La Comisión Europea aprueba el mecanismo ibérico para abaratar la luz

España y Portugal, atravesadas por una galopante emergencia de precios energéticos, querían correr a toda prisa; la Comisión Europea, garante de la libre competencia y del mercado interno europeo, ha contemporizado y medido cada paso. Pero finalmente, la llamada excepción ibérica ha logrado este miércoles el visto bueno del Ejecutivo comunitario. La decisión implica que el mecanismo ideado por Madrid y Lisboa para contener de forma temporal y extraordinaria el alza de los precios de la luz —una medida ya publicada en los diarios oficiales de ambos países hace tres semanas— puede comenzar a funcionar con el sello de garantía de que Bruselas, tras estudiarla concienzudamente, la ve con buenos ojos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) español publicará el jueves la orden que activa el mecanismo, que también votará el Congreso de los Diputados.

El mecanismo, que entrará finalmente en vigor el martes que viene, tendrá reflejo en el precio dentro de justo una semana: el miércoles. Esto es, varias semanas después de lo que el Gobierno español confiaba en un principio. Su aprobación por parte de Bruselas culmina, además, el giro de una Unión Europea cada vez más abierta a intervenir e incluso a remozar el mercado eléctrico, dos conceptos cuya sola mención era hasta hace poco casi un sacrilegio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado este miércoles una “reforma enorme” del sistema.

En sus primeros compases, el sistema recién aprobado por Bruselas fijará un límite máximo sobre el precio del gas que alimenta las centrales eléctricas de 40 euros por megavatio hora (MWh) durante los seis primeros meses, que luego irá subiendo progresivamente, hasta alcanzar los 50 euros de media durante los 12 meses que estará en vigor. Eso permitiría una rebaja no menor de la inflación, el principal problema al que se enfrenta la economía española (y europea y mundial) en este momento: para el cálculo del IPC únicamente se tiene en cuenta la evolución de la tarifa regulada, que tienen alrededor de 10 millones de hogares y empresas (4 de cada 10).

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confía en que la medida de urgencia permitirá una rebaja del 22% en el mercado mayorista de la electricidad y de entre un 15% y un 20% en la factura de los consumidores sujetos a una tarifa regulada. Esas cifras, según fuentes del Ejecutivo español, han sido refrendadas este miércoles por los técnicos comunitarios. Por su parte, Lisboa calcula que sus ciudadanos podrían haber ahorrado un 18% en el recibo eléctrico si el mecanismo hubiera estado en vigor a principios de año.

La medida, que el Ejecutivo comunitario cuantifica en 8.400 millones de euros (6.300 millones corresponden a España), se financiará en parte con los denominados “ingresos por congestión” (es decir, los obtenidos por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España), y también a través de una tasa impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida, según añade la nota comunitaria.

“La Comisión Europea ha respaldado en los mismos términos en los que fue remitida, sin ningún cambio respecto a lo publicado en el decreto ley de mediados de mayo”, ha remarcado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, horas después de la luz verde de Bruselas. “Es verdad que ha sido un poco más de tiempo que el que calculábamos y nos habría gustado, pero el procedimiento y la complejidad de la medida lleva su tiempo”, ha reconocido al tiempo que subrayaba la “importante salvaguarda para los consumidores” que supondrá la entrada en vigor de la medida en un “año complejo”.

Ribera mantiene que el sistema no solo beneficiará a los consumidores que están en el mercado regulado, sino también a aquellos que estén en el libre y que tengan que renegociar sus contratos en los próximos tiempos.

Dos meses después

La decisión, sin precedentes, llega dos meses y medio después de que los dirigentes europeos reconocieran durante una cumbre a finales de marzo en Bruselas la particularidad de España y Portugal como “isla energética”. Un mes después de la cumbre, a finales de abril, la Comisión Europea aseguró que existía un “principio de acuerdo” sobre el plan de los ejecutivos de Pedro Sánchez y António Costa.

A partir de este visto bueno provisional, ambos gobiernos publicaron oficialmente hace unas semanas sus propuestas, pero dejando su aplicación en suspenso hasta contar con el aval definitivo del Ejecutivo comunitario, y en especial, de su departamento de Competencia, dirigido por la comisaria Margrethe Vestager, encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados europeos.

“La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad para los consumidores, que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la electricidad debido a la invasión de Rusia en Ucrania”, ha señalado Vestager a través de un comunicado. “Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único”.

Von der Leyen quiere reformar el mercado eléctrico

El giro de la UE en los últimos meses en el campo de los precios energéticos es cada vez más visible. Ahora la reforma del mercado eléctrico, reclamada hasta la saciedad por países como España desde el verano pasado, es una bandera que enarbola con ganas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Este sistema de mercado ya no funciona”, ha defendido este miércoles la jefa del Ejecutivo comunitario en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En su intervención, Von der Leyen ha explicado en detalle cómo funciona el sistema de fijación de precios marginalista para criticar su obsolescencia. “Seguimos teniendo un mercado de la electricidad que está diseñado de una manera que era necesaria hace 20 años, cuando empezamos a introducir las renovables“, ha criticado. “Tenemos que reformarlo. Tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables dominantes”. Esta tarea, que ha asumido la Comisión, implicará una “reforma enorme” ha añadido. “Llevará tiempo. Tiene que estar bien pensada. Pero tenemos que dar un paso adelante para adaptar nuestro mercado eléctrico a las condiciones modernas”.

El cambio de rumbo, escenificado ante la Eurocámara, se ha ido fraguando en los últimos meses. Bruselas ha asumido que la inflación de precios energéticos ya no es un asunto desdeñable y coyuntural, como sostenía en septiembre. La guerra en Ucrania ha puesto patas arriba el escenario energético europeo, con los precios desbocados del gas marcando el paso del baile inflacionista en todos los rincones de la UE. Y ya no vale solo con la “caja de herramientas” que propuso la Comisión en otoño para ayudar a los hogares y empresas más vulnerables. “Se trata de un alivio a corto plazo que no cambiará realmente nada en la estructura del mercado”, ha reconocido Von der Leyen.

Ya a finales de abril, la UE se mostró abierta a una revisión del mercado eléctrico. El sistema “no está diseñado para una situación de emergencia” como la actual, reconoció un informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).