Claves | Así es el sistema que promete rebajar la luz en hasta un 20% para los hogares con tarifa regulada

El esquema ideado por España y Portugal para rebajar la presión del gas natural sobre la factura de la luz ya tiene el aval comunitario. Tras el visto bueno de la Comisión Europea, recibido meses después de lo inicialmente previsto en Madrid y Lisboa, la fórmula —de la que no hay precedentes— debería empezar a notarse a partir del miércoles que viene (próximo día 15 de junio) en el recibo de la luz de los diez millones de clientes del mercado regulado. A medida que les toque renovar con su empresa comercializadora, también se debería dejar sentir en aquellos hogares y empresas que están en el libre. Estos son los principales puntos del límite sobre el precio del gas y el carbón para la generación de electricidad:

¿Cómo funciona?

El mercado eléctrico español es de tipo marginalista: el precio de la luz lo fija, en cada tramo horario, la fuente de producción más cara. Dado que el brutal encarecimiento del gas en el último año, en el que ha quintuplicado su cotización, es el principal factor del estirón de la factura de la luz, limitar su precio —a 40 euros por megavatio hora (MWh) en un principio, y a 48,8 en la media de los doce meses de vigencia del mecanismo, frente a los alrededor de 71 euros actuales— frenará en seco la escalada. Y se reducirá la sobrerretribución del resto de tecnologías de generación, para las que el coste no ha variado y sus ingresos, en cambio, se han disparado.

La diferencia entre el precio del gas en el mercado y el tope —si se aplicase mañana, 31 euros por MWh: 71 euros menos 40— la abonará el propio sistema. Es decir, los consumidores. Sin embargo, el beneficio para ellos de bajar el precio marginal es tan grande que en términos netos saldrán claramente beneficiados.

¿Cuándo se notará en la factura?

El límite al gas (y el carbón, aunque esta fuente de energía ya es minoritaria en el sistema eléctrico peninsular) será un hecho en la subasta diaria del próximo martes. Empezará a notarse en el precio del mercado mayorista y en el recibo de la luz a partir del miércoles.

¿Cuánto bajará el recibo?

Mucho. Tanto el Gobierno como los expertos independientes consultados en las últimas semanas por este diario calcularon inicialmente que el precio medio diario de la luz en el mercado mayorista (común a ambos países) pasará de los cerca de 200 euros por MWh de hoy a unos 130 euros. Es decir, una rebaja superior al 30%. Sumada la compensación al gas y el carbón, el precio final rondará los 160 euros por MWh. La rebaja inmediata en la factura final de los hogares y empresas con tarifa regulada será algo menor: de entre el 15% y el 20%. A corto plazo, el incentivo para transitar del mercado libre al regulado será máximo.

¿A qué clientes afectará?

A casi todos. Aunque en un principio se barajó la opción de que esas compensaciones recayeran sobre los clientes del mercado libre —que han tenido precios estables y que, por tanto, no han sufrido tanto la escalada reciente—, de forma que no solo no se verían beneficiados sino que sufrirían un perjuicio, el esquema final no es así. “La reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad: los del PVPC [la tarifa regulada] lo notarán inmediatamente. Y los que tienen contratos con precios fijos lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo”, decía en mayo el Ministerio de Transición Ecológica, un extremo en el que se ha reafirmado este miércoles.

El 37% de los hogares españoles están en el PVPC y el 70% de los consumidores industriales tienen una tarifa indexada a ese precio, por lo que experimentarán una reducción “inmediata” en sus recibos, según el Gobierno. “Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrá precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia”.

¿Por qué un año?

Para poder pasar con cierta holgura los meses más duros del próximo invierno, cuando la demanda de gas en el hemisferio norte se dispara y los precios suben en consonancia. El “cortafuegos” —ese el término que utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica español— frente a lo que pueda suceder en los mercados internacionales será de 12 meses a contar desde que Bruselas dé el visto bueno definitivo.

¿Por qué tiene importancia más allá de lo energético?

Con la inflación al filo del 9%, un valor inédito en décadas, la medida es fundamental para atajar el IPC. Uno de los componentes que más ha presionado al alza este índice en los últimos meses ha sido la electricidad y, dado que en su cálculo solo se tiene en cuenta la evolución de la tarifa regulada, la bajada debería ser inmediata.

¿Qué pasa con las interconexiones con Francia?

La propuesta inicial de España y Portugal incluía un sistema de doble casación de precios que evitaba que los consumidores del resto de países miembros pudieran beneficiarse del mecanismo que abarata la electricidad en la península Ibérica. Este mecanismo se acompañaba, además, de restricciones a la exportación eléctrica. Pero estas precauciones se han caído durante la negociación con la Comisión Europea, y ambos países acabarán vendiendo electricidad subsidiada a Francia y al resto de Europa.

Sin embargo, hay dos factores para pensar que el impacto real de esa subvención sobre el bolsillo de los consumidores peninsulares será escaso. El primero es la baja tasa de interconexión —ese fue, de hecho, el principal argumento con el que Madrid y Lisboa lograron sacar adelante la llamada “excepcionalidad ibérica”— lo que limita de forma natural los volúmenes a intercambiar. El segundo es una novedad: la Comisión Europea permite que una parte de las rentas de congestión, que capturan la diferencia de precio entre el mercado hispanoluso y el francés, se destine a compensar a hogares y empresas por esa subvención involuntaria al país vecino. Francia lleva meses demandando más electricidad de lo habitual a España por el parón técnico de varios de sus reactores nucleares.

¿Seguirán otros países la senda de España y Portugal?

El interés es máximo, pero muy pocos pueden demostrar ante la UE —como ha hecho la península Ibérica— su condición de isla energética, tanto por el bajo nivel de interconexiones como por la elevada penetración de las energías renovables. Con todo, el Gobierno español cree que su plan puede acabar abriendo una espita por la que transiten otros Estados: “Si funciona, habrá otros Estados miembros que se lo planteen”, decía la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una reciente entrevista con EL PAÍS.