Las Administraciones públicas logran la mayor rebaja de déficit: cierran 2021 en el 6,76% por debajo del pacto con la UE

Un puñado de cifras pueden contar un buen relato. Los datos sobre las cuentas públicas españolas divulgados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, narran la historia de una robusta recuperación después del histórico derechazo que la pandemia propinó en la mandíbula de la economía y que mantuvo en la lona a miles de empresas, trabajadores y familias durante buena parte de 2020. Las cifras de 2021 muestran las cicatrices de ese golpetazo. El desfase entre los gastos e ingresos públicos ascendió a 81.521 millones de euros, una cantidad que equivale al 6,76% del PIB. En los últimos 25 años solo se ha registrado un agujero mayor en cinco ocasiones.

Pero los guarismos también describen un gran episodio de recuperación de ese combate contra el virus. Aunque el déficit público sigue en niveles preocupantes, hay tres motivos que justifican la satisfacción mostrada por Montero al desgranar la lluvia de datos presupuestarios: las Administraciones Públicas lograron el año pasado el mayor saneamiento de la serie histórica que arranca en 1995. El desequilibrio fiscal se redujo en 31.539 millones de euros, o lo que es lo mismo: un ajuste de 3,3 puntos de PIB. Solo se acerca el brutal recorte del gasto público aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 a instancias de Bruselas. Eran los tiempos de la austeridad como remedio para todo.

En segundo lugar, el déficit registrado el año pasado es, además, mucho menor que el comprometido con Bruselas (8,4%), lo que supone lanzar un mensaje de que el Gobierno tiene un cierto compromiso de rigor fiscal. Una señal que no es menor dado el largo historial de incumplimientos de España con los objetivos presupuestarios marcados por las autoridades comunitarias. “Se pone de relieve nuestro compromiso fuerte con la responsabilidad fiscal”, dijo la vicepresidenta Nadia Calviño, tras recordar que la deuda pública bajó ligeramente, hasta el 118,4% del PIB, después de la fuerte subida de 2020.

El tercer motivo para la complacencia de Montero es que la corrección presupuestaria se produjo un año en que la emergencia sanitaria aún tuvo un gran impacto y las cuentas públicas soportaron los efectos de las medidas aprobadas para mitigar las consecuencias de la pandemia. Las administraciones siguieron cargando con el coste de los ERTE, las ayudas a autónomos, el ingreso mínimo vital y el mayor gasto sanitario y educativo para tratar de contener la covid y sus consecuencias, entre otros. Hacienda cifra en 35.738 millones el sobrecoste ocasionado por el virus. “Este descenso más acusado del déficit se logra sin aplicar recortes y apostando por reforzar el Estado de bienestar, al tiempo que otorga un importante margen para afrontar la respuesta derivada de la guerra en Ucrania”, manifestó la ministra de Hacienda, que remarcó su compromiso con alcanzar el objetivo de déficit del 5% de este año a pesar de la sacudida energética y los problemas causados por la guerra de Ucrania.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha explicado que el déficit se ha comportado mejor de lo previsto por el buen comportamiento de la recaudación tributaria. Además, ha incidido en que la corrección se ha conseguido gracias a las medidas de protección de rentas durante la pandemia y no por los recortes que emprendieron gobiernos anteriores. “Esta mejora en la evolución del déficit permite tener mayor margen para afrontar las necesidades derivadas de la guerra en Ucrania”, ha dicho Montero.

La cuadratura del círculo —reducir el déficit y mantener las ayudas del combate contra la covid— se consiguió por dos motivos: una contención del resto de los gastos y, sobre todo, por un fulgurante crecimiento de los ingresos tributarios. Es precisamente este capítulo el que explica mucha de la historia vivida el año pasado. Los ingresos tributarios ascendieron a 223.385 millones, un 15,1% más que el ejercicio precedente. Fue la primera vez en una década en que se cumplieron las previsiones de ingresos de los Presupuestos, que tradicionalmente nacen hinchadas para cuadrar los gastos.

Esas son las cifras, pero la explicación de ese renacimiento fiscal es la siguiente: la recaudación superó las expectativas por la intensa recuperación que experimentó la economía española: el año pasado rebotó un 5,1% tras el sopapo de 2020. Pero los ingresos también florecieron por los nutrientes que aportó la inflación. Los precios crecieron un 6,5% el año pasado, alcanzando el mayor nivel en 30 años, animados por el inicio de la crisis energética. Este aumento de los precios alimenta la cosecha del IVA (+14,5%), de los impuestos especiales (5%) y del IRPF (+7,5%). Este último tributo se benefició de los programas de mantenimiento de rentas como los ERTE y las prestaciones de cese de actividad para los autónomos, que impidieron una destrucción masiva de empleo. De hecho, a finales de 2021 se logró superar los 20 millones de trabajadores ocupados. Pero además, las grandes empresas españolas arrojaron resultados récord tras unas pérdidas históricas el año de la Gran Reclusión. Este fenómeno disparó la recaudación del impuesto de sociedades un 67,9%.

Los gastos públicos, por el contrario, estuvieron más contenidos. Las grandes cifras muestran que el conjunto de las Administraciones Públicas españolas gastaron 608.478 millones de euros, un 5,2% más. E ingresaron 526.957 millones, un aumento del 13,2%. La diferencia es lo que se conoce como déficit público.

La foto cambia según el tipo de administración. Por ejemplo, el Estado central cargó con la mayor parte del gasto covid y cargó sobre sus cuentas las transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos para que pudieran prestar con más garantías los servicios públicos esenciales en medio de la pandemia. Eso explica que la administración central cerrara el año con el mayor agujero presupuestario de todas: 72.133 millones de los 81.521 millones de déficit total corresponde al Estado.

Las comunidades autónomas, que tradicionalmente han sido las más perezosas a la hora de cuadrar sus cuentas, registraron un desfase de solo el 0,03% del PIB gracias a la lluvia de dinero que recibieron de la Administración Central. Es el menor déficit de su historia. De hecho, hasta 10 comunidades cerraron el año con superávit. Es decir, gastaron menos de lo que ingresaron, algo insólito en los registros de Hacienda. Los Ayuntamientos mantuvieron el ahorro anual que registran desde 2012, cuando la Ley de Estabilidad los sometió a una férrea disciplina presupuestaria. La Seguridad Social, por su parte, incurrieron en un déficit del 1,02% frente a la desviación del 2,62% registrada en 2020. La diferencia se debe al menor gasto en cotizaciones para sufragar los ERTE.

El desfase entre gastos e ingresos presupuestarios del año pasado asciende al 6,76% del PIB, lo que supone una reducción de 3,3 puntos porcentuales respecto a 2020. Se trata del mayor saneamiento de la serie histórica sin contar las ayudas financieras. Si se incluyen estas transferencias a las entidades financieras, la mayor corrección se produjo en 2013 porque el año anterior se incluyeron más de 40.000 millones de ayudas a la banca.