recaudación por IVA es la principal causa del crecimiento de los ingresos, explicando casi la mitad de la tasa del trimestre. Las retenciones del trabajo, que crecen a un ritmo elevado, y el Impuesto sobre Sociedades, con caída en las devoluciones realizadas, son las otras dos figuras que tienen una aportación significativa al incremento”, explica la Agencia en su último informe.

La inflación es el mejor combustible para la recaudación del IVA. Y España sufre las mayores subidas de precios en casi 40 años, con la tasa al 8,4% en abril. El gravamen del IVA se aplica sobre el precio incrementado de los productos, disparando los ingresos fiscales.

Y esta fulgurante subida de ingresos se está consiguiendo sin subir impuestos. En el neto, debido a las rebajas de tributos en la luz, la Autoridad Fiscal calcula que el Gobierno está bajando los impuestos este año en 2.300 millones.

De esta manera se pueden aguantar unos desembolsos del conjunto de las Administraciones que están subiendo con fuerza. En 2021, después del gran incremento presupuestario que se registró por la covid, aumentaron en unos 29.000 millones, a pesar de que los pagos relacionados con la pandemia bajaron en 8.000 millones. Y en 2023 las prestaciones sociales tendrán un fuerte aumento de casi el 8% debido sobre todo a la revalorización de las pensiones con el IPC de 2022. Para mantener esta estructura de gasto hará falta que la recaudación conserve las cotas que se han logrado hasta ahora y que no acuse demasiado el debilitamiento de la economía por la crisis de precios agravada por la guerra y, más adelante, por un encarecimiento de la financiación que ponga en marcha el BCE para aplacar las alzas de precios.

El Gobierno calcula dos puntos más de PIB por la reforma laboral

El Gobierno ha estimado cuánto puede ganar la economía española por las reformas estructurales que está aprobando y que tiene comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos europeos. Según sus cálculos enviados a la Comisión en el Programa de Estabilidad, el conjunto de las reformas previstas elevará el producto interior bruto (PIB) en unos tres puntos hasta 2025. La principal reforma sería la laboral, que aportaría más que ninguna, con 2,1 puntos de PIB adicionales.

“Los principales canales de transmisión serían la reducción de la dualidad junto a un aumento de la flexibilidad, que permitirían un mejor ajuste frente a futuras crisis y la consiguiente reducción del paro estructural. Adicionalmente, la reforma de las políticas activas de empleo también permitiría reducir el paro estructural, favoreciendo el emparejamiento entre vacantes y desempleados, así como un aumento de la productividad”, asegura el Gobierno en el documento.

De hecho, los nuevos ERTE, bautizados como Mecanismo RED, brindarán una reducción del desempleo estructural en unos 280.000 trabajadores y una bajada del déficit estructural de unos 3.870 millones, unas tres décimas de PIB.

Tales cálculos permiten elevar el crecimiento potencial de la economía española y, por lo tanto, reducir el déficit público estructural, calculado ahora por el Gobierno en el texto publicado el viernes en el entorno del 3% del PIB, bastante por debajo de las estimaciones de la Autoridad Fiscal y el Banco de España, que lo sitúan alrededor del 4,5% del PIB.

La ley Crea y Crece sumaría dos décimas más al PIB; la nueva ley de FP y el plan de competencias digitales, seis décimas, y la hoja de ruta del autoconsumo energético y el hidrógeno verde, otras dos décimas.

A pesar de haber aprobado ya un primer bloque de la reforma de las pensiones, el Gobierno evita hacer una proyección a largo plazo sobre su repercusión. Sí que incluye la subida con el IPC entre 2021 y 2025, con un fuerte impacto en las cuentas de 2023. Pero no lo recoge en las proyecciones a largo aduciendo que el informe europeo, el Ageing Report de 2021, no lo hace. Sin embargo, esta publicación sí que da cifras de cuánto costaría subir las pensiones con el IPC y eliminar el factor de sostenibilidad que aprobó el PP: el nivel de gasto en pensiones aumentaría en 4,2 puntos de PIB en 2050.